La jueza aún no está convencida de liberar a L.

L., la única detenida por la extraña muerte de Carla Romina Ortega, continúa internada en el Instituto Goretti, donde permanece privada de su libertad desde hace más de siete meses. Hasta allí fue trasladada ayer después de haber mantenido con la jueza de Menores Nora Wexler una breve reunión, cuyos detalles no trascendieron. Aparentemente, durante ese encuentro se le indicó que, por el momento, no recuperará la libertad, como preveían sus abogados.
Fue un día complicado para la adolescente de 16 años. Antes de ingresar a entrevistarse con la magistrada, recibió una catarata de insultos de los integrantes de la familia Ortega, que durante varias horas habían esperado su arribo. Los incidentes motivaron la intervención del personal de la guardia de Tribunales.
L., según confirmaron sus familiares, esperaba que Wexler firmara su libertad, pero eso no ocurrió. "No hay ninguna novedad sobre su situación. Ella, por el momento, permanecerá alojada en el Instituto Goretti", aseguró a LA GACETA una alta fuente policial, que confirmó además que tampoco recibieron autorización para que la acusada goce de un permiso especial de salida, como el que obtuvo para el domingo de Pascua. Pablo Rivera y Ariel Lezcano, defensores de la menor, confiaban en que L. recuperaría la libertad o, al menos, se le permitiría abandonar el establecimiento durante el día y retornar de noche. Sin embargo, no se concretó ninguna de estas dos posibilidades.

Recomendación favorable
En el informe que el cuerpo de psicólogos que atendió a la adolescente le entregó a la magistrada se recomendó que fuera puesta en libertad, ya que esto favorecería su reinserción social y familiar. Sin embargo, Wexler, según informaron las fuentes policiales consultadas, decidió rechazar el planteo de los defensores y denegar la libertad de la imputada. Los detalles no fueron difundidos aún, ya que ni Rivera ni Lezcano se notificaron aún de la resolución de la magistrada. Al parecer, a la jueza no terminan de convencerla las alternativas que le ofrecieron los defensores para que L. pueda cumplir con medidas tutelares.
Los familiares de la imputada se mostraron abatidos por la decisión de la jueza y aseguraron que la depresión que sufre la menor se va acrecentando con el correr de los días. Incluso, se enfrentaron con familiares de Ortega, aunque no llegaron a golpearse gracias a la intervención de los policías.

Expectativas
Más allá de esta novedad, ayer se confirmó que pasarán varios días antes de que el fiscal Pedro Gallo cuente con los resultados de dos informes, que pueden ayudar a esclarecer el caso.
El jefe de la División Homicidios y Delitos Complejos, Miguel Gómez, debe entregarle los resultados del entrecruzamiento telefónico que se hizo a partir del aparato de la familia Ortega para tratar de establecer quién los llamó la noche del viernes 25, el mismo día que la jovencita desapareció.
Por otra parte, la extracción de sangre a la que deben someterse las cuatro sospechosa (L., J. -sus nombres no se informan por ser menores de edad- y las hermanas Lorena y Joanna Alderete) para hacer una pericia de ADN fue postergada para el 9 de abril.