DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. Una fotografía poco conocida.
Desde la perspectiva sarmientina, la institucionalización está estrechamente ligada al desarrollo educativo. La preocupación del sanjuanino por organizar legalmente al país constituía un elemento clave de su programa tendiente a sustituir la barbarie por la civilización. Confiesa que toda su vida ha luchado contra los caudillos y la dictadura para constituir la República. Ello implicaba sustituir la arbitrariedad por el Estado de Derecho, lo que debía plasmarse en el plano político en una Constitución liberal moderada tan equidistante del despotismo como de la anarquía, en la que el orden se equilibrase con la libertad.
Para arribar a esa meta organizativa, Sarmiento utiliza una prédica descarnadamente realista fundada en el análisis de los condicionamientos sociales de la institucionalización política en América del Sur. Al hacerlo, corrobora que el estado de esa sociedad distaba demasiado de resultar satisfactorio por falta de hábitos ciudadanos, sin los cuales las tan declamadas instituciones democráticas sólo constituirían una farsa. Por supuesto que desde un punto de vista teórico Sarmiento creía en la soberanía popular como legitimadora del poder e incluso concebía que la participación del ciudadano en la designación de sus gobernantes constituía un derecho natural al que el orden jurídico positivo vigente no hacía más que reconocer. Pero la observación de la realidad latinoamericana le indicaba que esos principios serían inaplicables hasta que el pueblo, superando su incultura, estuviese preparado para el ejercicio de sus deberes y derechos cívicos. De ahí su consigna de "Educar al soberano": había que "hacer de toda la República una escuela" porque "un pueblo ignorante siempre elegiría a Rosas".
Así, contra la opinión general y apartado de todo discurso demagógico, Sarmiento sostuvo que "los pueblos deben adaptarse a la forma de gobierno y no la forma de gobierno a los pueblos". Por supuesto, que no se le escapaba que cada comunidad tenía una constitución natural, material y vigente que le era propia, pero a pesar de ella consideraba que en el momento de elaborar la constitución formal, "el legislador debe propender siempre a levantar los hechos a la altura de la razón poniendo a la ley de parte de ésta, en vez de capitular con los hechos que no tienen razón de ser". Concebía pues a la Ley Fundamental como la herramienta de educación política por excelencia, capaz de transformar la realidad que lo circundaba y con la que no estaba dispuesto a transigir. Por eso, mientras se llevaba a cabo ese proceso de educación política, consideró necesario suplantar transitoriamente la soberanía popular por la "soberanía de la razón", lo que se traducía en la implantación de una república representativa conducida por los más capaces, en la que el mecanismo de la elección indirecta aseguraba que el pueblo no pudiera deliberar ni gobernar sino a través de sus representantes, que no podían ser otros que el grupo intelectual de hombres prominentes o notables, esa clase decente o patricia a la que Sarmiento tiene clara conciencia de pertenecer. Su posición es pasible de dos lecturas ya que, por un lado, implica negarle al pueblo la capacidad para juzgar directamente en las cuestiones de interés público; pero, por otro, el énfasis puesto en la educación que permitiría ir ampliando progresivamente los canales de participación política y el carácter provisional del régimen aristocratizante, suponía un esfuerzo sincero de nivelar hacia arriba para fundar sobre bases verdaderamente sólidas la República democrática, meta final del proceso.
Sin embargo, con el paso del tiempo estas ideas del sanjuanino evolucionarían notablemente en forma paralela al curso seguido por el proceso político argentino que se había ido desviando del paradigma organizativo inicial y del rumbo pretendido por Sarmiento, quien fue uno de los primeros en advertir que la república aristocrática, lejos de encauzarse hacia la democratización, iba degenerando progresivamente en un gobierno oligárquico y conservador, en la medida que el sector dirigente atrincherado en el poder por medio del fraude y la corrupción sobreponía sus intereses de grupo al bienestar colectivo; a la par que había abdicado de los buenos principios liberales. Pero lo que más alarmaba a Sarmiento era el incumplimiento del compromiso de alfabetizar al pueblo, para esquivar el riesgo de perder la supremacía detentada.
