El vicegobernador, Sisto Terán, rechazó el pedido de informes del juez Víctor Pérez sobre los legisladores que votaron la ley que habilitó la reforma constitucional, y se lo devolvió sin aportar ningún dato.
Pérez había solicitado las copias de las declaraciones juradas de los 27 legisladores reformistas y las remuneraciones que recibieron desde sus asunciones en las bancas, en octubre de 1999. El magistrado no amplió su pedido a los familiares de los legisladores, pese a lo que afirmó originalmente Terán.
El presidente de la Cámara se negó a responder el escrito judicial, por considerar que se podrían "violar garantías constitucionales, conducir a una verdadera parálisis de la gestión legislativa y a un riesgoso y eventual conflicto de poderes".
"La nota (del magistrado) no indica el propósito u objeto del requerimiento, ni conocemos la denuncia de (Ricardo) Bussi, todo lo que hubiera sido esclarecedor a los fines de una condigna respuesta. Nos vemos obligados a devolver el oficio 245, atento a los artículos 58 al 61 de la Constitución provincial, que pudieran resultar conculcados por la petición que se nos formula", afirmó Terán en su escrito a Pérez.
Las normas mencionadas hacen referencia a las inmunidades de los legisladores; al régimen de desafuero e investigación judicial; a la prohibición de que sean molestados por sus votos; y a la posibilidad de que la Cámara imponga sanciones a quienes afecten la labor parlamentaria.
Dictámenes letrados
Terán consultó al abogado Manuel Andreozzi y adjuntó su breve dictamen a la respuesta a Pérez. Andreozzi consideró que el magistrado incurrió en un error, y remarcó que hay poderes del Estado que no tienen en claro los privilegios legislativos.
El vicegobernador también reprodujo parte del dictamen del asesor letrado de la Cámara, Federico Nazur, quien resaltó la importancia de "las inmunidades parlamentarias como una garantía de los legisladores para actuar libremente en el ejercicio de sus funciones".
En particular, destacó la libertad de opinión en un sentido amplio y absoluto, acorde con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Nazur advirtió además que la apertura de las declaraciones juradas, que son secretas, sólo corresponde en investigaciones sobre enriquecimiento ilícito (como la que realiza Pérez); a pedido de los presentantes o sus sucesores legales; o a requerimiento de juez o autoridad competente.
Pérez había solicitado las copias de las declaraciones juradas de los 27 legisladores reformistas y las remuneraciones que recibieron desde sus asunciones en las bancas, en octubre de 1999. El magistrado no amplió su pedido a los familiares de los legisladores, pese a lo que afirmó originalmente Terán.
El presidente de la Cámara se negó a responder el escrito judicial, por considerar que se podrían "violar garantías constitucionales, conducir a una verdadera parálisis de la gestión legislativa y a un riesgoso y eventual conflicto de poderes".
"La nota (del magistrado) no indica el propósito u objeto del requerimiento, ni conocemos la denuncia de (Ricardo) Bussi, todo lo que hubiera sido esclarecedor a los fines de una condigna respuesta. Nos vemos obligados a devolver el oficio 245, atento a los artículos 58 al 61 de la Constitución provincial, que pudieran resultar conculcados por la petición que se nos formula", afirmó Terán en su escrito a Pérez.
Las normas mencionadas hacen referencia a las inmunidades de los legisladores; al régimen de desafuero e investigación judicial; a la prohibición de que sean molestados por sus votos; y a la posibilidad de que la Cámara imponga sanciones a quienes afecten la labor parlamentaria.
Dictámenes letrados
Terán consultó al abogado Manuel Andreozzi y adjuntó su breve dictamen a la respuesta a Pérez. Andreozzi consideró que el magistrado incurrió en un error, y remarcó que hay poderes del Estado que no tienen en claro los privilegios legislativos.
El vicegobernador también reprodujo parte del dictamen del asesor letrado de la Cámara, Federico Nazur, quien resaltó la importancia de "las inmunidades parlamentarias como una garantía de los legisladores para actuar libremente en el ejercicio de sus funciones".
En particular, destacó la libertad de opinión en un sentido amplio y absoluto, acorde con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Nazur advirtió además que la apertura de las declaraciones juradas, que son secretas, sólo corresponde en investigaciones sobre enriquecimiento ilícito (como la que realiza Pérez); a pedido de los presentantes o sus sucesores legales; o a requerimiento de juez o autoridad competente.
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