"No hay una pirámide sino una red jurídica"

Aguardada con especial expectativa por el público, no defraudó en originalidad la conferencia de Alejandro Pérez Hualde, prevista en el programa de las IV Jornadas Provinciales de Actualización en "Acto y procedimiento administrativo". El experto en Derecho Administrativo y vocal de la Corte Suprema de Mendoza advirtió que no pensaba abordar las cuestiones técnicas vinculadas al tema central de las Jornadas sino que trataría de explayarse sobre el significado que, en el presente, tienen el procedimiento y la organización (que hay detrás de él) como partes integrantes de los derechos fundamentales. "Después de la década de 1990, nuestro país ha ingresado fuertemente en el neoconstitucionalismo moderno, que generó una verdadera revolución en lo que tradicionalmente conocíamos como la pirámide jurídica de Hans Kelsen", postuló. Según Pérez Hualde, ha sido desplazada por una red de normas la concepción de la existencia de una norma fundamental (el vértice de la pirámide) y la posibilidad posterior de, mediante la pura lógica formal, deducir toda la normativa del Estado. "En el derecho público argentino hay toda una trama de derechos humanos fundamentales, sobre todo de derechos de corte social, que no vinieron solos: están acompañados de procedimientos, tribunales y fuentes jurídicas foráneas", explicó en apoyo de su análisis teórico. Y añadió: "hoy descubrimos que la Constitución argentina ya no tiene más 129 artículos porque hay que considerar todos los tratados internacionales incorporados que están en el mismo rango. Los jueces debemos trabajar no con una pirámide normativa, sino con una red de normas, donde son muchas las fundamentales. Los derechos humanos tienen sus propias reglas de interpretación, como los principios pro homine y pro debilis. Esta novedad con la que debemos trabajar jueces, administradores y legisladores implica una auténtica transformación del derecho".

-¿Cuál es la actitud que ha quedado obsoleta?
-Antes decíamos que los derechos fundamentales eran aquellos proclamados por la Revolución Francesa que, por cierto, son derechos que están todavía vigentes aunque sean meramente individuales. En el presente, los nuevos elementos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos del Hombre, obligan al Estado a asumir una nueva actitud. Ya no puede ocurrir lo que sucedía respecto de los derechos humanos de la Revolución Francesa, que le exigían la no intervención. El Estado debía abstenerse porque podía atentar contra la libertad, la igualdad y la propiedad. Hoy es al revés: el Estado debe establecer la organización y el procedimiento para hacer efectivos los derechos.

-¿Qué rol le asigna a esta actitud activa del Estado?
-La organización y los procedimientos tienen una función extraordinaria, hasta el punto que algunos autores dicen que forman parte de la garantía del derecho fundamental. Siempre pongo como ejemplo la Constitución de Salta, que concede el derecho a la vivienda propia. Como este derecho no fue acompañado del procedimiento y de la organización, se volvió ilusorio. En cambio, la protección a los consumidores y usuarios de los servicios públicos que la Constitución argentina establece en el artículo 42 cuenta con la organización, que son las entidades de consumidores y usuarios, y los entes reguladores, y con el procedimiento, que son las audiencias públicas, la legitimación activa para poder reclamar por la vía del amparo y la legitimación del defensor del pueblo. Estos mecanismos contribuyen a la eficacia de ese derecho, que debe estar organizado para no quedarse en la ilusión jurídica.
Normas desconocidas
La opinión de Pérez Hualde, crítica de la vigencia de la pirámide kelseniana, colisiona con la apreciación de que en el ordenamiento jurídico argentino hay una infinidad de normas que no se cumplen. El administrativista replicó: "es cierto, tanto como el hecho de que hay muchísimas normas que no se conocen. En este momento ni los abogados sabemos todas las leyes que nos rigen, porque es imposible". Ejemplifica: "yo estoy en Tucumán y se presume que conozco las leyes. Si cometo alguna falta, me van a sancionar. Pero es mentira, no sé cuáles son las normas de Tucumán. Es por eso que el acento se corre hacia los principios y valores fundamentales, porque de este entramado de derechos fundamentales surge una síntesis que se expresa por medio de los derechos. Germán Bidart Campos decía que este fenómeno constituye una especie de común denominador axiológico, que comprende a las pautas vigentes en todos lados".

-En el esquema que plantea, ¿qué margen de opción tiene el Estado?
-El procedimiento administrativo está obligado a acompañar, integrar y hacer efectivos los derechos. Esto está vigente, no es algo que yo opino que debería ser así. Es como la globalización: un hecho indiscutible. Nos puede gustar o no, pero está.

-¿Cuál es la intervención estatal ideal?
-El Estado debe estar presente para hacer posibles los derechos colectivos sin suprimir otros derechos que no son menos importantes. La igualdad y la libertad de comercio no han perdido vigencia; siguen siendo fundamentales. Al Estado le toca realizar una intervención armónica de tal modo de hacer eficaces los derechos sociales sin perjudicar en especial los derechos individuales.

El jurista mendocino puntualizó que la nueva dimensión que anima el comportamiento del Estado compromete a todos los que ejercen el poder en la Argentina, inclusive a él. "Esta conciencia que la gente tiene de sus derechos requiere de un ritmo de respuesta para el cual las instituciones no están preparadas. Tenemos severas dificultades, sobre todo los poderes tradicionales. El Legislativo, por ejemplo, atraviesa por un estado grave de postergación", analizó.
Respecto del Poder Judicial, Pérez Hualde afirmó que hay resortes disponibles para cubrir la exigencia moderna del trabajo en tiempo real. Aseguró que la sociedad se ha vuelto más demandante: "usted aprieta la máquina y le molesta si tarda. A la gente le sucede lo mismo con el Estado; quiere ver la respuesta ya mismo y en la pantalla. No está dispuesta a esperar los cinco años que tarda el juicio".