Es un octubre violento. Al sindicalista Horacio Valdivieso dos desconocidos le propinaron una feroz paliza en la tarde del miércoles 16 , frente a su domicilio. Valdivieso lidera una corriente interna del gremio municipal, cuyos integrantes insultaron a Julio Miranda, ante la demora en el pago de los salarios.
El lunes, al amparo de la nocturnidad, se golpeó alevosamente al periodista Alvaro Aurane, cuando requería información a activistas de la CGT mirandista y de las 62 Organizaciones, frente a la Casa de Gobierno y a una nutrida formación policial. Eduardo Bourlé (Asociación Bancaria), Juan Jesús Soria (62 Organizaciones) y el funcionario provincial Pablo Rivera estaban allí. Soria también es funcionario municipal.
Miembros de organizaciones sociales y ciudadanos habían manifestado antes en la plaza Independencia en defensa del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. Miranda fue rozado por una actuación clave de Jerez. Este le pidió al juez de instrucción Víctor Pérez que investigue si Miranda se enriqueció ilícitamente, etapa procesal que está inconclusa.
La CGT y las 62 Organizaciones reaccionaron automáticamente en defensa de Miranda. Otra vez afloró la violencia. Pero el brote mayor de intolerancia emergió el martes cuando el ala sindical del oficialismo impidió por la fuerza del número que los ciudadanos apoyaran a Jerez en la plaza Independencia.
En rigor, se usó el aparato del Estado para aplastar el disenso.
Se obligó a beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar a acudir a la plaza Independencia. Así lo constató LA GACETA en San Pablo, donde el director de Comunas Rurales, Julio Villavicencio, ejerce la hegemonía política. La repartición de Villavicencio fue allanada por orden de Jerez en la causa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El de San Pablo fue sólo uno de los numerosos casos denunciados en la tarde del martes a este diario. La amenaza a la pérdida de la asistencia social se mencionó como argumento represivo. Otra vez la violencia se practicó sin reparos.
No es ninguna novedad el uso de recursos públicos por parte del mirandismo para sus fines sectoriales. Desde un camión de Vialidad Provincial se distribuyeron bolsones a desocupados para que fueran a un acto en la plaza Independencia, al que finalmente Miranda no asistió, el 26 de abril. En la Fiscalía Anticorrupción hay una causa abierta contra miembros del sindicato vial, cuyo jefe, José Teri, homenajeó el viernes anterior a Miranda.El aparato gremial que rodea al gobernador se mantiene invariable en sus procedimientos y en la conducta de sus principales cabezas como Soria y Carlos Cisneros, conductor de la Bancaria.
Sin embargo, los episodios violentos no se limitan al tormentoso 2002. En los dos últimos años la violencia signó más de un hecho de la vida política. Ninguno de esos actos se esclareció aún.
