En Tucumán detienen por día a 22 contraventores

"Era casi medianoche. Iba en el auto junto con tres amigos por Santiago y José Colombres. Ahí nos pararon dos policías. Empezaron a pedirnos papeles, a hacernos preguntas, y nos llevaron al Comando Radioeléctrico. Pedimos hacer una llamada, pero no fue como en las películas. No te leen tus derechos y esas cosas. Nos tomaron declaración. Uno de los chicos se negó, y le pegaron hasta que habló. Después, nos pasearon por varias comisarías en una camioneta en una celda con otros presos. Salimos a la mañana siguiente, porque logramos juntar $ 40".
Federico José, un estudiante de 25 años, fue detenido por una contravención y padeció un calvario. Mientras abogados señalan que esta ley es inconstitucional y que su único fin es recaudar dinero, el jefe de la fuerza, comisario general Hugo Sánchez, señaló que es una herramienta para prevenir delitos. Según cifras oficiales, en lo que va del año, las faltas por contravenciones aumentaron un 15 % en la provincia en relación con 2007. Por día son detenidas 22 personas. La Corte Suprema de la Nación deberá decidir si el polémico código es constitucional o no.
La Asociación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino por Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) realizó una presentación en el 2003 basándose en el caso de José Núñez, que fue detenido, acusado de una violar la Ley de Contravenciones en el barrio "La Bombilla". Los abogados de Andhes indicaron que el procedimiento fue llevado a cabo sin pruebas y que los únicos testigos fueron los policías que concretaron la detención. Por eso, presentaron un recurso de hábeas corpus ante el juez de Instrucción Alfonso Zottoli, asegurando que la Ley Nº 5.140 es inconstitucional.
El magistrado falló a favor de la presentación, pero el Estado apeló y la Corte Suprema de la Provincia hizo lugar. Ante esto, la asociación de abogados presentó un recurso extraordinario federal, por lo que será la Corte Suprema de la Nación, la que deberá expedirse, lo que podría suceder en un año.

Opiniones enfrentadas
Sánchez dijo que la Ley de Contravenciones le permite hacer prevención. "Ya no existe la detención por averiguación de antecedentes", explicó. Luego, añadió: "no se busca recaudar dinero con la aplicación de esta ley".
La abogada Valentina García Salemi, de Andhes, manifestó: "es un instrumento de recaudación y de control social que avasalla garantías. Es importante que los tucumanos entiendan que no se consigue mayor seguridad vulnerando los derechos de las personas".
Zottoli tiene una opinión similar. "El sistema de contravenciones debería ser reformado para que la Provincia pueda contar con una ley que le permita a la autoridad prevenir y reprimir las contravenciones reales y la posibilidad de tener una amplia defensa durante el procedimiento", le dijo a LA GACETA.
El jefe de Policía indicó: "no estoy conforme ni disconforme con esta ley. Pero hoy no tengo otra herramienta válida para evitar que los hechos menores se transformen en uno mayor. Que es una herramienta vieja y que puede ameritar cambios, no tengo dudas; puede que necesite ser actualizada y hay proyectos muy interesantes. Pero, si no estuviese, todo sería un caos". El comisario Luis Mansilla, jefe de la Patrulla Motorizada, relató un episodio ocurrido ayer. "Una vecina que vive en la zona de Maipú al 1.100 pedía que vayan los policías porque una camioneta estaba estacionada en la puerta de su domicilio. Adentro del rodado había seis jóvenes que estaban alcoholizados y con el volumen de la música muy alto", dijo. "La Ley establece que no pueden consumir alcohol en la vía pública y a eso sumado el desorden que estaba generando motivó la detención de todos", afirmó Mansilla.
Según Sánchez, en lo que va del año se registraron 2.083 aprehensiones por contravenciones y cada infractor abona una multa de entre $ 10 y $ 15 por día, según la contravención que se cometió. El comisario aseguró que no conoce la cifra exacta que se recaudó en lo que va del año, y pese a los insistentes requerimientos de LA GACETA, desde el Tribunal de Cuentas se negaron a brindar detalles sobre estos montos. Sin embargo, se estima que serían unos $ 26.000 en el primer trimestre del año.
Si bien la Ley Nº 5.140 establece que el infractor debe recibir un comprobante por el pago de su multa, desde Andhes aseguran que esto no siempre ocurre. "Hay comisarías que lo cumplen, pero otras se quedan con el dinero y pasa a engrosar muchas veces las cajas negras", dijo García Salemi.
Sánchez aseguró que ese dinero tiene como fin el reequipamiento de la Policía. El presupuesto de la fuerza es de $ 220 millones.
"Considero que el sistema es inconstitucional porque, entre otras cosas, quien investiga la contravención y quien resuelve sobre esa infracción es una autoridad administrativa, es decir, el jefe de Policía", expresó Zottoli. El magistrado añadió: "a eso se le suma la cuestión de su ejecutabilidad, ya que el supuesto contraventor no tiene derecho a que, en los hechos, esté presente su abogado y exista la declaración de testigos".
"No tengo problemas en no ser juez de Faltas. Pero no puedo mirar al costado mientras haya un instrumento legal que impida que ciertos hechos se conviertan en delito", manifestó Sánchez.
Según Andhes, los contraventores son alojados en celdas comunes (no hay alcaldía para este tipo de infractores) y sufren abusos de poder por parte de la Policía. El jefe de la fuerza aseguró: "en la mayoría de los casos es el personal quien recibe agresiones. Pero, si alguien necesita denunciar malos tratos, lo puede hacer en la Jefatura o en la Regional de su zona".