Los 14 inmuebles desafectados ayer por la Legislatura de la Ley de Activo por Activo pasarán directamente a manos del Banco Macro, según el proyecto impulsado por el bloque Tucumán Crece.
La iniciativa justifica la venta de las propiedades (en su mayoría sucursales del ex Banco Provincia) al agente financiero estatal en la necesidad de comprar equipamiento y maquinaria vial. Para garantizar ese destino a los recursos, el Poder Ejecutivo habilitará una cuenta especial. La norma fue duramente cuestionada por referentes de la oposición, que objetaron que la venta de los locales no se efectúe mediante licitación pública.
“Brito (en alusión al dueño del Macro) cobra intereses por $ 85 millones por año. Esto es anticonstitucional, antijurídico y violatorio de todas las leyes de la moral pública”, criticó Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista). “Por qué el precio sale de una tasación y no mediante una licitación pública? ¿No hay otros interesados?”, se preguntó. El radical José Cano apuntó a la relación entre el banco y el gobernador, José Alperovich. “El Macro es beneficiario de todos los negociados financieros de quien gobierna. Entre los dos Jorge, Brito y Alperovich, hay mucho más que una relación entre gobernante y administrador de un banco”, se despachó.
En tanto, el oficialismo autorizó al PE a transferir a la Caja Popular (CPA) el edificio en donde funcionó Rentas (San Martín y Maipú) y de la ex Secretaría de Comercio Exterior (Mendoza y Maipú). A cambio, la CPA le cederá tres propiedades céntricas. El histórico inmueble seguirá protegido por la Ley de Patrimonio, pero podrá “ser destinado al funcionamiento y desarrollo de las actividades propias” de la CPA.
La iniciativa justifica la venta de las propiedades (en su mayoría sucursales del ex Banco Provincia) al agente financiero estatal en la necesidad de comprar equipamiento y maquinaria vial. Para garantizar ese destino a los recursos, el Poder Ejecutivo habilitará una cuenta especial. La norma fue duramente cuestionada por referentes de la oposición, que objetaron que la venta de los locales no se efectúe mediante licitación pública.
“Brito (en alusión al dueño del Macro) cobra intereses por $ 85 millones por año. Esto es anticonstitucional, antijurídico y violatorio de todas las leyes de la moral pública”, criticó Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista). “Por qué el precio sale de una tasación y no mediante una licitación pública? ¿No hay otros interesados?”, se preguntó. El radical José Cano apuntó a la relación entre el banco y el gobernador, José Alperovich. “El Macro es beneficiario de todos los negociados financieros de quien gobierna. Entre los dos Jorge, Brito y Alperovich, hay mucho más que una relación entre gobernante y administrador de un banco”, se despachó.
En tanto, el oficialismo autorizó al PE a transferir a la Caja Popular (CPA) el edificio en donde funcionó Rentas (San Martín y Maipú) y de la ex Secretaría de Comercio Exterior (Mendoza y Maipú). A cambio, la CPA le cederá tres propiedades céntricas. El histórico inmueble seguirá protegido por la Ley de Patrimonio, pero podrá “ser destinado al funcionamiento y desarrollo de las actividades propias” de la CPA.









