Los ex miembros del Tribunal de Cuentas reclaman indemnizaciones en la Justicia

La sentencia fue apelada por el accionante ante la Corte, pero quedó firme para el Poder Ejecutivo. Declaran inconstitucional parte de una ley de 1999.

Por Redacción Política 05 Enero 2003
La Provincia debería enfrentar importantes indemnizaciones a pagar a los cuatro ex miembros del Tribunal de Cuentas relevados por la actual Legislatura en diciembre de 1999 (2 meses después de asumir).
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (integrada por los vocales Salvador Ruiz y Horacio Castellanos) falló recientemente a favor del ex miembro del ente de control Jorge Avila, declaró la inconstitucionalidad de la ley que dispuso el cese en sus funciones (sancionada por los legisladores como una modificación de la Ley de Administración Financiera), y condenó al Estado a pagar una indemnización por daños y perjuicios, atento al tiempo que le quedaba de ejercicio del cargo y a la expectativa de una jubilación en ese puesto.
Avila apeló la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, a través de un recurso de casación, por disentir con el monto calculado y pide que se considere el daño moral causado. Pero la Provincia dejó vencer el plazo para repudiar el fallo sin accionar, por lo cual quedó firme en su contra. El máximo tribunal tiene ahora en su poder la definición final del volumen a pagar.
Los ex colegas de Avila en aquel Tribunal, Jorge Olmos, José Nadef y Pedro León Cornet, también interpusieron sus demandas, que están siendo analizadas por la Sala III de esa Cámara (la componen Ebe López Piossek y Edmundo Guibert).
Jorge Darío Domingo de Prada era el quinto miembro de aquella composición, pero él sigue en el cargo de presidente, junto a Miguel Chaibén Terraf y a Sergio Díaz Ricci (asumieron en diciembre de 1999).
Si todas las sentencias terminan en condenas contra el Estado, el monto acumulado sería millonario. Además, debería cargar con las costas en todos los juicios. En la causa Avila, ya estaría en mora por no haberle pagado lo que indica la sentencia.
El artículo 4 de la Constitución provincial dispone que "los funcionarios y empleados públicos serán responsables directamente ante los Tribunales de las faltas que cometieren en el ejercicio de sus funciones y de los daños que por ellas causaren". Según la norma, tras el dictado de una ley declarada inconstitucional por la Justicia, se podría avanzar sobre el patrimonio de cada legislador.

El fallo
En su denuncia judicial, Avila planteó que la resolución de la Legislatura fue "ilegítima, inconstitucional y no obedeció a ningún reproche a su conducta", y recordó que al momento de ser designado los vocales del Tribunal tenían inamovilidad.
Los camaristas, por su parte, resaltaron el rol de organismo de contralor que tiene el Tribunal de Cuentas y su importancia en el sistema democrático.
Ruiz consideró que la Legislatura debía haber previsto una indemnización al momento de cesantear a los ex vocales, y, por no estar incluida, consideró inconstitucional la modificación de la ley en ese aspecto. El camarista sostuvo que la disposición "conculca la expresa garantía constitucional y deviene en una expresión de actividad ilegítima del Estado, por la cual debe responder patrimonialmente".Castellanos compartió los argumentos de Ruiz, pero recalcó que "la indemnización es una consecuencia lógica de la declaración de inconstitucionalidad de la norma, porque al declararla inaplicable para Avila y ser retirada del mundo jurídico, genera consecuencias".

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