“Me vi en la obligación de efectuar una denuncia penal”. Así había señalado Luis María Peña, el ex jefe de “Los intocables” de la DGI, a comienzos de junio al llegar a Tucumán para ratificar una denuncia y presentar una querella, por supuesta malversación de caudales públicos, contra el ministro de Economía, Jorge Jiménez. En su denuncia judicial, Peña sostuvo que el ministro había paralizado el pago de honorarios que le correspondían a la consultora que integra junto a otro ex DGI, Raúl Cuello. Sin embargo, el fiscal V de Instrucción, Alejandro Noguera, dispuso el archivo de la causa. “No existen pruebas que permitan precisar el actuar voluntario y consciente del denunciado (por Jiménez), en el sentido de querer dar a los fondos públicos un destino distinto al establecido, esto es la ausencia del dolo exigido por la figura penal”, señaló en los fundamentos de la resolución.
Contrato con el PE
Peña había detallado que durante la gestión del gobernador Julio Miranda, el entonces ministro de Economía, José Alperovich, suscribió un contrato con su consultora, a la que facultó a efectuar la tarea de inspección a los grandes contribuyentes extrajurisdiccionales. Por ese trabajo, la Provincia debía abonar cerca del 17% del monto detectado en los controles.
El fiscal Noguera resaltó: “tampoco consta que la presunta víctima, haya agotado su reclamo por la administrativa”.
Contrato con el PE
Peña había detallado que durante la gestión del gobernador Julio Miranda, el entonces ministro de Economía, José Alperovich, suscribió un contrato con su consultora, a la que facultó a efectuar la tarea de inspección a los grandes contribuyentes extrajurisdiccionales. Por ese trabajo, la Provincia debía abonar cerca del 17% del monto detectado en los controles.
El fiscal Noguera resaltó: “tampoco consta que la presunta víctima, haya agotado su reclamo por la administrativa”.







