Exigen datos de tres programas que insumieron $ 13,7 millones

El Ejecutivo tiene que explicar cuáles son los fundamentos, los alcances y el sustento legal de los programas Operadores Comunitarios, Madres Jefas de Familia e Incentivo Asistentes de Gobierno. A la vez, debe individualizar a los beneficiados, identificar las funciones que cumplieron, determinar las asignaciones monetarias y puntualizar los lugares en los que prestaron tareas.
Eso es lo que quieren los legisladores opositores José Cano (UCR) y Esteban Jerez (bloque Alberdi), quienes refrendaron un pedido de informes para que la Secretaría General de la Gobernación dé precisiones sobre los recursos que maneja, y la manera como los administra. El planteo se da en el contexto de una áspera polémica en la cual el Tribunal de Cuentas informó, oficialmente, que esa área del Gobierno tiene pendientes de regularizar gastos de 2006 y de 2007 por $ 10 millones; mientras que Cano denunció que, al 2 de julio pasado, el PE llegó a adeudar rendiciones por erogaciones de ambos años, que totalizaban $ 45,8 millones.
En ese sentido, las planillas que presentó el opositor consignan que (sólo en recursos que estaban presuntamente no regularizados hace 14 días), se habían desembolsado durante el bienio mencionado $ 7,2 millones por el programa Madres Jefas de Hogar, $ 4,9 millones por el de Operadores Comunitarios, y $ 1,6 millón por el de Incentivo Asistentes de Gobierno.

Subsidios varios
Cano y Jerez quieren, además, que el Ejecutivo dé cuenta de una serie de movimientos financieros producidos entre enero de 2007 y junio pasado. En el pedido de informes que le presentaron al peronista José Alberto Cúneo Vergés para que él, como presidente de la comisión de Hacienda, lo gire a Casa de Gobierno, requieren datos acerca del total de los fondos que la Secretaría General de la Gobernación recibió durante ese período, así como de los saldos pendientes de rendición de cuentas.
Piden las cifras, además, de los fondos destinados desde ese organismo a ONG, gremios, mutuales y obras sociales; así como también a instituciones educativas y deportivas. Los parlamentarios, además, requirieron precisiones sobre los montos, los modos de otorgamiento y los destinatarios de los "Subsidios a personas varias", que insumieron $ 1,2 millón en 2007, sólo entre los gastos que figuran en las planillas que aportó Cano.

Autos y denuncias
El pedido de informes destina un capítulo a requerir datos acerca del gasto en combustible de la Secretaría General de la Gobernación (en los registros que maneja el opositor figuran, al menos, $ 15.000 por mes) y la cantidad de vehículos afectados a las tareas de esa área.
Precisamente, entre los gastos de 2006 pendientes de rendición, reconocidos hasta por el Tribunal de Cuentas, figuran $ 96.245 abonados a "Peugeot Citroën Argentina SA". Jerez recordó que se trata de la compra de un Peugeot 407 (Decreto Nº 1.770/1), adquirido para uso del gobernador, José Alperovich, en los trámites que realice en Capital Federal.
El opositor, oportunamente, denunció penalmente al mandatario por esa operación, acusándolo de la presunta comisión de los delitos de violación de funcionario y de malversación de caudales públicos. Concretamente, objetó que el vehículo no fuera adquirido mediante una licitación y aseguró que también era empleado para actividades que, supuestamente, nada tenían que ver con tareas oficiales.
Fuentes del Tribunal de Cuentas confirmaron que, efectivamente, la regularización de ese gasto sigue pendiente porque la documentación del vehículo está secuestrada judicialmente.