11 Mayo 2008
No hablan del asunto, o se cuidan mucho al hacerlo. A intendentes, a comisionados rurales y a diputados nacionales tucumanos del oficialismo les cuesta adoptar una postura pública acerca del conflicto entre la administración de Cristina Fernández de Kirchner y el campo.
La mayoría de ellos dijo a LA GACETA que no se trata de estar o no con el Gobierno nacional o con los productores, sino de conciliar ambas posiciones, lo que aparece como una suerte de escapatoria al dilema de ser orgánico o pelear por los intereses de la provincia.
Leopoldo Rodríguez es intendente de La Cocha, bajo cuya jurisdicción hay vastas plantaciones de soja. Evitó en todo momento pronunciarse sobre el conflicto. “¿Apoya el reclamo de los productores?”, se le consultó. “Este es un problema de índole nacional. Estamos esperando, como espera todo el país, una solución al conflicto”, dijo. Después se sinceró: “no puedo hablar. Desde el punto de vista de ellos (los agricultores), si lo hacen es porque consideran que están en su derecho”, afirmó. “¿Las retenciones le parecen justas?”, se le preguntó. “No tengo opinión al respecto”, respondió escuetamente.
La esposa de Rodríguez, la diputada nacional Susana Díaz (Frente para la Victoria), sostuvo que se le hace complicado explayarse sobre el conflicto con el campo.
“Para los legisladores oficialistas es difícil opinar; estoy de acuerdo con el reclamo (del campo) por ser del interior, pero también estoy de acuerdo con el Ejecutivo, en el sentido de que las retenciones son justas para una mejor distribución de la riqueza. Y entendemos que se están dando posibilidades a los pequeños productores, con compensaciones”, aseveró Díaz.
La parlamentaria reconoció que hace falta un mayor acercamiento de los representantes tucumanos al sector productivo. “Estamos como alejados. No hemos tenido un encuentro real de los legisladores y algunos ejecutivos, como los intendentes, con los agricultores. Es hora de que nos acerquemos y los escuchemos, y que ellos también nos escuchen, porque también hay quienes transmiten, de parte de ellos, cosas que no corresponden”, sostuvo la parlamentaria.
El intendente Jorge Leal, de Burruyacu, una de las principales zonas sojeras de la provincia, también evitó pronunciarse sobre el conflicto.“¿Opinar? Esto está candente, y hay muchos intereses. Prefiero no opinar sobre este tema. Trato de prescindir, en este sentido. Además, es un conflicto nacional y a nosotros no nos toca demasiado”, se excusó.
LA GACETA intentó contactarse con los jefes comunales de dos distritos sojeros: el de Graneros, Roque Graneros, y el de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, pero no pudo dar con ellos.
Antinomias
Otro diputado oficialista entiende que hay que separar la paja del trigo: “yo estoy con el campo, pero la soja no es todo el campo”, dijo Gerónimo Vargas Aignasse. “Campo o Gobierno es una antinomia perversa que algunos intentan instalar. Acá hay una discusión por la rentabilidad de una actividad, que es la sojera, no la de todo el campo. Hubo un enorme avance en una primera etapa de la negociación con sectores del trigo, de la leche y de la carne y con pequeños productores; negociación que quedó trunca porque el sector sojero planteó una irreductible vuelta atrás, al 35% de retención que regía antes del 11 de marzo pasado”, reflexionó Vargas Aignasse.
Igualmente, se diferenció de algunos oficialistas cuando planteó que la responsabilidad de la inflación del país no recae en el sector agrario.
“Hay un aumento desconsiderado de precios que propician los comerciantes y los intermediarios, con una dislocada actitud antisocial”, dijo, y sostuvo que la solución al conflicto radica en el diálogo. “Pero entendiendo y reconociendo que la autoridad, que es el Gobierno nacional, ha fijado una pauta, y quienes la crean injusta, pueden acudir a la Justicia, que es independiente”, puntualizó Vargas Aignasse.
Su compañero de bancada, Juan Salim, planteó que las partes deben buscar un punto de equilibrio. Y, en este sentido, avanzó respecto de sus pares, al sostener que se debería modificar la alícuota de las retenciones a las exportaciones, como una forma de ceder ante el reclamo del agro.
“Sí creo que hay que ajustar un poco los números, para buscar la mejor manera de distribuir la riqueza. Hay que quererlo más al país; hablo de las dos partes”, dijo Salim, que, como el gobernador, José Alperovich, también es sojero. “Estoy a la par del campo, no de algunos grupos y de algunos pooles que se llevan la torta grande. Yo hablo en forma personal: no estoy contra el campo y apoyo a los productores en este sentido. Pero también estoy dentro de un proyecto político y, por ello, brego para que esto se arregle. Pero en el medio veo que se está politizando mucho el tema, que hay gente de la oposición que opina y que no sabe lo que es una pala”, lanzó el parlamentario.
