17 Diciembre 2007 Seguir en 
El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Julio Colombres, objetó la modalidad de las protestas que llevan a cabo dirigenes del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) para lograr que el sector comercial pague lo que estos demandan para trabajar en los días previos a las Fiestas.
"No se puede aceptar bajo ningún pretexto, sea cual fuere, que una negociación se lleve a cabo sobre la base de la presión, la amenaza y la batucada en la puerta de los negocios, para impedir el acceso de los consumidores o para cerrar un local, o para llegar a un dudoso acuerdo sobre la base de la coacción, ante la mirada impávida del ausente Estado", se quejó Colombres. "Si hoy comercios y comerciantes que tienen empleados en negro, o que no pagan lo que por ley se debe pagar, corresponde al Estado hacer cesar tal situación. Tiene leyes, estructura, empleados e inspectores para hacer cumplir las leyes", recalcó. El titular de la FET consideró inaceptable que se impida o prohíba por la fuerza trabajar total o parcialmente en plena temporada alta, "la mejor época comercial del año", porque no pueden controlar a los negocios. "Al mismo tiempo, se permite que otros negocios de otros rubros o de otra calificación legal abran sus puertas con total libertad. El consumidor tambien resulta en consecuencia perjudicado en su libertad de elegir y de encontrar el mejor precio", añadió.
Dejó en claro que no se puede aceptar que el Estado asista sin ningún tipo de reacción a las presiones de los mercantiles. "No es posible que se obligue a no trabajar a las empresas que están en la legalidad, que pagan sus impuestos, que tienen sus empleados en blanco, porque ni el sindicato ni el Estado tengan la aptitud o disposición suficiente para controlar a los comercios que están en la ilegalidad o que tienen empleados en negro", subrayó Colombres. Calificó la situación de inconstitucional y arbitraria. "Es el reinado de la fuerza y de la posesión; es el fin del derecho. El Estado debe ejercer su obligación constitucional de garantizar la libertad de comercio y la libertad de trabajar o no trabajar. El sindicato debe rever su posición para que los comercios puedan trabajar y los empleados, si así estuvieren dispuestos, puedan hacerlo llevando más recursos a su hogar", remató.
Hoy, al mediodía, está prevista una nueva reunión entre comerciantes y mercantiles, en la Casa de Gobierno, en la búsqueda de un consenso que permita a los negocios del centro abrir sus puertas el domingo 23. Entre tanto, empresarios y sindicalistas avanzan en negociaciones informales para destrabar el conflicto.
"No se puede aceptar bajo ningún pretexto, sea cual fuere, que una negociación se lleve a cabo sobre la base de la presión, la amenaza y la batucada en la puerta de los negocios, para impedir el acceso de los consumidores o para cerrar un local, o para llegar a un dudoso acuerdo sobre la base de la coacción, ante la mirada impávida del ausente Estado", se quejó Colombres. "Si hoy comercios y comerciantes que tienen empleados en negro, o que no pagan lo que por ley se debe pagar, corresponde al Estado hacer cesar tal situación. Tiene leyes, estructura, empleados e inspectores para hacer cumplir las leyes", recalcó. El titular de la FET consideró inaceptable que se impida o prohíba por la fuerza trabajar total o parcialmente en plena temporada alta, "la mejor época comercial del año", porque no pueden controlar a los negocios. "Al mismo tiempo, se permite que otros negocios de otros rubros o de otra calificación legal abran sus puertas con total libertad. El consumidor tambien resulta en consecuencia perjudicado en su libertad de elegir y de encontrar el mejor precio", añadió.
Dejó en claro que no se puede aceptar que el Estado asista sin ningún tipo de reacción a las presiones de los mercantiles. "No es posible que se obligue a no trabajar a las empresas que están en la legalidad, que pagan sus impuestos, que tienen sus empleados en blanco, porque ni el sindicato ni el Estado tengan la aptitud o disposición suficiente para controlar a los comercios que están en la ilegalidad o que tienen empleados en negro", subrayó Colombres. Calificó la situación de inconstitucional y arbitraria. "Es el reinado de la fuerza y de la posesión; es el fin del derecho. El Estado debe ejercer su obligación constitucional de garantizar la libertad de comercio y la libertad de trabajar o no trabajar. El sindicato debe rever su posición para que los comercios puedan trabajar y los empleados, si así estuvieren dispuestos, puedan hacerlo llevando más recursos a su hogar", remató.
Hoy, al mediodía, está prevista una nueva reunión entre comerciantes y mercantiles, en la Casa de Gobierno, en la búsqueda de un consenso que permita a los negocios del centro abrir sus puertas el domingo 23. Entre tanto, empresarios y sindicalistas avanzan en negociaciones informales para destrabar el conflicto.







