La reestructuración del Estado no sólo pasará por el cambio de funcionarios. También se centralizará en la eficiencia que se le quiere dar este año al gasto público. En agosto pasado, el Ministerio de Educación inició un proceso de análisis sobre los fondos que se destinan a salarios docentes.
El resultado fue harto elocuente: se gastan demás $11 millones al año porque hay maestras que no tienen asignadas tareas específicas y, en definitiva, no prestan servicios. La misma situación se observó con los conserjes de escuelas.
Un informe interno del Ejecutivo, al que accedió LA GACETA, señala que desde hace quince años el Presupuesto provincial contempla gastos salariales superiores a lo establecido para la Planta Orgánica Funcional (el personal docente jerárquico y auxiliar que realmente presta servicios en las 623 escuelas).
En Tucumán existen 32.000 docentes, por los que el Estado destina $28,3 millones mensuales para los salarios. De acuerdo con el relevamiento, existirían 1.000 conserjes y otras 700 personas (directivos y docentes), cuyos servicios exceden lo autorizado por el decreto 1.743 referido a las plantas orgánicas funcionales.
Lucha por los ahorros
Para el sostenimiento de la educación pública, el PE destina $270 millones al año. El ahorro salarial que se produciría -los $11 millones- equivale a un tercio de la planilla salarial mensual estatal.
El gobernador Julio Miranda, en su mensaje anual en la Legislatura, deslizó esa cifra en el marco de la racionalización administrativa en los establecimientos de Educación Básica. Miranda lo definió como un gasto extrapresupuestario en su discurso de hace ocho días. El análisis avanzará con la Educación Media y en los establecimientos de gestión privada.
La discusión interna por el destino de ese ahorro se abrió en la Casa de Gobierno. Un sector del gabinete intenta que esos fondos pasen a Rentas Generales, es decir, que puedan ser usados para abonar otros salarios.
En Educación, en cambio, tratarán de reasignar al personal que no desempeña servicios, para congelar de ese modo futuras designaciones en el sector.
Aunque en esa área descartan que haya cesantías, se especula con que el ministro Julio Saguir iniciará conversaciones con los gremios para reubicar al personal que cobra sin tener asignada una tarea específica. Esos contactos se habrían iniciado con la filial local de UPCN por el personal auxiliar (los conserjes).
El resultado fue harto elocuente: se gastan demás $11 millones al año porque hay maestras que no tienen asignadas tareas específicas y, en definitiva, no prestan servicios. La misma situación se observó con los conserjes de escuelas.
Un informe interno del Ejecutivo, al que accedió LA GACETA, señala que desde hace quince años el Presupuesto provincial contempla gastos salariales superiores a lo establecido para la Planta Orgánica Funcional (el personal docente jerárquico y auxiliar que realmente presta servicios en las 623 escuelas).
En Tucumán existen 32.000 docentes, por los que el Estado destina $28,3 millones mensuales para los salarios. De acuerdo con el relevamiento, existirían 1.000 conserjes y otras 700 personas (directivos y docentes), cuyos servicios exceden lo autorizado por el decreto 1.743 referido a las plantas orgánicas funcionales.
Lucha por los ahorros
Para el sostenimiento de la educación pública, el PE destina $270 millones al año. El ahorro salarial que se produciría -los $11 millones- equivale a un tercio de la planilla salarial mensual estatal.
El gobernador Julio Miranda, en su mensaje anual en la Legislatura, deslizó esa cifra en el marco de la racionalización administrativa en los establecimientos de Educación Básica. Miranda lo definió como un gasto extrapresupuestario en su discurso de hace ocho días. El análisis avanzará con la Educación Media y en los establecimientos de gestión privada.
La discusión interna por el destino de ese ahorro se abrió en la Casa de Gobierno. Un sector del gabinete intenta que esos fondos pasen a Rentas Generales, es decir, que puedan ser usados para abonar otros salarios.
En Educación, en cambio, tratarán de reasignar al personal que no desempeña servicios, para congelar de ese modo futuras designaciones en el sector.
Aunque en esa área descartan que haya cesantías, se especula con que el ministro Julio Saguir iniciará conversaciones con los gremios para reubicar al personal que cobra sin tener asignada una tarea específica. Esos contactos se habrían iniciado con la filial local de UPCN por el personal auxiliar (los conserjes).
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