14 Enero 2008 Seguir en 
San Miguel de Tucumán está en el segundo puesto del ranking de municipios con mayor presión tributaria a nivel nacional, según el último informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina (Ieral), correspondiente a 2007.
El estudio expone una síntesis de los principales resultados encontrados en la medición fiscal provincial y municipal.
El trabajo, realizado por sexto año consecutivo, estudia la presión que ejercen dos tributos subnacionales sobre las actividades económicas: el impuesto a los Ingresos Brutos (IIB), a nivel provincial, y la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), a nivel municipal, o también llamado tasa de comercio e industria.
El análisis, además, se realizó tomando los 100 municipios más grandes de todo el país, en cuanto a población. Todas las provincias quedaron representadas.
Además, cuenta con una serie temporal de lo ocurrido con la presión legal ejercida por estos dos tributos desde 2002.
El estudio fue realizado desde un enfoque de la presión legal, o sea que parte del análisis de la legislación tributaria vigente.
Los principales puntos que sobresalen del informe durante 2007 son la carga tributaria del IIB sobre contribuyentes radicados en Tucumán y la TSH a nivel municipal. Además, realiza una síntesis global, incluyendo los dos ítems anteriores.
El grupo más gravado es aquel que concentra los municipios de bajos ingresos y alta densidad.
En este sentido, el municipio de San Miguel de Tucumán se ubica segundo con el 3,16%, detrás de Concordia, con el 3,30%, en lo que respecta a presión fiscal global.
La tasa que cobran los municipios sobre las actividades económicas funciona en general como un porcentaje sobre la facturación de la empresa.
En cuanto a la industria manufacturera y a la construcción, el pacto federal preveía la exención a las actividades industriales y de la construcción. El grado de acatamiento fue dispar entre las provincias, ubicando en el ranking aquellas jurisdicciones que no eximen a la actividad. En este sentido, nuestra provincia es la segunda con mayor presión conjunta sobre la actividad industrial, detrás de Misiones.
No obstante en lo que respecta a la Intermediación Financiera (entidades financieras, AFJP y compañías de seguros), la mayor presión global es ejercida por nuestra provincia, seguida de Entre Ríos.
En lo que respecta a las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, el municipio de esta ciudad ocupa el primer lugar del ranking comunal. Y a escala global, la provincia, en este rubro, supera al resto del país ampliamente.
La carga del municipio de esta capital se destaca por sobre el resto de las comunas del país, en lo que hace a enseñanza, a salud y a otros servicios sociales. Entre las provincias, Tucumán y Entre Ríos encabezan la lista de mayor presión global sobre este mismo sector.
Donde nuestra provincia no lidera el ranking es en lo que respecta a servicios públicos. Algunas de las actividades que integran este grupo son la distribución de energía eléctrica, la de gas natural y la de agua potable. En este caso, nuestra provincia es una de las que menor presión ejerce. Pero el municipio de San Miguel de Tucumán respecto de la presión fiscal a este sector, en cambio, se ubica segunda, por detrás de Concordia.
Según el Ieral, "en términos globales, el aumento de la presión fiscal municipal (medido por el IIB) más que compensó la reducción de la carga fiscal provincial (TSH), con lo cual la presión legal conjunta sobre el promedio de actividades habría evidenciado una ligera suba". Vale decir que 2008 arranca con niveles de presión tributaria subnacional que han venido subiendo durante los últimos años, a pesar del mayor flujo de recursos que los gobiernos locales habría recibido por coparticipación de impuestos, aclara el informe.
Distintos expertos tributistas aseguraron que las desventajas fiscales que exhibe Tucumán hacen cada vez más difíciles las posibilidades de que una empresa o industria inviertan en la provincia.
Los distritos pobres (entre los que se incluye Tucumán) son los que aplican mayores tasas fiscales y los que menor gasto por habitante acusan.
En este sentido el Estado provincial muestra reciprocidad fiscal en varias de sus responsabilidades: el asistencialismo social, la salud, etcétera. Pero no termina de comprometer a la provincia con una agresiva política de atracción de inversiones.