Así, en los últimos diez años de su existencia, el sanjuanino pudo ver que los mismos argumentos que él había sinceramente esgrimido con criterio de estadista, se habían convertido en una mera excusa del régimen roquista para perpetuarse en el poder e impedir o, al menos, retardar la ampliación de la participación política reclamada ya por las clases medias urbanas. Fue por entonces cuando, desencantado del desempeño de los supuestos "notables" que ya no estaban al servicio de la Patria, renunció a pertenecer a ellos. De allí su conocida afirmación de 1878: "yo estoy hace tiempo divorciado de las oligarquías, las aristocracias, la gente decente, a cuyo número y corporación tengo el honor de pertenecer, salvo que no tengo estancia". "Soy como Rosas un desertor de mis filas y prefiero escribir para el millón".
Como contrapartida, paralelamente tuvo lugar el inicio de una comunidad y una continuidad ideológico progresista entre el veterano político y la nueva generación liderada por Aristóbulo del Valle y Leandro Alem. No es de extrañar entonces que, deseando acercarse más a la democracia efectiva, Sarmiento no dudara en pronunciarse a favor del voto secreto y universal, anticipándose en 30 años a lo que consagraría la ley Sáenz Peña. Por otra parte, y precisamente por haber sido uno de los primeros en percibir la importancia en el sistema representativo de los partidos políticos en tanto oficiaran como canalizadores de la opinión pública, en esta última etapa de crítica a la perversión de las instituciones consagradas en la Constitución nacional, se opondrá firmemente a la llamada "conciliación entre mitristas y autonomistas" porque ella no hacía más que demostrar que a la conducta principista la había sustituido el pragmatismo para acceder al cargo público. Comprendía que ninguna alianza o coalición forzada podía aparejar resultados positivos para las instituciones democráticas.
Otros vicios del régimen que Sarmiento denunció recurrentemente en estos años, procurando corregirlo estérilmente, estaban relacionados con el sistema electoral vigente que impedía la representación de la minoría, desapareciendo consecuentemente el control efectivo que debe realizar la oposición sobre el oficialismo. Al criticar este sistema decía que de él resultaba que "entra a legislar una lista compuesta por una mesnada. No hay mayoría, sino pandilla, tutti" (algo equivalente a lo producido por las listas sábana, que nuestra tan meneada como olvidada reforma política pretendía eliminar y que, sin embargo, siguen gozando de buena salud). A su vez, el sistema electoral criticado tenía otra consecuencia nociva que Sarmiento no dejó de señalar: esta era la abstención electoral, constituida en mal crónico por el desinterés que generaba en el elector el presentarse a votar por un conjunto de nombres que le resultaban completamente ajenos (sensación que continúa experimentando el ciudadano de hoy).
Se acentuaba así cada vez más un peligroso fenómeno generalizado: el de la indiferencia cívica, que era la otra cara de la moneda de la corrupción gubernativa, pues tácitamente la convalidaba. El Gran Viejo de la Patria explicaba magistralmente el círculo vicioso que dicho sistema generaba: "Después de largas y crueles tiranías, el espíritu de los que nacen bajo el látigo queda predispuesto a encorvarse. A las crueldades sucede la astucia y se inventa la doblez en reemplazo de la mentira. Donde no existen el honor y la gloria como estímulo de la vida pública, existen el dinero y las larguezas del seductor, seducido a su vez por la decadencia de los espíritus". Parecen palabras de notable actualidad.
Sustraído de la fascinación de la prosperidad material construida sobre bases endebles, Sarmiento redoblaría sus ataques contra "la clase gobernante sin principios". Censura la desaprensión con que se manejan los grandes intereses nacionales, continuamente interferidos por "las gestiones del interés privado", que presionan sobre los poderes públicos volcándolos a favor de sus intereses. Denuncia la venalidad administrativa y la opresión impositiva que sanciona el abuso de la inequidad. Critica la malversación de los dineros públicos, a la que llama irónicamente "esas licencias poéticas de gastar sin presupuesto". Arrecia contra el nepotismo encaramado en los puestos claves del gobierno. Y advierte, ante la cooptación e inactividad de los legisladores, sobre el peligro de la acumulación discrecional del poder en el Ejecutivo.
Todas estas situaciones anómalas continúan vigentes e indudablemente se han agravado hasta alcanzar extremos que Sarmiento jamás hubiera siquiera imaginado. Ello nos habilita para que hoy nos sumemos a su clamor de aquellos tiempos, cuando afirmaba desafiante: "no comulgamos con ruedas de carreta..., queremos instituciones reales para la República Argentina; y las tendremos, no apoyando todos los extravíos, todos los abusos, todos los desenfrenos, sino resistiéndolos, demostrando sus fatales consecuencias". Ojalá que ese claro llamado a la resistencia civil pueda ser escuchado por la ciudadanía argentina.(c) LA GACETA
