Por el momento, la Corte Suprema de Justicia de la provincia no intervendrá en la polémica investigación por la presunta compra de voluntades (coimas) en la Legislatura para aprobar la ley que habilitó la reforma de la Constitución de 1990.
En una breve resolución, el presidente del alto tribunal, Héctor Eduardo Area Maidana, devolvió el oficio por el cual el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez solicitó la intervención de la Corte.
Invocando el artículo 162 del Código Procesal Penal de Tucumán (establece cómo proceder en caso de denegación o retardo de un oficio), Pérez solicitó la participación de la Corte. El objetivo era que esta fuerce a la Legislatura a que le entregue la documentación requerida en el oficio 245: declaraciones juradas de bienes e informe sobre las remuneraciones percibidas desde 1999 por los 27 legisladores que apoyaron la reforma.
El vicegobernador, Sisto Terán, le devolvió el oficio al magistrado sin los datos solicitados, alegando que, de hacerlo, podía violar los privilegios constitucionales de los legisladores y generar un conflicto de poderes.
Area Maidana resolvió que la respuesta del presidente de la Legislatura comporta un planteo de índole sustancial. Sin decirlo expresamente, el titular de la Corte consideró que la contestación de Terán no constituía un simple incumplimiento de un paso procesal, sino que estaba directamente relacionado con el fondo de la causa investigada.
En los hechos, la Corte le devolvió a Pérez el control de la causa. En consecuencia, será él quien, en el marco de sus facultades y en virtud de lo aclarado sobre la negativa de Terán (que no se trata de una mera cuestión procesal, en cuyo caso podría haber actuado el alto tribunal en los términos del artículo 162 del Código de Procedimiento), decida los próximos pasos a seguir.
Antes de Area Maidana, en un dictamen no vinculante, el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, respaldó la actuación de Pérez. Aclaró que, al solicitar el pedido de informe a la Legislatura, se ajustó al Código Procesal Penal y no transgredió ninguna disposición constitucional.
Futuro incierto
A raíz de lo dispuesto por Area Maidana, el juez tendrá que estudiar cuál será la vía a la que tendrá que recurrir para lograr que la Corte vuelva a intervenir y, eventualmente, lograr que Terán entregue la documentación. Pero el alto tribunal ya dejó en claro que no puede actuar por la vía del artículo 162, porque la negativa del vicegobernador importa más que un "no" procesal, sino que hace al fondo de la discusión.
No se descarta que el magistrado invoque un conflicto de poderes -es lo que argumenta el propio vicegobernador- y solicite la intervención de la Corte Suprema en el rol de Tribunal Constitucional. Esto es, justamente, lo que ocurrió en la investigación sobre la legalidad de los gastos de bloque.
En una breve resolución, el presidente del alto tribunal, Héctor Eduardo Area Maidana, devolvió el oficio por el cual el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez solicitó la intervención de la Corte.
Invocando el artículo 162 del Código Procesal Penal de Tucumán (establece cómo proceder en caso de denegación o retardo de un oficio), Pérez solicitó la participación de la Corte. El objetivo era que esta fuerce a la Legislatura a que le entregue la documentación requerida en el oficio 245: declaraciones juradas de bienes e informe sobre las remuneraciones percibidas desde 1999 por los 27 legisladores que apoyaron la reforma.
El vicegobernador, Sisto Terán, le devolvió el oficio al magistrado sin los datos solicitados, alegando que, de hacerlo, podía violar los privilegios constitucionales de los legisladores y generar un conflicto de poderes.
Area Maidana resolvió que la respuesta del presidente de la Legislatura comporta un planteo de índole sustancial. Sin decirlo expresamente, el titular de la Corte consideró que la contestación de Terán no constituía un simple incumplimiento de un paso procesal, sino que estaba directamente relacionado con el fondo de la causa investigada.
En los hechos, la Corte le devolvió a Pérez el control de la causa. En consecuencia, será él quien, en el marco de sus facultades y en virtud de lo aclarado sobre la negativa de Terán (que no se trata de una mera cuestión procesal, en cuyo caso podría haber actuado el alto tribunal en los términos del artículo 162 del Código de Procedimiento), decida los próximos pasos a seguir.
Antes de Area Maidana, en un dictamen no vinculante, el ministro fiscal de la Corte, Luis de Mitri, respaldó la actuación de Pérez. Aclaró que, al solicitar el pedido de informe a la Legislatura, se ajustó al Código Procesal Penal y no transgredió ninguna disposición constitucional.
Futuro incierto
A raíz de lo dispuesto por Area Maidana, el juez tendrá que estudiar cuál será la vía a la que tendrá que recurrir para lograr que la Corte vuelva a intervenir y, eventualmente, lograr que Terán entregue la documentación. Pero el alto tribunal ya dejó en claro que no puede actuar por la vía del artículo 162, porque la negativa del vicegobernador importa más que un "no" procesal, sino que hace al fondo de la discusión.
No se descarta que el magistrado invoque un conflicto de poderes -es lo que argumenta el propio vicegobernador- y solicite la intervención de la Corte Suprema en el rol de Tribunal Constitucional. Esto es, justamente, lo que ocurrió en la investigación sobre la legalidad de los gastos de bloque.
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