"Puede iniciar una acción por daño moral"

Ricardo Bussi se refirió a los ex diputados que votaron en contra de su padre en 1999.

13 Julio 2007
¿Qué puede hacer Antonio Bussi a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia?, le preguntó LA GACETA al senador Ricardo Bussi. "Puede iniciar una acción de daño moral, porque no puede recuperar la banca porque el período de mandato (1999-2003) ya concluyó; y tampoco puede exigir las dietas porque no trabajó. Puede pedir un resarcimiento por el desprestigio y daño moral la imposibilidad de acceder a un cargo para el que fue electo", contestó el presidente de Fuerza Republicana.
Indicó que el sujeto pasivo de la acción sería el Estado nacional, "pero también -añadió- los diputados tucumanos que votaron en contra del ingreso de mi padre, como Alfredo Neme Scheij, Carlos Courel, Olijela Rivas y Alberto Herrera". "Votaron en contra a sabiendas de la representatividad de Bussi; son responsables por su injusto accionar", acotó. "Espero que haya una reparación en esta faz de su vida política (del ex gobernador) y que este fallo se el inicio de un camino que tienda a reparar las arbitrariedades que se cometieron contra mi padre", finalizó.

"Análisis ético"
LA GACETA habló con dos de los mencionados por Bussi (h). "La Corte puede dar una valoración jurídica, pero lo que planteó la Cámara de Diputados es un análisis ético de lo acontecido", expresó Neme Scheij. "Lo que hizo la Cámara fue valorar la inconducta de Bussi que mintió sobre en su declaración patrimonial; lamento que siga primando lo jurídico y lo político por sobre lo ético", añadió. Por eso deslizó la necesidad de que se le expida un título ético a los políticos.
"Estoy conforme con lo que actuamos en ese momento y con respecto a la persona nombrada, no tengo ningún comentario que hacer", dijo por su lado Courel.

Tampoco llegó a ser jefe municipal

Además de no poder asumir en la Cámara de Diputados (porque se rechazó su diploma), Antonio Bussi tampoco pudo acceder a la intendencia de la capital en 2003, y también por causas vinculadas con su pasado militar en el ejercicio de la función pública, tras el golpe de 1976.
En los comicios de aquel año, el presidente de Fuerza Republicana se impuso en la elección del 29 de junio de ese año. Y se preparaba para asumir el 28 de octubre. El 8 de julio había dicho que su relación con el gobernador electo, José Alperovich, era óptima. "Nos llevamos muy bien; lo conozco desde que era legislador. Con el gobernador tenemos que armonizar conductas y sumar esfuerzos", señaló entonces.
Su situación se complicaría luego, ya que el 25 de ese mes, Bussi se entregó en la sede del Estado Mayor del Ejército, en la Capital Federal, a causa de la orden de detención dictada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por la solicitud de extradición del magistrado español Baltazar Garzón, por violaciones a los derechos humanos.
La atención se volcó luego en el juez federal Jorge Parache, que lo citó a declarar el 15 de octubre por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, ocurrida el 24 de marzo de 1976. El 28 de octubre, un día antes de tener que asumir con intendente, Parache le dictó la prisión preventiva.

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