El legislador justicialista José Fernando Orellana sufrió un nuevo revés ante la Justicia, en la causa en la que está imputado por presunta malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Sin embargo, por contar con privilegios constitucionales (fueros), no podrá ser citado a declarar como imputado hasta cuando finalice el mandato, en octubre de 2003.
La sala II de la Cámara Penal declaró inadmisible el recurso de apelación de los defensores del parlamentario. Estos plantearon la nulidad de la citación que efectuó el juez de Instrucción, Eudoro Albo, para que el legislador se presente a declarar como imputado.
A José Orellana y a su hermano mellizo, Enrique Orellana (actual intendente de Famaillá), se les imputa haber desviado 100.000 pesos que la Nación le otorgó a ese municipio para la promoción de emprendimientos productivos. El dinero, según lo habrían admitido los acusados, fue usado para pagar sueldos.
El presunto delito se habría producido mientras el actual legislador era intendente de Famaillá (1995-1999) y su hermano, secretario de Gobierno.
En agosto del año pasado, el juez, en base a la investigación del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, solicitó el desafuero de Orellana para poder citarlo a declarar como imputado. La Legislatura rechazó el pedido, por lo que la causa quedó paralizada hasta que el parlamentario concluya su mandato, momento en el que podrá ser citado de acuerdo con lo resuelto por la Cámara Penal.
La sala II de la Cámara Penal declaró inadmisible el recurso de apelación de los defensores del parlamentario. Estos plantearon la nulidad de la citación que efectuó el juez de Instrucción, Eudoro Albo, para que el legislador se presente a declarar como imputado.
A José Orellana y a su hermano mellizo, Enrique Orellana (actual intendente de Famaillá), se les imputa haber desviado 100.000 pesos que la Nación le otorgó a ese municipio para la promoción de emprendimientos productivos. El dinero, según lo habrían admitido los acusados, fue usado para pagar sueldos.
El presunto delito se habría producido mientras el actual legislador era intendente de Famaillá (1995-1999) y su hermano, secretario de Gobierno.
En agosto del año pasado, el juez, en base a la investigación del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, solicitó el desafuero de Orellana para poder citarlo a declarar como imputado. La Legislatura rechazó el pedido, por lo que la causa quedó paralizada hasta que el parlamentario concluya su mandato, momento en el que podrá ser citado de acuerdo con lo resuelto por la Cámara Penal.
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