En la Legislatura aguardan todavía el ingreso del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que dispone la prórroga hasta el final de la gestión de Julio Miranda de los tickets Proms con los cuales se paga el 20% de los sueldos de los estatales y mantiene congelado el escalafón a los empleados públicos, como desde hace casi 3 años. La norma dispone también diferir la obligación de la Provincia de retirar y destruir 16 millones de pesos en Bonos de Cancelación de Deudas.
Hasta ayer el Gobierno no había remitido el decreto. Una vez que haya ingresado a la Cámara, y para que tenga plena validez, la norma debe ser ratificada en 20 días hábiles. Si los legisladores no la aprueban (sea porque la rechazan o porque no se reúnen), la disposición caerá y perderá todo valor.
A descansar
El oficialismo parlamentario tiene previsto llamar a sesión según el momento en que ingrese el decreto. Está casi descartado que el recinto se abra entre mediados de este mes y los primeros días de febrero, semanas que serían las elegidas por la mayoría de los integrantes de los bloques parlamentarios para tomarse sus vacaciones.
Un sector del peronismo quiere sesionar antes del 15, para cumplir con los pedidos del PE y dejar todo listo y sin apuro para disfrutar del descanso. Pero la mayoría de la Cámara prefiere volver a las bancas en la segunda semana de febrero. Para llegar a ese plazo, el Gobierno deberá remitir su norma a fines de la próxima semana.
Disidencia en el PJ
Por lo pronto, la intención del PE de mantener congelado el escalafón chocará con el proyecto de ley presentado por los peronistas Edgardo Rocha y René Concha a principios de diciembre pasado, que propone que se les vuelva a pagar la antigüedad a los estatales.
"La provincia y el país eran distintos al momento de sancionarse la norma; se necesitaba ajustar los gastos para equilibrar las finanzas pero existía una estabilidad que no hacía presumir la debacle económica posterior, con inflación y aumentos de la canasta familiar y de los servicios", advirtieron.Rocha recordó que los salarios no aumentan desde hace 12 años, pero que sí perdieron su valor adquisitivo. "La norma ya cumplió con su objetivo, y es destacable el sacrificio de los trabajadores, que son la variable de ajuste de siempre", destacó.
"Derogar esta disposición no significará una erogación considerable en el Presupuesto, máxime teniendo en cuenta los importantes incrementos en la recaudación fiscal de la provincia, que llegó a los 19 millones de pesos en noviembre, y en la coparticipación federal", aseveró.
Hasta ayer el Gobierno no había remitido el decreto. Una vez que haya ingresado a la Cámara, y para que tenga plena validez, la norma debe ser ratificada en 20 días hábiles. Si los legisladores no la aprueban (sea porque la rechazan o porque no se reúnen), la disposición caerá y perderá todo valor.
A descansar
El oficialismo parlamentario tiene previsto llamar a sesión según el momento en que ingrese el decreto. Está casi descartado que el recinto se abra entre mediados de este mes y los primeros días de febrero, semanas que serían las elegidas por la mayoría de los integrantes de los bloques parlamentarios para tomarse sus vacaciones.
Un sector del peronismo quiere sesionar antes del 15, para cumplir con los pedidos del PE y dejar todo listo y sin apuro para disfrutar del descanso. Pero la mayoría de la Cámara prefiere volver a las bancas en la segunda semana de febrero. Para llegar a ese plazo, el Gobierno deberá remitir su norma a fines de la próxima semana.
Disidencia en el PJ
Por lo pronto, la intención del PE de mantener congelado el escalafón chocará con el proyecto de ley presentado por los peronistas Edgardo Rocha y René Concha a principios de diciembre pasado, que propone que se les vuelva a pagar la antigüedad a los estatales.
"La provincia y el país eran distintos al momento de sancionarse la norma; se necesitaba ajustar los gastos para equilibrar las finanzas pero existía una estabilidad que no hacía presumir la debacle económica posterior, con inflación y aumentos de la canasta familiar y de los servicios", advirtieron.Rocha recordó que los salarios no aumentan desde hace 12 años, pero que sí perdieron su valor adquisitivo. "La norma ya cumplió con su objetivo, y es destacable el sacrificio de los trabajadores, que son la variable de ajuste de siempre", destacó.
"Derogar esta disposición no significará una erogación considerable en el Presupuesto, máxime teniendo en cuenta los importantes incrementos en la recaudación fiscal de la provincia, que llegó a los 19 millones de pesos en noviembre, y en la coparticipación federal", aseveró.
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