El grave problema de controlar una reforma

Una fervorosa polémica, que está lejos de haber sido zanjada, se desató inmediatamente después de que se conoció que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en un pronunciamiento histórico, había resuelto declarar nulos e inconstitucionales varios artículos de la Constitución provincial sancionada por el oficialismo en 2006. Esto revela que los autores, como es el caso de Raúl Gustavo Ferreyra, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, no se equivocan cuando afirman que la declaración de inconstitucionalidad de una reforma es el mayor conflicto que puede observarse dentro de un sistema jurídico estatal.
En el diseño institucional argentino, a los jueces les está reservado el control de constitucionalidad de las normas, es decir, deben determinar si las leyes, decretos, etcétera, se adecuan a las disposiciones y valores que encierra la Carta Magna.
Esa labor asume mayor importancia -y gravedad- cuando, como sucedió en Tucumán, el control judicial recae sobre la labor efectuada por la mismísima Convención Constituyente, teniendo en cuenta que, si bien es posible y legítimo el cambio normativo, debe serlo dentro de la continuidad del propio orden constitucional.
Este conflicto supone dos principios que, aunque en apariencia contradictorios, son complementarios en un estado de derecho: el de la soberanía política de una comunidad para dictarse normas a sí misma (por medio de una convención en Tucumán) y el del apego a la ley, en nombre de cuya vigencia los jueces ejercen el control de constitucionalidad.

Valores complementarios
Las dos caras del problema quedaron de manifiesto en las declaraciones que desde el martes se sucedieron sobre la tarea cumplida por los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello.
Quienes los elogiaron destacaron su valentía e independencia para marcar que los convencionales se extralimitaron y excedieron las facultades que les había conferido la Ley 7.469, que declaró la necesidad de la reforma constitucional y que estableció cuáles eran los temas habilitados para ser modificados o introducidos en la Carta Magna.
En cambio, los detractores, comenzando por el gobernador, José Alperovich, prefirieron poner el acento en el respaldo popular. No en vano, el propio mandatario afirmó que iba a defender la Constitución avalada por el 80% de los tucumanos, cuyas disposiciones no podían ser reemplazadas por la voluntad de dos jueces.
En 2005, para destacar la magnitud de los intereses públicos que estaban en juego en la causa "Arias", la Corte Suprema de Justicia de la provincia recordó que "el acto más trascendente en la vida política de los pueblos republicanos es la reforma de su Constitución", problema que cobró actualidad desde el martes.