La Justicia Federal confirmó que Bussi será sometido a juicio oral desde el 5 de agosto

No hay marcha atrás. Ayer, ratificaron que el martes 5 de agosto, a las 9.30, comenzará el primer juicio oral en Tucumán por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal rechazó el pedido de aplazamiento de la fecha de inicio de las audiencias públicas de debate, que había solicitado la defensora Pública Oficial subrogante, Amalina Silvia Assaf. Esta había aducido el precario estado de salud de su representado, el ex gobernador Antonio Bussi.  
La decisión fue adoptada por los vocales Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Josefina Curi, quienes, no obstante, ordenaron que Bussi sea sometido a un examen de salud, cosa que se repetirá el lunes 4 de agosto, de manera de determinar si se encuentra en condiciones de asistir a las audiencias, según lo establece el artículo 365 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).  Sobre la base de sendos certificados expedidos por los médicos Carlos Salazar (cardiólogo) y Jorge Avila (jefe del servicio de Unidad Respiratoria del Hospital Padilla), Assaf había argumentado que Bussi, pese a su deseo, no está en condiciones de concurrir a las audiencias, porque ello pondría en riesgo su vida.
Cuando se le corrió vistas del planteo de la defensa, el fiscal general ante el tribunal, Alfredo Terraf, retrucó que se trataba de una nueva maniobra dilatoria del imputado y advirtió que no correspondía expedirse sobre la cuestión, porque está en plena producción una pericial médica dispuesta por el tribunal.

Falta tiempo
En el momento de resolver, los magistrados fueron terminantes y coincidieron en que le asiste razón a Terraf. “Se encuentran en plena labor los peritos médicos abocados al informe sobre las condiciones mentales en que se encuentra el imputado Bussi (para asistir a la audiencia de debate), en función de lo normado por el artículo 78 del CPPN y, por tanto, en trámite los estudios médicos (neurológicos y bioquímicos) solicitados por la junta médica que interviene”, manifestaron. Los vocales también recordaron que el artículo 365 del CPPN se refiere a la circunstancia en que el imputado no puede asistir a las audiencias de debate, para lo cual se prevé que, ante esa eventualidad, opine el médico forense.
“Si se repara, entonces, en que no es este el estadio procesal oportuno para que se expida el especialista en la materia, en tanto faltan 25 días para el comienzo del debate, no corresponde hacer lugar a la pretensión de la defensa”, destacaron.
Como consecuencia, según lo dispuesto por el tribunal, desde el 5 de agosto Bussi y Luciano Benjamín Menéndez deberán responder por el secuestro, tortura y desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, hechos ocurridos en 1976.