Los diputados y senadores por Tucumán fueron invitados a un debate en la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) para mañana al mediodía.
Los oficialistas no confirmaron su participación. Sí lo hizo la senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales (Fuerza Republicana), que además de ser una acérrima opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, forma parte de una tercera generación de productores agropecuarios del sur de la provincia.
“Es evidente que en la Argentina no se puede hablar de una política agropecuaria nacional porque si se llegó a este nivel de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo Nacional y el campo fue producto de las decisiones arbitrarias, improvisadas y, para peor, confiscatorias que se tomaron”, dijo la senadora bussista.
“Se debe asegurar al productor la libertad y la confianza necesaria para trabajar, evitando arbitrariedades que afecten injustamente no sólo su renta y patrimonio, sino también el funcionamiento de la economía nacional”, sostuvo Pinchetti de Sierra Morales.
“No me quiero meter”
“Yo estoy a favor del campo, pero te pediría que no me saqués la nota en el diario. Yo también tengo producción; mis hermanos son agricultores. Pero no me quiero meter porque me están ayudando, y esta es una comuna que está muy afectada por las inundaciones. La zona mía es cañera y la gente también está embolada (sic) con la política nacional. Pero con nosotros hay buena relación, porque damos servicios y estamos con ellos”, dijo un comisionado rural del sur de la provincia.
El comisionado de La Ramada y La Cruz, Camilo Morhell, sí opinó on the record sobre el conflicto del campo, aunque afirmó que no puede hacer “un análisis profundo” de la situación.
“Creo que (los productores) hacen un gran esfuerzo trabajando, pero son temas que no conozco. No podría hacer un análisis. Es muy difícil emitir una opinión sobre de qué lado está uno. Pero yo estoy muy comprometido con el proyecto político del gobernador, que a su vez acompaña la política del Gobierno nacional; y creo que todos los delegados opinan lo mismo”, dijo el funcionario en diálogo telefónico con este diario desde La Feria del Libro de Buenos Aires. En esa feria, Morhell tenía previsto presentar un libro de su autoría titulado “Sueños de progreso”, sobre la historia de La Ramada de Abajo.
“Los productores y el Gobierno deberían tener mucho más diálogo, porque con el diálogo se soluciona mucho. Y sería bueno que se amplíe el diálogo a las provincias y a las comunas para que podemos opinar”, sostuvo.
La mayoría de ellos dijo a LA GACETA que no se trata de estar o no con el Gobierno nacional o con los productores, sino de conciliar ambas posiciones, lo que aparece como una suerte de escapatoria al dilema de ser orgánico o pelear por los intereses de la provincia.
Leopoldo Rodríguez es intendente de La Cocha, bajo cuya jurisdicción hay vastas plantaciones de soja. Evitó en todo momento pronunciarse sobre el conflicto. “¿Apoya el reclamo de los productores?”, se le consultó. “Este es un problema de índole nacional. Estamos esperando, como espera todo el país, una solución al conflicto”, dijo. Después se sinceró: “no puedo hablar. Desde el punto de vista de ellos (los agricultores), si lo hacen es porque consideran que están en su derecho”, afirmó. “¿Las retenciones le parecen justas?”, se le preguntó. “No tengo opinión al respecto”, respondió escuetamente.
La esposa de Rodríguez, la diputada nacional Susana Díaz (Frente para la Victoria), sostuvo que se le hace complicado explayarse sobre el conflicto con el campo.
“Para los legisladores oficialistas es difícil opinar; estoy de acuerdo con el reclamo (del campo) por ser del interior, pero también estoy de acuerdo con el Ejecutivo, en el sentido de que las retenciones son justas para una mejor distribución de la riqueza. Y entendemos que se están dando posibilidades a los pequeños productores, con compensaciones”, aseveró Díaz.
La parlamentaria reconoció que hace falta un mayor acercamiento de los representantes tucumanos al sector productivo. “Estamos como alejados. No hemos tenido un encuentro real de los legisladores y algunos ejecutivos, como los intendentes, con los agricultores. Es hora de que nos acerquemos y los escuchemos, y que ellos también nos escuchen, porque también hay quienes transmiten, de parte de ellos, cosas que no corresponden”, sostuvo la parlamentaria.
El intendente Jorge Leal, de Burruyacu, una de las principales zonas sojeras de la provincia, también evitó pronunciarse sobre el conflicto.“¿Opinar? Esto está candente, y hay muchos intereses. Prefiero no opinar sobre este tema. Trato de prescindir, en este sentido. Además, es un conflicto nacional y a nosotros no nos toca demasiado”, se excusó.
