El campo rechaza "una doble imposición" por el Inmobiliario

Los propietarios de campos están más que preocupados desde que recibieron la boleta del impuesto Inmobiliario Rural. No sólo por el incremento de la valuación fiscal que aplicó la Dirección de Rentas, sino también porque en la misma factura fue notificado para el pago de la contribución comunal que, en muchos casos, es similar o mayor al monto determinado por Rentas.
"Es mucha plata. Lamentablemente estamos viviendo en una provincia con una tremenda presión fiscal", dijo a LA GACETA el titular de la Unión Cañeros Independiente de Tucumán (UCIT), Sergio Fara. Según el productor, el Gobierno no puede seguir castigando a sectores que movilizan la economía. "Además, creemos que estamos frente a una doble imposición, porque, por ejemplo, para abonar las tasas, las comunas deberían retribuir con servicios que, en muchos casos, no llegan a las propiedades rurales", remarcó.
"Las tasas son contribuciones que se cobran por servicios efectivamente prestados", señaló el tributarista Ricardo Nassif. Si el Gobierno decidió incrementarlas a cifras que llegan al 500%, es porque en definitiva está reconociendo un verdadero problema inflacionario", indicó.
Su colega, Luis Comba, indicó que existe un evidente error de justificación de ajuste del inmobiliario rural, que choca contra los regímenes vigentes desde hace más de una década que prohíbe toda norma que implicara repotenciar deudas (incluidas impositivas) a través de sistemas de actualización de precios.
Por decreto (518/3), el Poder Ejecutivo provincial dispuso un ajuste en la valuación del impuesto inmobiliario rural aplicando un coeficiente de 1,14568. En los considerandos del decreto se justifica por la autorización legal de "actualización de las valuaciones" y donde se tiene en cuenta específicamente la variación del índice de precios al consumidor de bienes y servicios de San Miguel de Tucumán."Esta norma, en primer lugar, se contrapone con una disposición legal de mayor jerarquía y -desde ese punto de vista resulta ilegal. Por otro lado, significa un reconocimiento explícito que hace un gobierno -en este caso el tucumano- de la existencia de inflación como parámetro de ajuste a las determinaciones de impuestos", indicó Comba. Según el consultor, Alberto Ziperovich, así como dispuso el revalúo generalizado en el Inmobiliario, el Gobierno debería analizar la disminución de la carga de Ingresos Brutos para no seguir distorsionando la actividad económica tucumana.
"Sumando al cobro de las tasas municipales, puede decirse que el apetito fiscal del Estado no tiene límites, pero que debería ceder y eliminar impuestos distorsivos", resaltó Ziperovich.