La Fiscalía de Estado exhortó a delegados comunales, intendentes y funcionarios públicos a prevenir y a denunciar usurpaciones u ocupaciones ilegales en terrenos del Estado.
En un resumen de su breve gestión de tres meses en la repartición, el titular del área, Benito Garzón, destacó la tarea desplegada en defensa de los bienes del Estado, entre las que aparece la instrucción expresa para iniciar acciones judiciales de desalojo o penales en los casos de ocupaciones ilegales, usurpaciones y apropiación irregular de lotes de la Provincia.
Al respecto, Garzón apuntó que se le pidió al Ministerio de Gobierno que inicie acciones legales para relevar del cargo a la comisionada comunal de El Cadillal, María Elena Venturelli, ya que en la zona se registra gran número de usurpaciones, tenencias apócrifas y tentativas de legalizar posesiones ilegítimas. Además, indicó que se estudia la situación de 14.000 hectáreas donadas al Ejército Argentino de tierras de El Potrerillo y El Mollar, cuyo cargo no fue cumplido.
Mencionó que la Fiscalía tomó posición en el amparo pedido por el Mercofrut en contra de los ocupantes del ex Mercado de Abasto planteando el respeto absoluto a la legalidad vigente, que declaró ese predio patrimonio provincial y con destino específico, según una ordenanza municipal.
Institucionales
En el plano institucional destacó que Tucumán, por primera vez, se integró como miembro al Foro Federal de Fiscales de Provincias. Remarcó la reacción del Departamento de Asuntos Legislativos y la determinación de la fórmula de liquidación del 55% de las acciones que le correspondía al personal en actividad, hasta el momento de la privatización del ex Banco Provincia.
Daños y perjuicios
La Fiscalía de Estado retiró la demanda contra Aguas de Aconquija, pero actualmente se encuentra abocada a un estudio para considerar un nuevo planteo judicial por daños y perjuicios. A tal efecto reclamó documentación al Ersact, al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo.
Entre otros aspectos que resaltó el fiscal de Estado se encuentra el análisis del contrato de privatización entre la empresa Peña y Asociados y la Dirección Provincial de Rentas para el cobro de los tributos de las empresas adheridas al Convenio Multilateral.
En un resumen de su breve gestión de tres meses en la repartición, el titular del área, Benito Garzón, destacó la tarea desplegada en defensa de los bienes del Estado, entre las que aparece la instrucción expresa para iniciar acciones judiciales de desalojo o penales en los casos de ocupaciones ilegales, usurpaciones y apropiación irregular de lotes de la Provincia.
Al respecto, Garzón apuntó que se le pidió al Ministerio de Gobierno que inicie acciones legales para relevar del cargo a la comisionada comunal de El Cadillal, María Elena Venturelli, ya que en la zona se registra gran número de usurpaciones, tenencias apócrifas y tentativas de legalizar posesiones ilegítimas. Además, indicó que se estudia la situación de 14.000 hectáreas donadas al Ejército Argentino de tierras de El Potrerillo y El Mollar, cuyo cargo no fue cumplido.
Mencionó que la Fiscalía tomó posición en el amparo pedido por el Mercofrut en contra de los ocupantes del ex Mercado de Abasto planteando el respeto absoluto a la legalidad vigente, que declaró ese predio patrimonio provincial y con destino específico, según una ordenanza municipal.
Institucionales
En el plano institucional destacó que Tucumán, por primera vez, se integró como miembro al Foro Federal de Fiscales de Provincias. Remarcó la reacción del Departamento de Asuntos Legislativos y la determinación de la fórmula de liquidación del 55% de las acciones que le correspondía al personal en actividad, hasta el momento de la privatización del ex Banco Provincia.
Daños y perjuicios
La Fiscalía de Estado retiró la demanda contra Aguas de Aconquija, pero actualmente se encuentra abocada a un estudio para considerar un nuevo planteo judicial por daños y perjuicios. A tal efecto reclamó documentación al Ersact, al Tribunal de Cuentas y a la Defensoría del Pueblo.
Entre otros aspectos que resaltó el fiscal de Estado se encuentra el análisis del contrato de privatización entre la empresa Peña y Asociados y la Dirección Provincial de Rentas para el cobro de los tributos de las empresas adheridas al Convenio Multilateral.
Lo más popular
Ranking notas premium







