15 Julio 2007 Seguir en 
El federalismo no puede ser meramente enunciativo limitándose a aspectos relacionados con elegir autoridades y dictar leyes; debe otorgar a las provincias la facultad de obtener sus recursos y decidir libremente sus gastos.
Resulta innegable que el sistema de coparticipación es un mecanismo que conlleva en la práctica la supresión de las facultades tributarias de las provincias, siendo, casualmente, las provincias las entidades que precedieron la existencia del Estado federal. Una y otra vez la Nación, a través de excepciones que nacen como transitorias y se consolidan permanentemente, ha incurrido en la obtención de nuevos recursos para sus arcas que distorsionan aun más la competencia tributaria. Esto podría atenuarse existiera un régimen acorde con la demanda constitucional de 1994, donde los criterios de distribución, tanto primaria como secundaria, fueran conducentes a lograr un equilibrio entre lo devolutivo y redistributivo, en un marco de incentivos favorables que eviten que algunas provincias sean las constantes “rezagadas”.
Ante esta carencia, siguen aplicándose porcentajes altamente discutibles, producto de negociaciones incompletas; profundizando diferencias y alentando descontentos. La situación se vuelve más inequitativa y conflictiva cuando se usan en forma discrecional las transferencias condicionadas por parte del Ejecutivo, tomen la forma ya sea de subsidios o de préstamos estructurados a través de fondos fiduciarios para obras. Cuestión similar acontece con los municipios, que resignan las ventajas que otorga la descentralización en la provisión de bienes públicos, al perder independencia en las decisiones frente a las provincias, en una suerte de efecto reflejo al nacional.
Decía muy acertadamente Horacio García Belsunce hace más de 40 años que “los poderes originarios de los estados provinciales y la supremacía del sistema federativo de gobierno hacen necesaria la defensa de las autonomías locales, y muy principalmente en materia impositiva, ya que disminuidos sus recursos, el empobrecimiento fiscal trae aparejada la decadencia de la soberanía política, se acentúa la sumisión a la centralización por la necesidad de la dependencia y la llama del federalismo que iluminó nuestra organización institucional se extingue insensiblemente”.
Evidentemente, no estamos analizando algo nuevo, lo lamentable es que el viejo problema lejos de atenuarse se profundice día a día con nuevos instrumentos. (Exclusivo para LA GACETA)
Resulta innegable que el sistema de coparticipación es un mecanismo que conlleva en la práctica la supresión de las facultades tributarias de las provincias, siendo, casualmente, las provincias las entidades que precedieron la existencia del Estado federal. Una y otra vez la Nación, a través de excepciones que nacen como transitorias y se consolidan permanentemente, ha incurrido en la obtención de nuevos recursos para sus arcas que distorsionan aun más la competencia tributaria. Esto podría atenuarse existiera un régimen acorde con la demanda constitucional de 1994, donde los criterios de distribución, tanto primaria como secundaria, fueran conducentes a lograr un equilibrio entre lo devolutivo y redistributivo, en un marco de incentivos favorables que eviten que algunas provincias sean las constantes “rezagadas”.
Ante esta carencia, siguen aplicándose porcentajes altamente discutibles, producto de negociaciones incompletas; profundizando diferencias y alentando descontentos. La situación se vuelve más inequitativa y conflictiva cuando se usan en forma discrecional las transferencias condicionadas por parte del Ejecutivo, tomen la forma ya sea de subsidios o de préstamos estructurados a través de fondos fiduciarios para obras. Cuestión similar acontece con los municipios, que resignan las ventajas que otorga la descentralización en la provisión de bienes públicos, al perder independencia en las decisiones frente a las provincias, en una suerte de efecto reflejo al nacional.
Decía muy acertadamente Horacio García Belsunce hace más de 40 años que “los poderes originarios de los estados provinciales y la supremacía del sistema federativo de gobierno hacen necesaria la defensa de las autonomías locales, y muy principalmente en materia impositiva, ya que disminuidos sus recursos, el empobrecimiento fiscal trae aparejada la decadencia de la soberanía política, se acentúa la sumisión a la centralización por la necesidad de la dependencia y la llama del federalismo que iluminó nuestra organización institucional se extingue insensiblemente”.
Evidentemente, no estamos analizando algo nuevo, lo lamentable es que el viejo problema lejos de atenuarse se profundice día a día con nuevos instrumentos. (Exclusivo para LA GACETA)
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