Definen la situación de los cinco detenidos por el caso Febres

Buenos Aires.- La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa por la muerte del represor Héctor Febres, definía anoche, al cierre de esta edición, la situación procesal de los cinco detenidos, entre ellos los familiares del ex prefecto, sospechados por el supuesto asesinato con cianuro.
La esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y sus dos hijos -Sonia Marcela y Héctor Ariel- fueron trasladados al juzgado federal de San Isidro durante la tarde de ayer, donde la jueza Arroyo Salgado tenía previsto notificarles el resultado de la resolución. La medida se prolongó más de lo previsto debido al pedido de último momento de uno de los imputados para ampliar su declaración.
La magistrada podrá procesarlos, sobreseerlos o bien dictarles la falta de mérito. La familia del ex prefecto, acompañada por su abogado, Claudio Casio, no tenía hasta el momento información sobre las actuaciones de la magistrada debido al secreto de sumario que pesaba sobre el expediente.
Además, la jueza tenía previsto definir la situación del prefecto mayor Rubén Iglesias, jefe del Destacamento donde Febres estaba detenido, y del prefecto Angel Mario Volpi, uno de los hombres más comprometidos en el caso por haber estado a cargo de la custodia de la víctima.
Consultadas distintas partes de la causa, crecieron sobre la noche las versiones que indicaban que la jueza Arroyo Salgado podría decretar la falta de mérito de la familia de Febres, ya que no habría elementos suficientes para imputarles la comisión del delito.
En tanto, fuentes judiciales estimaron como muy probable que sigan presos los prefectos Iglesias y Volpi. En este marco, el abogado de la familia, Casio, se mostró confiado de que sus defendidos sean liberados, tras haber sido detenidos el 14 de diciembre último.

Boca abajo
Febres fue hallado sin vida boca abajo en su celda, en el Destacamento Delta de la Prefectura Naval, en Tigre, el lunes 10 de diciembre, cuatro días antes de que se conociera el veredicto del juicio que se le seguía por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Aunque en principio se habló de un ataque cardíaco, la autopsia determinó que Febres ingirió después de su última cena cianuro, presuntamente a través de una pastilla, y la sospecha es que lo habrían engañado diciéndole que era un medicamento para algunas de las afecciones que padecía. La dosis que lo mató equivale al doble de lo necesario para quitarle a vida a un hombre.
Además, trascendió que en la autopsia se comprobó que había restos de semen en el recto de Febres, por lo que la jueza Arroyo dispuso un análisis de ADN sobre el fluido. Tras la muerte de Febres se detectó que el ex prefecto recibía visitas que no eran registradas por sus custodios y que en su celda contaba con numerosos privilegios.
La magistrada tenía tiempo hasta ayer -al cumplirse el plazo que fija la ley- para disponer el procesamiento o la falta de mérito de los acusados, y por ese motivo los detenidos fueron trasladados desde la cárcel de Ezeiza (las mujeres) y desde el penal de Marcos Paz (los hombres) donde están alojados. (NA-Télam)