La ley que habilitó la reforma de la Constitución tucumana sufrirá un nuevo cuestionamiento. Los Colegios Profesionales definirán hoy el texto de la acción de inconstitucionalidad que interpondrán ante la Justicia.
En el planteo se solicitará como medida cautelar previa que se paralice toda posible convocatoria a elecciones de convencionales -atento a las disposiciones del Código de Procedimiento Constitucional- mientras no se resuelva la cuestión de fondo.
Los profesionales asegurarán que se violó el reglamento interno de la Legislatura durante la convocatoria a la sesión del 19 de febrero, en la que se declaró la necesidad de la reforma. También sostendrán que en la ley finalmente aprobada se vulneraron principios constitucionales al no fijarse, por ejemplo, las cualidades que deben reunir los futuros convencionales.Mañana, el escrito será suscrito por las autoridades de los colegios y por los dirigentes, a título personal, y se invitará a los afiliados a que se adhieran a la presentación, que se hará entre el jueves y el viernes.
El caso Meuli
La estrategia de una doble firma (por los colegios e individualmente) está relacionado con el concepto de legitimación activa para accionar. Remarcarán que los colegios tienen facultad para promover la impugnación, pero, por las dudas esto sea objetado, las firmas personales mantendrán vigente la denuncia, piensan.
Algo que aún estudian es si el tema puede ser analizado por la Justicia, por tratarse de un hecho político. Los colegios jugarán con la jurisprudencia sentada en 1987, en el caso Meuli, cuando intervino la Corte Suprema de Justicia de la provincia: el Colegio Electoral de ese año se disolvió al no poder designar al sucesor de Fernando Riera, lo que fue objetado por el PJ. Tras la decisión judicial, el Colegio Electoral volvió a reunirse y consagró a José Domato como gobernador.
Vargas Aignasse refuta a constitucionalistas
Sigue abierta la polémica por la ley que habilitó la reforma constitucional. La Legislatura votó esa norma durante la sesión del 19 de febrero, pero no definió las calidades que debían reunir los convencionales constituyentes.
Ante esa omisión, los constitucionalistas Luis Iriarte y Daniel Sabsay interpretaron que la ley en cuestión violaba la Carta del 90. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) discrepó con estos, al puntualizar que el artículo 131 de la Constitución delega en una ley la determinación de las calidades para ser convencional. Vargas Aignasse es autor de un proyecto con ese propósito. "El proyecto no viene a subsanar ningún error, ya que complementaría la anterior", aseveró el legislador peronista.
Además, Vargas Aignasse apuntó que la ley del 30 de marzo de 1988, al poner en marcha la reforma total de la Constitución de 1907, no precisó los requisitos para ser integrante de la convención. "Nadie habló entonces de errores", advirtió Vargas Aignasse.
El legislador consignó que una ley sancionada en setiembre de 1988 determinó esos datos. Vargas Aignasse planteó, a título personal, que los convencionales constituyentes deberían desempeñarse ad honorem.
En el planteo se solicitará como medida cautelar previa que se paralice toda posible convocatoria a elecciones de convencionales -atento a las disposiciones del Código de Procedimiento Constitucional- mientras no se resuelva la cuestión de fondo.
Los profesionales asegurarán que se violó el reglamento interno de la Legislatura durante la convocatoria a la sesión del 19 de febrero, en la que se declaró la necesidad de la reforma. También sostendrán que en la ley finalmente aprobada se vulneraron principios constitucionales al no fijarse, por ejemplo, las cualidades que deben reunir los futuros convencionales.Mañana, el escrito será suscrito por las autoridades de los colegios y por los dirigentes, a título personal, y se invitará a los afiliados a que se adhieran a la presentación, que se hará entre el jueves y el viernes.
El caso Meuli
La estrategia de una doble firma (por los colegios e individualmente) está relacionado con el concepto de legitimación activa para accionar. Remarcarán que los colegios tienen facultad para promover la impugnación, pero, por las dudas esto sea objetado, las firmas personales mantendrán vigente la denuncia, piensan.
Algo que aún estudian es si el tema puede ser analizado por la Justicia, por tratarse de un hecho político. Los colegios jugarán con la jurisprudencia sentada en 1987, en el caso Meuli, cuando intervino la Corte Suprema de Justicia de la provincia: el Colegio Electoral de ese año se disolvió al no poder designar al sucesor de Fernando Riera, lo que fue objetado por el PJ. Tras la decisión judicial, el Colegio Electoral volvió a reunirse y consagró a José Domato como gobernador.
Vargas Aignasse refuta a constitucionalistas
Sigue abierta la polémica por la ley que habilitó la reforma constitucional. La Legislatura votó esa norma durante la sesión del 19 de febrero, pero no definió las calidades que debían reunir los convencionales constituyentes.
Ante esa omisión, los constitucionalistas Luis Iriarte y Daniel Sabsay interpretaron que la ley en cuestión violaba la Carta del 90. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) discrepó con estos, al puntualizar que el artículo 131 de la Constitución delega en una ley la determinación de las calidades para ser convencional. Vargas Aignasse es autor de un proyecto con ese propósito. "El proyecto no viene a subsanar ningún error, ya que complementaría la anterior", aseveró el legislador peronista.
Además, Vargas Aignasse apuntó que la ley del 30 de marzo de 1988, al poner en marcha la reforma total de la Constitución de 1907, no precisó los requisitos para ser integrante de la convención. "Nadie habló entonces de errores", advirtió Vargas Aignasse.
El legislador consignó que una ley sancionada en setiembre de 1988 determinó esos datos. Vargas Aignasse planteó, a título personal, que los convencionales constituyentes deberían desempeñarse ad honorem.
Lo más popular






