Una creciente dependencia provincial hacia la Nación

Tras la crisis socioeconómica de fines de 2001, el país no encontró fuentes de financiamiento en el mercado de crédito a raíz del default en el que cayó la Argentina. Como un efecto dominó, las provincias fueron cayendo en esa cesación de pagos (algunas con carácter transitorio como fue el caso de Tucumán) y apelaron al uso de líneas de créditos habilitadas por el propio Estado Nacional. Seis años más tarde de aquella debacle, las provincias exhiben un panorama de alta dependencia fiscal en la Nación que, en tiempos electorales como el actual, condiciona el rumbo y la autonomía política de cada distrito. Incluso aquella dependencia puede generar cierta pérdida de la capacidad de gestión para aquellos distritos que no acompañen las decisiones tomadas por la Casa Rosada.
Si se transporta esta situación al esquema netamente financiero, puede decirse que el Gobierno nacional se transformó en el principal acreedor de las provincias, con $ 56.000 millones en préstamos otorgados a las 24 jurisdicciones, lo que representa un 68% del endeudamiento global. Ninguna de las provincias que hoy reciben préstamos en el marco del Plan de Asistencia Financiera (PAF) está en condiciones de abonar, por sí misma, los vencimientos de la deuda sin caer en el déficit fiscal, algo vedado para los gobernadores desde la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el gasto y el endeudamiento público.
Si bien esos programas brindan cierto alivio temporal a las cuentas públicas provinciales, pueden llegar a constituirse en programas permanentes, de acuerdo con la conveniencia del Gobierno central. Si hay intenciones de avanzar hacia un verdadero federalismo fiscal, dos cuestiones surgen como elementos fundamentales para el logro del objetivo: estirar a largo plazo los vencimientos del endeudamiento contraido con el Gobierno nacional y, a la vez, avanzar con un esquema de distribución más equitativo de los fondos coparticipables que, en definitiva, darían cierta solvencia fiscal a los distritos más endeudados del país, entre ellos Tucumán. En esto, la Casa Rosada observa que el debate de ambos temas puede llegar a poner en peligro la fortaleza política de la gestión presidencial de Néstor Kirchner y, por ende, de la candidata oficial, Cristina Fernández.

Otra mirada
Esa es una parte de la fotografía de la relación fiscal entre la Nación y las provincias. La otra la constituye la ayuda que otorgan los fondos fiduciarios federales que, en algunos casos resulta discrecional, de acuerdo con el color político de la provincia beneficiada. En ese contexto, hubo un fuerte incremento de las transferencias nacionales hacia el interior, fundamentado en los compromisos políticos que marca el calendario electoral. En particular, los recursos asignados a obras públicas, que tienen efecto directo en el electorado. De acuerdo con un análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, las transferencias de capital (para ejecutar trabajos públicos) a las provincias alcanzó en mayo los $ 8.700 millones, un 46,4% más que lo girado en igual mes del año pasado.
Por caso, el 70% del presupuesto de obras públicas proyectado para este año por la administración del gobernador José Alperovich se sustenta en programas federales y en apoyos financieros directos, tanto para la construcción de viviendas como para avanzar con obras vinculadas con las redes viales.
Desde esta perspectiva, el futuro fiscal de Tucumán, como el de muchas de las provincias kirchnerdependientes del país, estará signado, por un lado, a la posibilidad de que su principal acreedor otorgue una refinanciación más conveniente y, por otro, siga asignando recursos para obras. Esta es una situación que confirma, por enésima vez, la alta dependencia hacia el Gobierno central.