Subestimados

Durante los cuatro años de mandato, Kirchner subestimó recursos por un total de $ 57.000 millones. Por Marcelo Batiz - Agencia DyN.

02 Diciembre 2007
BUENOS AIRES.- No habían pasado cinco días de la aprobación parcial de la ley de Presupuesto 2008 y se daba a conocer a través del Boletín Oficial la ampliación del Presupuesto 2007 en casi $ 12.000 millones por medio de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete. Fue la más importante en cuanto al monto de ampliación presupuestaria se refiere: el 10% de todo el presupuesto. Pero no fue la única, ya que al 29 de noviembre, en los 230 días hábiles transcurridos en 2007, Alberto Fernández firmó nada menos que 98 modificaciones de lo que fuera la "ley de leyes" a través de decisiones administrativas (DA).
En realidad, la decisión administrativa fue publicada el 27 de noviembre pero con fecha del 22, es decir el mismo día de la media sanción del presupuesto del año que viene en Diputados, en la archiconocida puesta en escena en la que los legisladores oficiales defienden la iniciativa del Gobierno y los de la oposición la critican. La decisión administrativa y el debate presupuestario configuran las dos caras de una misma moneda: una ley que deliberadamente subestima el crecimiento, los gastos y los recursos para que a posteriori desde el Gobierno se resuelva su ampliación sin pasar por el Congreso.
La advertencia en ese sentido ya había sido realizada en octubre de 2006 por el diputado Claudio Lozano. Con el arrastre estadístico proveniente del año anterior, resultaba una contradicción presentar para 2007 un aumento del PBI del 4% y mostrarlo como una señal del crecimiento económico. Por entonces, nadie del oficialismo se molestó en responder, quizás por no tener argumentos sólidos para rebatir la denuncia. Un año después, la situación se reiteró de tal manera que el diputado Esteban Bullrich sugirió que se incluyera su discurso de 2006. También se parte de un supuesto de un crecimiento del 4% del PBI y se asegura que la actividad económica continuará en alza. El aparente contrasentido tiene una razón ya señalada: si el crecimiento es mayor al previsto y en consecuencia también lo son los recursos, se abre la posibilidad cierta de autorizar más gastos con posterioridad. Y con la modificación a la ley de Administración Financiera, esa facultad ni siquiera requiere de un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
El diputado oficialista Agustín Rossi intentó desacreditar las críticas al señalar que en lo que va de 2007 "sólo" se promulgaron siete DNU. La suma de modificaciones a través de DNU y DA representan en lo que va del año $ 24.489 millones, el 22% de los créditos originales. Cumplidos ya casi en su totalidad los presupuestos aprobados durante la Presidencia de Néstor Kirchner, queda en evidencia que en el cuatrienio 2004/2007 la subestimación de recursos alcanzó los $ 57.000 millones.
Si se busca intentar comprender las razones que llevan al Gobierno a abusar de un instrumento excepcional, son pocas las respuestas convincentes.
La imposibilidad de contar con la aprobación parlamentaria de un Presupuesto afín a las ideas del oficialismo debe ser descartada, si se tiene en cuenta el dominio kirchnerismo en ambas cámaras.
Que el crecimiento haya superado las expectativas tampoco es creíble, luego de cuatro años consecutivos en los que todos advirtieron que la evolución real del PBI superará a la pauta presupuestaria.
El argumento de la lentitud del Congreso es relativo, si se tiene en cuenta que desde diferentes entidades se aportaron ideas para formar una oficina técnica bicameral que abordase el seguimiento presupuestario con la celeridad suficiente para evitar inconvenientes.
Que las ampliaciones no sean "políticamente simpáticas" para ser sometidas a un debate público puede ser parcialmente cierto. Gran parte de esas subas son para autorizar la importación de combustibles que denota la crisis energética que el Gobierno se empecina en negar. Lo que no se entiende es que en el mismo paquete se incluya el aumento de jubilaciones.
¿Acaso alguien del Gobierno cree que una medida de esa naturaleza puede ser objetada por un legislador, por más acérrimo opositor que fuera? Por lo visto, las subestimaciones no son solamente de recursos tributarios. (DyN)

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