12 Febrero 2008 Seguir en 
Durante 2007 el gasto público creció un 50% mientras que los ingresos, un 32%. Dado este desborde, el Gobierno nacional no tuvo mejor idea que seguir aumentando la presión fiscal, subiendo las retenciones a los sectores más dinámicos de la economía, como el campo y los hidrocarburos.
Ante el deterioro fiscal, y como las retenciones no son tributos coparticipables, las provincias se ven obligadas a mejorar su situación fiscal, tras el incremento del gasto electoral. De aquí deriva el apretón fiscal que implementó Rentas de Tucumán tras las elecciones.
Como Tucumán es una de las jurisdicciones con mayor presión fiscal del país, y como parece que está prohibido bajar el gasto público improductivo, no queda demasiado margen para incrementar los impuestos; entonces, vinieron la revaluación inmobiliaria, las inspecciones para detectar el trabajo no registrado y la centralización de la recaudación de municipios y de comunas. Pero la Provincia no repara en que entre las principales causas del empleo no registrado está la enorme carga impositiva asociada con la contratación del trabajador, que es más elevada para las pequeñas empresas que predominan en la economía provincial.
El trabajo no registrado en Tucumán alcanza el 48% (uno de los más elevadas del país). Sin embargo, continúan vigentes impuestos como el de Salud Pública que recae sobre la nómina laboral y que ha crecido un 34%, entre octubre de 2006 y el mismo mes de 2007.
Nada -o muy poco- se hace para disminuir la presión fiscal. La inclusión social y el trabajo decente son meros deseos toda vez que el empleo en negro afecta a la mitad de los trabajadores en la Provincia.
¿A la causa hay que buscarla sólo en los empleadores que no cumplen sus obligaciones?¿El Estado hace el esfuerzo para bajar la carga tributaria ofrecer mejores servicios públicos? Si bien hay un deber cívico y moral de pagar los impuestos, no es menos cierto que sigue siendo alevosa la poca transparencia de la Provincia en el manejo de los recursos tributarios.
Ante el deterioro fiscal, y como las retenciones no son tributos coparticipables, las provincias se ven obligadas a mejorar su situación fiscal, tras el incremento del gasto electoral. De aquí deriva el apretón fiscal que implementó Rentas de Tucumán tras las elecciones.
Como Tucumán es una de las jurisdicciones con mayor presión fiscal del país, y como parece que está prohibido bajar el gasto público improductivo, no queda demasiado margen para incrementar los impuestos; entonces, vinieron la revaluación inmobiliaria, las inspecciones para detectar el trabajo no registrado y la centralización de la recaudación de municipios y de comunas. Pero la Provincia no repara en que entre las principales causas del empleo no registrado está la enorme carga impositiva asociada con la contratación del trabajador, que es más elevada para las pequeñas empresas que predominan en la economía provincial.
El trabajo no registrado en Tucumán alcanza el 48% (uno de los más elevadas del país). Sin embargo, continúan vigentes impuestos como el de Salud Pública que recae sobre la nómina laboral y que ha crecido un 34%, entre octubre de 2006 y el mismo mes de 2007.
Nada -o muy poco- se hace para disminuir la presión fiscal. La inclusión social y el trabajo decente son meros deseos toda vez que el empleo en negro afecta a la mitad de los trabajadores en la Provincia.
¿A la causa hay que buscarla sólo en los empleadores que no cumplen sus obligaciones?¿El Estado hace el esfuerzo para bajar la carga tributaria ofrecer mejores servicios públicos? Si bien hay un deber cívico y moral de pagar los impuestos, no es menos cierto que sigue siendo alevosa la poca transparencia de la Provincia en el manejo de los recursos tributarios.







