El juez Víctor Manuel Pérez tiene en su poder numerosos informes de instituciones bancarias y de registros del Automotor. Pero la documentación sería insuficiente para determinar la evolución patrimonial de los 27 legisladores que están siendo investigados por presuntas coimas.
Pérez tiene a su cargo la denuncia del diputado nacional Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), sobre la compra de voluntades en la Legislatura para el voto que posibilitó la reforma constitucional. Por esta causa, el presidente de la Cámara, Sisto Terán, se negó a proporcionar informes sobre las declaraciones juradas y las remuneraciones de los legisladores sospechados (peronistas y sus aliados), y la Corte Suprema de Justicia consideró que el magistrado debe seguir investigando con todas las herramientas procesales a su alcance.
Pese a la negativa de Terán, el juez rechazó el pedido del fiscal anticorrupción Esteban Jerez de que se allane y se secuestre documentación en la administración de la Legislatura (Contaduría y Tesorería), por considerarlo improcedente. Pérez también decidió que no corresponde allanar el Citibank y cuatro registros del Automotor (de Capital y Yerba Buena), también requeridos por el fiscal. Se inclinó por efectuar nuevos oficios, pidiendo aclaraciones y ampliaciones.
El juzgado espera, además, los informes requeridos a la AFIP (declaraciones juradas de 1999 y de 2000 de los denunciados) y a la Dirección Nacional de Migraciones, sobre viajes de legisladores fuera del país.
El fiscal consideró "llamativo que el Citibank haya informado cuáles legisladores son clientes, sin indicar los servicios ni los movimientos de las cuentas". En el caso de los registros del automotor 5, 7 y 8 de la capital y el de Yerba Buena, Jerez objetó que "sólo informaron sobre las patentes de los vehículos sin especificar modelos ni marcas".
Pérez tiene a su cargo la denuncia del diputado nacional Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), sobre la compra de voluntades en la Legislatura para el voto que posibilitó la reforma constitucional. Por esta causa, el presidente de la Cámara, Sisto Terán, se negó a proporcionar informes sobre las declaraciones juradas y las remuneraciones de los legisladores sospechados (peronistas y sus aliados), y la Corte Suprema de Justicia consideró que el magistrado debe seguir investigando con todas las herramientas procesales a su alcance.
Pese a la negativa de Terán, el juez rechazó el pedido del fiscal anticorrupción Esteban Jerez de que se allane y se secuestre documentación en la administración de la Legislatura (Contaduría y Tesorería), por considerarlo improcedente. Pérez también decidió que no corresponde allanar el Citibank y cuatro registros del Automotor (de Capital y Yerba Buena), también requeridos por el fiscal. Se inclinó por efectuar nuevos oficios, pidiendo aclaraciones y ampliaciones.
El juzgado espera, además, los informes requeridos a la AFIP (declaraciones juradas de 1999 y de 2000 de los denunciados) y a la Dirección Nacional de Migraciones, sobre viajes de legisladores fuera del país.
El fiscal consideró "llamativo que el Citibank haya informado cuáles legisladores son clientes, sin indicar los servicios ni los movimientos de las cuentas". En el caso de los registros del automotor 5, 7 y 8 de la capital y el de Yerba Buena, Jerez objetó que "sólo informaron sobre las patentes de los vehículos sin especificar modelos ni marcas".
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