El estudio expone una síntesis de los principales resultados encontrados en la medición fiscal provincial y municipal.
El trabajo, realizado por sexto año consecutivo, estudia la presión que ejercen dos tributos subnacionales sobre las actividades económicas: el impuesto a los Ingresos Brutos (IIB), a nivel provincial, y la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH), a nivel municipal, o también llamado tasa de comercio e industria.
El análisis, además, se realizó tomando los 100 municipios más grandes de todo el país, en cuanto a población. Todas las provincias quedaron representadas.
Además, cuenta con una serie temporal de lo ocurrido con la presión legal ejercida por estos dos tributos desde 2002.
El estudio fue realizado desde un enfoque de la presión legal, o sea que parte del análisis de la legislación tributaria vigente.
Los principales puntos que sobresalen del informe durante 2007 son la carga tributaria del IIB sobre contribuyentes radicados en Tucumán y la TSH a nivel municipal. Además, realiza una síntesis global, incluyendo los dos ítems anteriores.
El grupo más gravado es aquel que concentra los municipios de bajos ingresos y alta densidad.
En este sentido, el municipio de San Miguel de Tucumán se ubica segundo con el 3,16%, detrás de Concordia, con el 3,30%, en lo que respecta a presión fiscal global.
La tasa que cobran los municipios sobre las actividades económicas funciona en general como un porcentaje sobre la facturación de la empresa.
En cuanto a la industria manufacturera y a la construcción, el pacto federal preveía la exención a las actividades industriales y de la construcción. El grado de acatamiento fue dispar entre las provincias, ubicando en el ranking aquellas jurisdicciones que no eximen a la actividad. En este sentido, nuestra provincia es la segunda con mayor presión conjunta sobre la actividad industrial, detrás de Misiones.
No obstante en lo que respecta a la Intermediación Financiera (entidades financieras, AFJP y compañías de seguros), la mayor presión global es ejercida por nuestra provincia, seguida de Entre Ríos.
En lo que respecta a las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, el municipio de esta ciudad ocupa el primer lugar del ranking comunal. Y a escala global, la provincia, en este rubro, supera al resto del país ampliamente.
La carga del municipio de esta capital se destaca por sobre el resto de las comunas del país, en lo que hace a enseñanza, a salud y a otros servicios sociales. Entre las provincias, Tucumán y Entre Ríos encabezan la lista de mayor presión global sobre este mismo sector.
Donde nuestra provincia no lidera el ranking es en lo que respecta a servicios públicos. Algunas de las actividades que integran este grupo son la distribución de energía eléctrica, la de gas natural y la de agua potable. En este caso, nuestra provincia es una de las que menor presión ejerce. Pero el municipio de San Miguel de Tucumán respecto de la presión fiscal a este sector, en cambio, se ubica segunda, por detrás de Concordia.
Según el Ieral, "en términos globales, el aumento de la presión fiscal municipal (medido por el IIB) más que compensó la reducción de la carga fiscal provincial (TSH), con lo cual la presión legal conjunta sobre el promedio de actividades habría evidenciado una ligera suba". Vale decir que 2008 arranca con niveles de presión tributaria subnacional que han venido subiendo durante los últimos años, a pesar del mayor flujo de recursos que los gobiernos locales habría recibido por coparticipación de impuestos, aclara el informe.
Distintos expertos tributistas aseguraron que las desventajas fiscales que exhibe Tucumán hacen cada vez más difíciles las posibilidades de que una empresa o industria inviertan en la provincia.
Los distritos pobres (entre los que se incluye Tucumán) son los que aplican mayores tasas fiscales y los que menor gasto por habitante acusan.
En este sentido el Estado provincial muestra reciprocidad fiscal en varias de sus responsabilidades: el asistencialismo social, la salud, etcétera. Pero no termina de comprometer a la provincia con una agresiva política de atracción de inversiones.







