El siglo del centralismo ejecutivista

Argentina vive, tal vez en forma más acentuada que otros países, un fenómeno que en realidad es global: los poderes Ejecutivos adquieren más poder, en desmedro de los otros. Este ejecutivismo tiene sus raíces en alegadas necesidades que impone el mundo contemporáneo a los gobernantes. Para garantizar la gobernabilidad, sustentar la política económica, superar emergencias que terminan siendo permanentes, hay funciones que deben concentrarse en los administradores. El “manual del buen gobierno” -piensan los ejecutivistas-, no puede someterse a las interminables negociaciones de las legislaturas, ni a los tiempos cansinos de las justicias. En el economicismo y los modelos enlatados de las políticas públicas podemos ver la exégesis de esta filosofía.
En los países grandes en territorio, que en general son federales, esta tendencia ejecutivista agrega otra particularidad: el fortalecimiento de las presidencias en desmedro de los estados provinciales.
En Estados Unidos,  los federalistas protestan contra leyes como la de seguridad interior o la que otorga a los presidentes el fast track para negociar acuerdos comerciales, que dan nuevas facultades a Washington. En la Argentina reciente, el fortalecimiento de la Presidencia en desmedro de las provincias cuenta ya con varios capítulos. La Constitución de 1853 preveía para el Congreso una amplia serie de facultades -entre otras, la negociación de la deuda pública- que desde 1994 se vienen delegando por ley en el Ejecutivo. La estructura fiscal es unitaria, y en tiempos de superávit eso se nota más.
En la praxis política, la crisis de gobernabilidad de 2001 instaló en la conciencia de los argentinos que la autoridad presidencial debía reconstruirse, lo que ha  tenido sus implicancias en la lógica del poder y como éste se construye. Y esta dialéctica centro-periferia, se repite también al interior de las provincias. Las propias necesidades de gobernabilidad económica y política, o la odisea que significa construir un liderazgo en partidos políticos totalmente mercantilizados, empodera a los gobernadores en desmedro de los intendentes.
Se trata de una tendencia política profunda que tiene sus raíces en la respuesta de los gobiernos a la propia pérdida de poder que conlleva la complejidad del mundo contemporáneo. Las pocas sociedades que han podido evitar esta nueva avanzada de los centralismos ejecutivistas, son aquellas en las que los poderes legislativo y local cuentan con una legitimidad y reconocimiento social suficientes para frenarla. (Especial para LA GACETA)