El debate político en Tucumán se desvió por cauces insólitos, durante algunos días. Al calor de las movilizaciones de signo opuesto en la plaza Independencia y de la acción psicológica de las usinas del oficialismo, de pronto se instaló una polarización que sustituye la discusión de proyectos concretos de futuro.
El combate contra la corrupción administrativa es un pilar esencial del régimen democrático en una etapa signada por la profunda desconfianza que la gente experimenta frente al personal político. Por esa razón, se insiste en la preservación de la división de los poderes. La reivindicación de ese principio no reemplaza la exigencia de una propuesta de gobierno para sacar a Tucumán del pantano en que se hundió.
La antinomia se planteó entre los defensores recalcitrantes del gobernador Julio Miranda y los ciudadanos que avalan la labor de Esteban Jerez. "No soy dirigente político", se ataja el fiscal anticorrupción, ante las acusaciones de que prepara su ingreso a la arena electoral. Algunos gestos suyos dieron pie para las suspicacias, que potenciaron sus rivales en la judicatura y en el campo de la política. Precisamente el oficialismo procuró en todo momento ubicarlo en el plano de la beligerancia política.
Las candidatas lo elogian
Ante esa realidad, con la venia del ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, recibió el viernes a la candidata presidencial de Alternativa por una República de Iguales (ARI), Elisa Carrió.
Ella, al igual que Patricia Bullrich -candidata presidencial por Unión para Todos-, elogió el trabajo de Jerez, que combina aciertos con yerros. "Fue una audiencia estrictamente institucional", aclaró.
La percepción de la sociedad es que el poder gubernamental se inmiscuyó en las intrigas del mundo judicial para buscar la caída de Jerez. Acontece que este escudriña en los lados más oscuros del manejo de los asuntos públicos y del patrimonio estatal.
En las esferas políticas se dice que alrededor de 65 funcionarios enfrentan causas o denuncias judiciales en tres años de administración mirandista.
Una estadística que -más allá de su exactitud en términos absolutos- explica por qué se acude a medios diversos con tal de ponerles freno a distintas investigaciones, entre ellas la de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los dos firmantes del pacto de gobernabilidad -Miranda y Olijela Rivas- están enredados en esa trama.
De ese mar revuelto de la semana anterior no escapó la Corte, que pecó de parcial por su blandura ante los ataques de algunos funcionarios -Enrique Romero especialmente- en contra de Jerez. Los vocales del ala política (Alfredo Dato y Antonio Gandur) la metieron en un berenjenal. El Colegio de Abogados destacó precisamente esa situación, en una declaración conocida el viernes pasado, cuando contrastó la mordaza puesta a Jerez con el silencio mantenido mientras zamarreaban al fiscal anticorrupción. La posición de la corporación de los letrados superó las ambigüedades de algunos de sus dirigentes.
Los jueces de la Corte, por otra parte, deberán empezar a negociar su propia conducción. Parece que ya se dialoga sobre el futuro y no está claro si Héctor Area Maidana desistirá de su reelección como presidente del alto tribunal de justicia. Quien ocupe esa función, presidirá también la estratégica Junta Electoral Provincial, a cuyo cargo está la supervisión de los escrutinios.
Para todos los gustos
Al empezar la semana pasada, Miranda se recostaba en el estrecho círculo gremial que se apropió violentamente de la plaza Independencia -la CGT Regional, del gastronómico Enrique Altier, y de las 62 Organizaciones, de Juan Jesús Soria-. De hecho, la propuesta de revitalizar la reforma constitucional con la reelección de Miranda partió de ese núcleo.
"Hace falta una ley que derogue la ya sancionada y luego un segundo proyecto que restrinja el ámbito de la reforma". Esto lo explicó el peronista Gerónimo Vargas Aignasse, ante las versiones que aludían al propósito de no quitarles la estabilidad de los jueces. De antemano, advirtió de la imposibilidad política de retroceder sobre lo andado.
En esos días tumultuosos se sucedieron los mensajes cruzados. La decisión de Miranda de insistir en su plan continuista chocó con el designio del senador José Alperovich. Este afirmó a sus interlocutores -legisladores e intendentes- que sería candidato a gobernador, con o sin Miranda. Una legisladora -que tiene parientes en funciones encumbradas del Gobierno- corrió a contarle al gobernador lo que había escuchado. Alperovich le dijo que sí persistiría en su proyecto de sucederlo, mientras Miranda le comunicaba su resolución reeleccionista.
Eduardo Duhalde empezó a cumplir con la palabra empeñada en materia de ayuda financiera. Miranda pensó que de una estrategia de pura conservación del poder para administrar el período que termina el 29 de octubre de 2003, bien podía avanzar su intento de reelección.
Los primeros movimientos de Miranda se encaminaron a asegurar el mayor número de congresales que respalden los planes de Duhalde en su puja con Carlos Menem. En forma simultánea, retomó el diálogo con dirigentes del ala política que habían sido relegados por la presencia del entorno sindical. De ese modo, ensayó el ensanche de su base de sustentación.
A ellos les dijo que se sentía en condiciones de pretender un segundo turno porque no había surgido ninguna figura en la política provinciana que pudiera hacerle sombra en las elecciones de gobernador en 2003. Idéntica convicción transmitieron algunos emisarios de primer nivel fuera del campo mirandista. El cálculo sería que con el PJ unido, el gobernador vería viable el sueño de sucederse a sí mismo. Las primeras reacciones fueron de cautela, sin rechazos al convite.
En derredor de Alperovich se tomó con pinzas el mensaje conciliador de las últimas horas. Se dice que Miranda ofreció organizarle un acto de aval al senador. El escepticismo prevaleció ante la noticia y se determinó seguir con el plan propio. Ven al gobernador como un jugador que pone varias fichas en la ruleta.
Quien se distanció definitivamente de Miranda es el ex ministro Alejandro Sangenis, que formará la línea opositora "Consenso peronista". Así el ámbito de la disidencia que encarnan Julio Díaz Lozano y Osvaldo Cirnigliaro se amplía en el PJ.
