"Se puede tal vez decir como excusa de las malas formas que no son más que formas. Pero es un error. Las formas crecen a partir de los principios y operan para dar continuidad a los principios a partir de los cuales crecen. Es imposible poner en práctica una mala forma en cualquier cosa si no es con base en un mal principio. Allí donde las formas en cualquier gobierno son malas, se tiene una indicación cierta de que los principios lo son también". Del libro "Los derechos del hombre", de Thomas Paine, escrito en 1791.
El Gobierno tucumano encargó una encuesta para destruir la imagen del fiscal anticorrupción Esteban Jerez. Y, a juzgar por las recomendaciones del estudio, y por el embate al que se ha sometido al funcionario judicial, ya encaró la campaña para tratar de aniquilarlo. Así de simple, aterrador y grave.
El muestreo es una prueba concreta de cómo el poder político pergeñó un real avasallamiento contra el Poder Judicial.La medición fue realizada por una de las principales consultoras tucumanas entre el 31 de agosto y el 2 de setiembre pasado. El ámbito geográfico es el gran San Miguel de Tucumán y toma 400 casos, lo que implica que tuvo un costo de alrededor de $ 7.000, si se tiene en cuenta que, en la pasada campaña electoral, una encuesta de 700 casos costaba unos $ 12.000.
El sondeo se encargó para tratar de contraatacar en el marco del "Duccagate". El día que comenzaba el trabajo de campo, LA GACETA informaba que iba a ser la Sala III de la Cámara Penal la que iba a determinar cuál juez (Víctor Pérez o Alfonso Zottoli) debía entender en el planteo de Amelia Alejandra Ducca. Ella pedía que se declararan nulos los dichos que figuran en un expediente, en el que acusa a su marido, Mariano Poliche, de entregar y recibir coimas por la reforma de la Constitución provincial.
En la jornada anterior, más de 4.000 personas habían protestado frente a Casa de Gobierno, al grito de "que se vayan todos".
Preparados...
El principal escollo con que se toparon los enemigos de Jerez fue la credibilidad del fiscal. "Se comenzó recabando la aceptación o no de la exposición a los medios de comunicación del fiscal anticorrupción", señala el informe de la consultora. Ahí vino el primer frentazo: más del 60% de la población contestó que estaba "bien". Es decir, aprobaba que Jerez usara los medios como herramienta para dar masiva difusión a su accionar. Apenas el 15% opinó que eso estaba "mal".
Yendo al plano de las evaluaciones personales, la cuestión se ponía todavía peor. Mientras casi el 52% de los entrevistados dijo que su imagen sobre el fiscal es "buena", el 70% contestó que la imagen del gobernador Julio Miranda es "mala". El propio Poliche tiene menos percepción negativa que el mandatario: los que opinan adversamente sobre su persona suman casi el 51%.
Este verdadero desastre muestral para las aspiraciones desestabilizadoras del poder político se completa con la medición, ya como instituciones, de la Legislatura y del Gobierno. La evaluación suma, para el primer caso, el 71,6% en la columna "negativa" y otro 20,6% en "regular o mala". Para el Ejecutivo, respectivamente, las cifras son 73,4% y 18,7%. "Estamos ante la presencia, seguramente, de los valores más negativos de la política tucumana de los últimos años", sentencia el encuestador.
Ante tal panorama, vinieron recomendaciones y estrategias. "Un punto débil de la gestión del fiscal Jerez está vinculado a la falta de condena de las investigaciones por él llevadas a cabo", se señala. Claramente, se apunta a la desinformación: un fiscal no dicta sentencia. Pero, claro, es curioso que los problemas del poder político tengan siempre que ver con un fiscal, funcionario que investiga, y no con un juez, magistrado que ejecuta.
Como el 71,6% de los sondeados dijo no saber si alguna causa llegó a condena, se apunta que hay una importante franja de la población "que es susceptible de recibir información, o persuasión, tendiente a reafirmar el concepto de ineficiencia por parte del fiscal Jerez".
Apunten...
Encontrada la veta para urdir una campaña de desprestigio contra el fiscal, sobrevino otro problema. Entre los que dicen que ninguna investigación llegó a condena, o no saben si fue así, el 47,3% asegura que todo se debe a la "presión política" o a que "la Justicia no sirve". Pero sólo el 17,8% le echa la culpa a Jerez, opinando que "las investigaciones sólo son para hacer política desde la Justicia". Para colmo de males, a la pregunta de por qué el funcionario judicial comenzó a tener mucha relevancia, el 54,2% de los 400 encuestados respondió: "cumple su tarea".
Frente al escollo se da en el análisis del muestreo una instrucción rotunda. Dice textualmente: "Desde ya, las críticas a la Justicia no pueden ser realizadas desde una institución, tanto o más desprestigia, como la Legislatura, es importante que instituciones o personas con algún nivel de credibilidad expresen su disconformidad para que sea creíble" (sic).
Y pensar que, después de que el secretario general de la Gobernación, Fernando Juri Debo, dijo que en el Ejecutivo entendían "que debía ser más dura" la sanción de la Corte contra el fiscal, Miranda salió a aclarar que en el PE "se debe respetar la independencia de la Justicia y no hacer declaraciones públicas sobre otros poderes".
