“No entiendo la susceptibilidad del presidente del Tribunal de Cuentas. Decir la verdad no es un acto temerario. Las planillas del organismo que él integra decían, al 2 de julio, que la Secretaría General de la Gobernación adeudaba rendiciones por $ 40,1 millones de 2007 y por $ 5,7 millones de 2006. Lo temerario es que él salga a decir lo que el gobernador, José Alperovich, no puede justificar”. Las críticas son del legislador radical, José Cano, quien ratificó sus cuestionamientos a la tarea del ente técnico de control estatal en lo referido a los gastos que el Ejecutivo aún no terminó de documentar.
“En la acordada referida a la Cuenta de Inversión de 2006, el Tribunal de Cuentas no informa que la Secretaría General de la Gobernación tenga dineros pendientes de rendición. Tanto o más llamativo es que ahora, en 2008, todavía adeuden documentación por un cuarto de millón de pesos, cuando no deberían tener pendientes de documentar ni un solo peso. Y los plazos que fija el Tribunal de Cuentas para justificar una erogación oficial son de 30 días hábiles, no de dos años calendario”, condenó el opositor.
Precisamente, Cano hizo hincapié en que, con esos términos perentorios para presentar documentación, la Secretaría General de la Gobernación tenga pendientes de regularizar $ 9,7 millones del año pasado. “Desconozco cuáles son los parámetros de comparación de (Miguel) Terraf, pero a mí me parece un dineral. Por eso no entiendo que, en lugar de enjuiciar a los funcionarios del Ejecutivo, como hace con comisionados rurales, se ocupe de desmentir mi denuncia contra el Gobierno”, concluyó.
“En la acordada referida a la Cuenta de Inversión de 2006, el Tribunal de Cuentas no informa que la Secretaría General de la Gobernación tenga dineros pendientes de rendición. Tanto o más llamativo es que ahora, en 2008, todavía adeuden documentación por un cuarto de millón de pesos, cuando no deberían tener pendientes de documentar ni un solo peso. Y los plazos que fija el Tribunal de Cuentas para justificar una erogación oficial son de 30 días hábiles, no de dos años calendario”, condenó el opositor.
Precisamente, Cano hizo hincapié en que, con esos términos perentorios para presentar documentación, la Secretaría General de la Gobernación tenga pendientes de regularizar $ 9,7 millones del año pasado. “Desconozco cuáles son los parámetros de comparación de (Miguel) Terraf, pero a mí me parece un dineral. Por eso no entiendo que, en lugar de enjuiciar a los funcionarios del Ejecutivo, como hace con comisionados rurales, se ocupe de desmentir mi denuncia contra el Gobierno”, concluyó.