LA GACETA intentó contactarse con los jefes comunales de dos distritos sojeros: el de Graneros, Roque Graneros, y el de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, pero no pudo dar con ellos.
Antinomias
Otro diputado oficialista entiende que hay que separar la paja del trigo: “yo estoy con el campo, pero la soja no es todo el campo”, dijo Gerónimo Vargas Aignasse. “Campo o Gobierno es una antinomia perversa que algunos intentan instalar. Acá hay una discusión por la rentabilidad de una actividad, que es la sojera, no la de todo el campo. Hubo un enorme avance en una primera etapa de la negociación con sectores del trigo, de la leche y de la carne y con pequeños productores; negociación que quedó trunca porque el sector sojero planteó una irreductible vuelta atrás, al 35% de retención que regía antes del 11 de marzo pasado”, reflexionó Vargas Aignasse.
Igualmente, se diferenció de algunos oficialistas cuando planteó que la responsabilidad de la inflación del país no recae en el sector agrario.
“Hay un aumento desconsiderado de precios que propician los comerciantes y los intermediarios, con una dislocada actitud antisocial”, dijo, y sostuvo que la solución al conflicto radica en el diálogo. “Pero entendiendo y reconociendo que la autoridad, que es el Gobierno nacional, ha fijado una pauta, y quienes la crean injusta, pueden acudir a la Justicia, que es independiente”, puntualizó Vargas Aignasse.
Su compañero de bancada, Juan Salim, planteó que las partes deben buscar un punto de equilibrio. Y, en este sentido, avanzó respecto de sus pares, al sostener que se debería modificar la alícuota de las retenciones a las exportaciones, como una forma de ceder ante el reclamo del agro.
“Sí creo que hay que ajustar un poco los números, para buscar la mejor manera de distribuir la riqueza. Hay que quererlo más al país; hablo de las dos partes”, dijo Salim, que, como el gobernador, José Alperovich, también es sojero. “Estoy a la par del campo, no de algunos grupos y de algunos pooles que se llevan la torta grande. Yo hablo en forma personal: no estoy contra el campo y apoyo a los productores en este sentido. Pero también estoy dentro de un proyecto político y, por ello, brego para que esto se arregle. Pero en el medio veo que se está politizando mucho el tema, que hay gente de la oposición que opina y que no sabe lo que es una pala”, lanzó el parlamentario.
Los diputados y senadores por Tucumán fueron invitados a un debate en la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) para mañana al mediodía.
Los oficialistas no confirmaron su participación. Sí lo hizo la senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales (Fuerza Republicana), que además de ser una acérrima opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, forma parte de una tercera generación de productores agropecuarios del sur de la provincia.
“Es evidente que en la Argentina no se puede hablar de una política agropecuaria nacional porque si se llegó a este nivel de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo Nacional y el campo fue producto de las decisiones arbitrarias, improvisadas y, para peor, confiscatorias que se tomaron”, dijo la senadora bussista.
“Se debe asegurar al productor la libertad y la confianza necesaria para trabajar, evitando arbitrariedades que afecten injustamente no sólo su renta y patrimonio, sino también el funcionamiento de la economía nacional”, sostuvo Pinchetti de Sierra Morales.
“No me quiero meter”
“Yo estoy a favor del campo, pero te pediría que no me saqués la nota en el diario. Yo también tengo producción; mis hermanos son agricultores. Pero no me quiero meter porque me están ayudando, y esta es una comuna que está muy afectada por las inundaciones. La zona mía es cañera y la gente también está embolada (sic) con la política nacional. Pero con nosotros hay buena relación, porque damos servicios y estamos con ellos”, dijo un comisionado rural del sur de la provincia.
El comisionado de La Ramada y La Cruz, Camilo Morhell, sí opinó on the record sobre el conflicto del campo, aunque afirmó que no puede hacer “un análisis profundo” de la situación.
“Creo que (los productores) hacen un gran esfuerzo trabajando, pero son temas que no conozco. No podría hacer un análisis. Es muy difícil emitir una opinión sobre de qué lado está uno. Pero yo estoy muy comprometido con el proyecto político del gobernador, que a su vez acompaña la política del Gobierno nacional; y creo que todos los delegados opinan lo mismo”, dijo el funcionario en diálogo telefónico con este diario desde La Feria del Libro de Buenos Aires. En esa feria, Morhell tenía previsto presentar un libro de su autoría titulado “Sueños de progreso”, sobre la historia de La Ramada de Abajo.
“Los productores y el Gobierno deberían tener mucho más diálogo, porque con el diálogo se soluciona mucho. Y sería bueno que se amplíe el diálogo a las provincias y a las comunas para que podemos opinar”, sostuvo.
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