El ministro fiscal respaldó a tres magistrados

El ministro fiscal Luis de Mitri les solicitó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que, mediante acordada, se disponga que los jueces no ordenen la libertad de ningún procesado sin antes haber recibido informes psiquiátricos y psicológicos efectuados por una junta médica integrada por peritos del Poder Judicial, de la Dirección de Institutos Penales y de la Universidad Nacional de Tucumán. De Mitri hizo el pedido en el informe que realizó sobre la actuación de los tres jueces de Concepción que condenaron a Jorge Orlando Vera, el triple homicida de Los Pizarro, en el que concluyó que los magistrados habían actuado en el marco de sus funciones y dentro de la ley.
El ministro fiscal analizó la actuación de los miembros de la sala II, Carlos Jesús Pellegri, Diego Vital Graneros y Carlos Rolando Meschwitz, y advirtió "la existencia de informes psicológicos y psiquiátricos confeccionados por el licenciado Gustavo Vaquera y por el doctor Guillermo Díaz, de Institutos Penales, y por el gabinete psicosocial del Poder Judicial".
Vera había sido condenado a nueve años de prisión por la violación de tres de sus hijas. Y, a pesar de que ya había cumplido el tiempo estipulado para recobrar su libertad, los jueces se la habían denegado. Sí concedieron un permiso de salida de 48 horas el 9 de junio. El condenado no regresó al penal, y el 13 de junio fue a la casa de su familia y, a balazos y con un cuchillo, asesinó a su esposa, Olga Zamudio, y a sus hijos Gustavo Antonio y Jorge Luis. Luego escapó.
De Mitri opinó que los magistrados, en su función de jueces de sentencia, "enfrentan un notable problema a la hora de resolver alguna cuestión atinente a la libertad de los internos" al recibir informes contradictorios de los peritos. Así, destacó que, en el caso de Vera, mientras desde Institutos Penales se aseveraba que el violador estaba en condiciones de salir en libertad, los médicos del Poder Judicial indicaban lo contrario.
A raíz de la fuga de Vera, el abogado Gustavo Morales presentó un pedido de juicio político contra los jueces Pellegri, Graneros y Meschwitz, sostuvo que además eran responsables de la fuga de otros presos (Miguel Angel Córdoba, Héctor Daniel Robledo, Luis Bernardo Nadotti y Juan Donato Gómez). Ante esto, los miembros de la Corte Suprema solicitaron informes a los magistrados, quienes rechazaron las acusaciones del abogado. Pellegri, entre otras consideraciones, aseguró que Morales no actúa en ninguna de las causas que denunció, por lo que no tiene legitimación procesal para realizar la denuncia. Sobre la base de los informes de los jueces, De Mitri opinó que habían actuado de acuerdo a derecho en todos los casos.
Luego de la Feria Judicial, el pedido de De Mitri será analizado por los integrantes del máximo tribunal.
Ayer se conoció que, tras una gestión del fiscal Edgardo Sánchez, de Concepción, el Ministerio del Interior decidió que se otorgue una recompensa de $ 100.000 para quien aporte datos que permitan la captura de Vera. Para esto, el informante deberá acreditar que no fue cómplice del homicida. Vera registra tres causas en su planilla de antecedentes: la violación agravada de sus tres hijas, por la cual fue condenado; el triple homicidio de su esposa y de sus dos hijos, y un asalto a un taxista, ocurrido el 9 de junio, en Aguilares.

Sólo en un caso se cobró recompensa
En Tucumán, el ofrecimiento de recompensas permitió la captura del homicida Lucas González, acusado de haber matado a su ex novia, María Fernanda Chaila. Se cree que quien cobró el dinero es un allegado a González y que la plata estaría destinado al pago de los defensores. Aún están vigentes otras recompensas. Se ofrecen $ 100.000 a quien facilite la captura de Luis Fernández, una de las personas a las que se les imputó la desaparición de Betty Argañaraz. Se ofrece el mismo monto a quien aporte datos para el esclarecimiento del crimen de Paulina Lebbos, aunque este caso el Ministerio del Interior aún no publicó los avisos correspondientes en los medios de la provincia.