15 Julio 2007 Seguir en 
En San Miguel de Tucumán se concentra el 60% de la población de la provincia. En territorio capitalino está la mayor concentración de los servicios que el Estado brinda al ciudadano, pero también la Capital es el principal bastión político para cualquier gobernante. En esta gestión, la Municipalidad se convirtió en una suerte de apéndice del Poder Ejecutivo, tras la intervención a la comuna.
Frente a este panorama, el Gobierno concentró su apoyo fiscal en esta ciudad. A tal punto que de los $ 1.124 millones desembolsados en los 19 municipios, exactamente la mitad de los recursos le correspondieron a San Miguel de Tucumán. Así, la gestión del intendente Domingo Amaya tiene una alta dependencia fiscal y política con la Casa de Gobierno. Poco más de $ 400 millones de los $ 561,5 millones de préstamos otorgados por el Poder Ejecutivo, desde 2005 hasta nuestro días, fueron destinados al pago de los sueldos de los empleados municipales, en pos de preservar la paz social, la denominación originaria del Pacto para el Crecimiento. La pérdida de capacidad de gestión financiera se evidencia en los acuerdos suscriptos por las partes. Los municipios ceden en favor de la Provincia los fondos de coparticipación de impuestos,"en las sumas que mensualmente resulten necesarias para cubrir la cuota de amortización del préstamo". Claro que el plazo de pago, en todos los casos, no excede de los 36 meses. Así, los pocos recursos que disponen se esfuman por los compromisos contraidos y son derivados a un fondo fiduciario de infraestructura municipal, siendo la Caja Popular de Ahorros el agente fiduciario. No obstante, el Ejecutivo le da la posibilidad al municipio deudor de ejecutar las obras en un plazo no mayor a los 60 meses.
Autónomas; sólo algunas
De la simple lectura de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el gobernador José Alperovich y de las leyes sancionadas por la Legislatura en el último trienio (ver infografía), surge que la relación económica y política entre municipios y el Ejecutivo no es la misma y que algunas intendencias tienen mayor autonomía que otras.
Por ejemplo, La Cocha sólo recibió $ 325.932 desde el Poder Ejecutivo para encarar un plan mínimo de obras públicas, y prefirió no endeudarse con préstamos para cubrir planillas salariales, incluyendo el aguinaldo. En la misma situación se encuentran, además, Graneros, Simoca, Burruyacu, Aguilares, Las Talitas y Trancas, cuyos intendentes sólo se acogieron a líneas de financiamiento para ejecutar obras públicas. Sin embargo, en el otro extremo hay municipios que colapsarían no sólo en el sistema financiero sino también en la prestación de algunos servicios si es que el Poder Ejecutivo decide dar de baja la operatoria de créditos estatales. En esa situación, además de la Capital, se encuentran no menos de 10 intendencias tucumanas (ver infograma), cuyos compromisos con la Provincia exceden los $ 25 millones. Aún más, a raíz de los incrementos salariales otorgados por el Estado, los intendentes tienen la posibilidad de disminuir las partidas destinadas a obras para cubrir aquellos aumentos.
El fondo fiduciario para infraestructura municipal, en esencia, fue creado con el fin de recuperar el terreno perdido por años de desinversión pública, sobre todo en el interior. Sin embargo, constituye una suerte de hipoteca para futuras gestiones que tendrán que pagar los préstamos.
Frente a este panorama, el Gobierno concentró su apoyo fiscal en esta ciudad. A tal punto que de los $ 1.124 millones desembolsados en los 19 municipios, exactamente la mitad de los recursos le correspondieron a San Miguel de Tucumán. Así, la gestión del intendente Domingo Amaya tiene una alta dependencia fiscal y política con la Casa de Gobierno. Poco más de $ 400 millones de los $ 561,5 millones de préstamos otorgados por el Poder Ejecutivo, desde 2005 hasta nuestro días, fueron destinados al pago de los sueldos de los empleados municipales, en pos de preservar la paz social, la denominación originaria del Pacto para el Crecimiento. La pérdida de capacidad de gestión financiera se evidencia en los acuerdos suscriptos por las partes. Los municipios ceden en favor de la Provincia los fondos de coparticipación de impuestos,"en las sumas que mensualmente resulten necesarias para cubrir la cuota de amortización del préstamo". Claro que el plazo de pago, en todos los casos, no excede de los 36 meses. Así, los pocos recursos que disponen se esfuman por los compromisos contraidos y son derivados a un fondo fiduciario de infraestructura municipal, siendo la Caja Popular de Ahorros el agente fiduciario. No obstante, el Ejecutivo le da la posibilidad al municipio deudor de ejecutar las obras en un plazo no mayor a los 60 meses.
Autónomas; sólo algunas
De la simple lectura de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el gobernador José Alperovich y de las leyes sancionadas por la Legislatura en el último trienio (ver infografía), surge que la relación económica y política entre municipios y el Ejecutivo no es la misma y que algunas intendencias tienen mayor autonomía que otras.
Por ejemplo, La Cocha sólo recibió $ 325.932 desde el Poder Ejecutivo para encarar un plan mínimo de obras públicas, y prefirió no endeudarse con préstamos para cubrir planillas salariales, incluyendo el aguinaldo. En la misma situación se encuentran, además, Graneros, Simoca, Burruyacu, Aguilares, Las Talitas y Trancas, cuyos intendentes sólo se acogieron a líneas de financiamiento para ejecutar obras públicas. Sin embargo, en el otro extremo hay municipios que colapsarían no sólo en el sistema financiero sino también en la prestación de algunos servicios si es que el Poder Ejecutivo decide dar de baja la operatoria de créditos estatales. En esa situación, además de la Capital, se encuentran no menos de 10 intendencias tucumanas (ver infograma), cuyos compromisos con la Provincia exceden los $ 25 millones. Aún más, a raíz de los incrementos salariales otorgados por el Estado, los intendentes tienen la posibilidad de disminuir las partidas destinadas a obras para cubrir aquellos aumentos.
El fondo fiduciario para infraestructura municipal, en esencia, fue creado con el fin de recuperar el terreno perdido por años de desinversión pública, sobre todo en el interior. Sin embargo, constituye una suerte de hipoteca para futuras gestiones que tendrán que pagar los préstamos.
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