19 Diciembre 2007
Un viejo anhelo del gobernador José Alperovich se hará realidad. El oficialismo legislativo tiene decidido sancionar mañana, durante la última sesión de Cámara de este año, una ley para que los bonos profesionales que deben pagar los abogados en cada etapa de un proceso judicial, sean abonados todos juntos y acumulados, al momento del dictado de la sentencia y no en cada paso del trámite, como ocurre actualmente.
El proyecto fue presentado originalmente en julio de 2006, cuando estaba en máxima ebullición el conflicto entre el Gobierno y el colegio profesional sobre la reforma de la Constitución provincial, ya que la entidad profesional había cuestionado en los tribunales varios artículos sancionados e impedido la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura. Esa causa todavía sigue su marcha en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a la espera de un fallo antes de fin de año.
En ese momento, el presidente de la institución, Antonio Bustamante, calificó a la propuesta como una "vendetta" política y un intento de eliminar a quienes piensan distinto. Además del diferimiento en el pago de los bonos, se había impulsado el quite de la matrícula al colegio, para que pase a ser administrada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con lo cual se hubiese suprimido también el cobro de la cuota anual.
Ninguna de las iniciativas prosperó entonces, en especial por la negativa del vicegobernador Fernando Juri a impulsar y tratar estas ideas. Por el contrario, abrió una línea de contactos para buscar la distensión con los letrados. En cambio, ahora el proyecto tiene el aval de su sucesor, Juan Manzur.
Desde la entidad profesional advierten que el cambio de régimen implicará un desfinanciamiento del Colegio de Abogados (la entidad percibe esos ingresos en un flujo de caja diario), lo que podría derivar en una crisis en su funcionamiento normal. También podría incidir en las cifras globales de la institución, ya que no todos los juicios terminan con un fallo. Es estos casos, no habría aportes por parte de los letrados intervinientes.
Si bien el monto de ese movimiento oscila día a día, anualmente representaría cerca de $ 500.000.
El proyecto fue presentado originalmente en julio de 2006, cuando estaba en máxima ebullición el conflicto entre el Gobierno y el colegio profesional sobre la reforma de la Constitución provincial, ya que la entidad profesional había cuestionado en los tribunales varios artículos sancionados e impedido la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura. Esa causa todavía sigue su marcha en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a la espera de un fallo antes de fin de año.
En ese momento, el presidente de la institución, Antonio Bustamante, calificó a la propuesta como una "vendetta" política y un intento de eliminar a quienes piensan distinto. Además del diferimiento en el pago de los bonos, se había impulsado el quite de la matrícula al colegio, para que pase a ser administrada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con lo cual se hubiese suprimido también el cobro de la cuota anual.
Ninguna de las iniciativas prosperó entonces, en especial por la negativa del vicegobernador Fernando Juri a impulsar y tratar estas ideas. Por el contrario, abrió una línea de contactos para buscar la distensión con los letrados. En cambio, ahora el proyecto tiene el aval de su sucesor, Juan Manzur.
Desde la entidad profesional advierten que el cambio de régimen implicará un desfinanciamiento del Colegio de Abogados (la entidad percibe esos ingresos en un flujo de caja diario), lo que podría derivar en una crisis en su funcionamiento normal. También podría incidir en las cifras globales de la institución, ya que no todos los juicios terminan con un fallo. Es estos casos, no habría aportes por parte de los letrados intervinientes.
Si bien el monto de ese movimiento oscila día a día, anualmente representaría cerca de $ 500.000.
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