22 Octubre 2002 Seguir en 
Un estado de violencia implica la negación del ejercicio de la libertad. Se considera la violencia como una fuerza física que limita o anula el libre ejercicio de la voluntad, y la coacción como una fuerza que actúa de un modo meramente intencional o moral. Una vecina de la violencia es la intolerancia, es decir, la falta de respeto o de consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, que son diferentes de las propias.
Ayer la intolerancia volvió a manifestarse en la plaza Independencia. Durante la marcha de apoyo al fiscal anticorrupción fue agredido un periodista de nuestro diario. La movilización, que había sido organizada por el Movimiento Cívico Tucumano, era la primera de las tres programadas esta semana para respaldar al magistrado que ha puesto nervioso a la clase dirigente por sus investigaciones sobre diversas irregularidades, muchas de las cuales revestirían enorme gravedad si finalmente la Justicia llega a comprobarlas.
Como ya ocurrió en otras ocasiones, al publicitarse por los medios las movilizaciones de sectores democráticos de la ciudadanía que están cansados de los niveles de corrupción, de inmoralidad y de incultura que se han instalado en nuestra sociedad -y particularmente, en la clase dirigente-, corporaciones que responden al partido gobernante, como la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas, se movilizan coincidentemente hacia la plaza Independencia, a la misma hora, con la intención evidente de frustrar o, por lo menos, de neutralizar el reclamo de los ciudadanos. Porque si no fuese así, las organizaciones gremiales que desearan expresar su sincero apoyo al PE lo harían en una fecha y a una hora distintas, para evitar la confrontación.
Si bien ayer no se registraron incidentes entre los grupos que apoyaban a Jerez y los sindicalistas, fue justamente de este último sector de donde partió la cobarde agresión al periodista de LA GACETA que estaba cumpliendo con su deber de informar. Curiosamente, ningún gremialista vio nada y tampoco la Policía, de acuerdo con las primeras declaraciones.
Este episodio desafortunado, que coarta además la libertad de prensa, está poniendo de relieve el alarmante estado de inseguridad que reina en nuestra provincia, así como una peligrosa sensación de autoritarismo, que pretende impedir desde el poder que los ciudadanos expresen públicamente su protesta y su oposición a lo que consideran que debe corregirse.
Cuando se emplea la intolerancia como herramienta de gobierno es porque se teme a los que piensan distinto y, en lugar de apostar al debate, a la confrontación de ideas, como sucede en cualquier democracia participativa y sana, se apela a las descalificaciones, al agravio, al uso de la fuerza.
Nadie duda de que las investigaciones que se promueven en la Fiscalía Anticorrupción han puesto sumamente nervioso al Gobierno, que viene intentando desde hace tiempo deshacerse del fiscal de formas diferentes. Si hasta ahora no ha logrado su objetivo es porque un sector significativo de la sociedad se ha opuesto. Son ciudadanos que vienen reclamando a gritos que haya transparencia en los actos de gobierno; que los dineros públicos se destinen a educación, a salud y a seguridad; que haya una política clara tendiente a generar empleo para que miles de comprovincianos puedan salir del estado de postración y de indigencia en que se hallan. La ciudadanía ha dado muestras evidentes de que está hastiada de los contubernios políticos, de las promesas incumplidas, de esos indignos bolsones de tristeza para conquistar votos.
Si el Gobierno no le teme a la verdad, debe dejar que la Justicia lo investigue y evitar confrontaciones entre tucumanos. Así como las sombras se oponen a la claridad, la intolerancia se opone a la democracia.
Ayer la intolerancia volvió a manifestarse en la plaza Independencia. Durante la marcha de apoyo al fiscal anticorrupción fue agredido un periodista de nuestro diario. La movilización, que había sido organizada por el Movimiento Cívico Tucumano, era la primera de las tres programadas esta semana para respaldar al magistrado que ha puesto nervioso a la clase dirigente por sus investigaciones sobre diversas irregularidades, muchas de las cuales revestirían enorme gravedad si finalmente la Justicia llega a comprobarlas.
Como ya ocurrió en otras ocasiones, al publicitarse por los medios las movilizaciones de sectores democráticos de la ciudadanía que están cansados de los niveles de corrupción, de inmoralidad y de incultura que se han instalado en nuestra sociedad -y particularmente, en la clase dirigente-, corporaciones que responden al partido gobernante, como la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas, se movilizan coincidentemente hacia la plaza Independencia, a la misma hora, con la intención evidente de frustrar o, por lo menos, de neutralizar el reclamo de los ciudadanos. Porque si no fuese así, las organizaciones gremiales que desearan expresar su sincero apoyo al PE lo harían en una fecha y a una hora distintas, para evitar la confrontación.
Si bien ayer no se registraron incidentes entre los grupos que apoyaban a Jerez y los sindicalistas, fue justamente de este último sector de donde partió la cobarde agresión al periodista de LA GACETA que estaba cumpliendo con su deber de informar. Curiosamente, ningún gremialista vio nada y tampoco la Policía, de acuerdo con las primeras declaraciones.
Este episodio desafortunado, que coarta además la libertad de prensa, está poniendo de relieve el alarmante estado de inseguridad que reina en nuestra provincia, así como una peligrosa sensación de autoritarismo, que pretende impedir desde el poder que los ciudadanos expresen públicamente su protesta y su oposición a lo que consideran que debe corregirse.
Cuando se emplea la intolerancia como herramienta de gobierno es porque se teme a los que piensan distinto y, en lugar de apostar al debate, a la confrontación de ideas, como sucede en cualquier democracia participativa y sana, se apela a las descalificaciones, al agravio, al uso de la fuerza.
Nadie duda de que las investigaciones que se promueven en la Fiscalía Anticorrupción han puesto sumamente nervioso al Gobierno, que viene intentando desde hace tiempo deshacerse del fiscal de formas diferentes. Si hasta ahora no ha logrado su objetivo es porque un sector significativo de la sociedad se ha opuesto. Son ciudadanos que vienen reclamando a gritos que haya transparencia en los actos de gobierno; que los dineros públicos se destinen a educación, a salud y a seguridad; que haya una política clara tendiente a generar empleo para que miles de comprovincianos puedan salir del estado de postración y de indigencia en que se hallan. La ciudadanía ha dado muestras evidentes de que está hastiada de los contubernios políticos, de las promesas incumplidas, de esos indignos bolsones de tristeza para conquistar votos.
Si el Gobierno no le teme a la verdad, debe dejar que la Justicia lo investigue y evitar confrontaciones entre tucumanos. Así como las sombras se oponen a la claridad, la intolerancia se opone a la democracia.





