15 Julio 2007 Seguir en 
La tabla de salvación para que las provincias y los municipios no sean consideradas inviables en el futuro es una verdadera reestructuración de su endeudamiento público. Sucede que el pago de los compromisos asumidos con el principal acreedor (el Gobierno nacional para las provincias y éstas para las intendencias) “están muy concentrados en los próximos 10 años”, señala a LA GACETA Rogelio Frigerio (n), director de la consultora Economía & Regiones.
Según el economista, los gobernadores e intendentes deberían pedir una reprogramación de vencimientos de las obligaciones con sus acreedores en el mismo esquema planteado por la Nación, que empieza a tener una concentración significativa de pagos a partir de 2030. “Hoy por hoy, ni las provincias ni los municipios son viables para pagar los vencimientos de la deuda por sí mismos, sin la asistencia financiera del nivel de gobierno superior, según el caso”, expresa el ex subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación.
Un esquema asistencia financiera permanente genera cierto grado de incertidumbre sobre la situación fiscal de la provincia beneficiada, acota el especialista.
“Un horizonte cierto sobre cuáles son las verdaderas posibilidades de pago de una deuda puede tornar más previsible a la provincia o al municipio, con una sana administración de los recursos”, puntualiza Frigerio.
Un efecto coyuntural
Según el experto, la holgura fiscal observada en las provincias a partir de 2003, con superávit fiscal en base a un fuerte incremento en las recaudaciones, es meramente coyuntural. “El superávit se está deteriorando paulatinamente ya que se otorgaron aumentos salariales que permitieron a los estatales provinciales recomponer su poder adquisitivo”, dice.
“Lo estructural es que el Gobierno se decida a mejorar el esquema de reparto de los recursos coparticipables”, afirma Frigerio, quien sostiene que la discusión sobre un nuevo esquema de distribución de fondos federales está lejos de la agenda de la actual gestión de Gobierno nacional.
Sin embargo, alerta que de no extenderse la Ley de Emergencia Económica en la Argentina, hacia 2009 el Gobierno nacional (concentra como acreedor más del 70% de la deuda consolidada de las 24 jurisdicciones del país) estará obligado a coparticipar la recaudación del impuesto al Cheque en su totalidad, uno de los pilares del superávit fiscal, junto con las retenciones a las exportaciones que tampoco se redistribuyen.
“Con el reparto de lo producido por este impuesto, mejorarían notoriamente los números fiscales de las provincias”, sostiene el director de Economía & Regiones.
Según el economista, los gobernadores e intendentes deberían pedir una reprogramación de vencimientos de las obligaciones con sus acreedores en el mismo esquema planteado por la Nación, que empieza a tener una concentración significativa de pagos a partir de 2030. “Hoy por hoy, ni las provincias ni los municipios son viables para pagar los vencimientos de la deuda por sí mismos, sin la asistencia financiera del nivel de gobierno superior, según el caso”, expresa el ex subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación.
Un esquema asistencia financiera permanente genera cierto grado de incertidumbre sobre la situación fiscal de la provincia beneficiada, acota el especialista.
“Un horizonte cierto sobre cuáles son las verdaderas posibilidades de pago de una deuda puede tornar más previsible a la provincia o al municipio, con una sana administración de los recursos”, puntualiza Frigerio.
Un efecto coyuntural
Según el experto, la holgura fiscal observada en las provincias a partir de 2003, con superávit fiscal en base a un fuerte incremento en las recaudaciones, es meramente coyuntural. “El superávit se está deteriorando paulatinamente ya que se otorgaron aumentos salariales que permitieron a los estatales provinciales recomponer su poder adquisitivo”, dice.
“Lo estructural es que el Gobierno se decida a mejorar el esquema de reparto de los recursos coparticipables”, afirma Frigerio, quien sostiene que la discusión sobre un nuevo esquema de distribución de fondos federales está lejos de la agenda de la actual gestión de Gobierno nacional.
Sin embargo, alerta que de no extenderse la Ley de Emergencia Económica en la Argentina, hacia 2009 el Gobierno nacional (concentra como acreedor más del 70% de la deuda consolidada de las 24 jurisdicciones del país) estará obligado a coparticipar la recaudación del impuesto al Cheque en su totalidad, uno de los pilares del superávit fiscal, junto con las retenciones a las exportaciones que tampoco se redistribuyen.
“Con el reparto de lo producido por este impuesto, mejorarían notoriamente los números fiscales de las provincias”, sostiene el director de Economía & Regiones.
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