Una "burla" al principio de igualdad

"Ciertas personas o grupos empresarios elegidos por un funcionario accedan a dinero efectivo o Lecop", dijeron.

Por Redacción Política 12 Abril 2002
Los legisladores radicales José Ascárate y Nora Vázquez de Argiró están convencidos de que el decreto 3.418 (ver "Usaron $41 millones...") viola el principio constitucional de la igualdad ante la ley. Argumentan que, por un lado, posibilita que "ciertas personas o grupos empresarios elegidos por un funcionario accedan a dinero efectivo o Lecop y, por el otro, se suspende en su aplicación la Operatoria FET", creada para canjear Bocade por efectivo.
Los parlamentarios señalaron las siguientes irregularidades que volverían inconstitucional, arbitrario y discrecional al decreto:

* Otorga a la Secretaría de Hacienda la discrecionalidad de decir con quién y en qué condiciones se canjean los bonos por efectivo o Lecop (recibidos por la Provincia en concepto de coparticipación federal), generando una suerte de Operatoria FET paralela.

* El decreto contradice lo establecido por una norma de mayor jerarquía: la ley 5.728 (crea los Bocade). El artículo 4 de esta establece que "los bonos serán canjeables por moneda de curso legal, al 100% de su valor nominal, en el Banco de la Provincia de Tucumán, en los plazos, lugares y horarios que a tal fin determinará el PE sin quebrantar el principio de igualdad ante la ley".

* El polémico decreto, firmado por el vicegobernador, Sisto Terán, y el ministro de Educación, Julio Saguir, fue publicado en el Boletín Oficial el 28 de febrero pasado. Sin embargo, las operaciones cuestionadas comenzaron a hacerse desde el 10 de diciembre de 2001, cuando el decreto fue firmado, aunque aún no había sido publicado.

* En los considerandos del decreto se menciona como origen de la norma a la Ley 5.674. Sin embargo, esta nada tiene que ver con las facultades y atribuciones atribuidas a la Secretaría de Hacienda. La Ley 5.674 (1984), modificada por la 6.477 (1993) y la 6.971 (1999), faculta al Ejecutivo a otorgar a los municipios anticipos a cuenta de sus respectivas participaciones en los impuestos nacionales y provinciales.

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