La búsqueda de la verdad

El Gobierno debe dejar que la Justicia lo investigue.

20 Octubre 2002
A lo largo de la historia se fueron acuñando proverbios, tales como "la verdad adelgaza, pero no quiebra", "quien dice la verdad, ni peca ni miente" o expresiones como "verdad amarga", "no todas las verdades son para ser dichas". La búsqueda de la verdad, en todas las facetas de la realidad y del conocimiento, ha sido una constante en el hombre. Desde la Antigüedad, el hombre entendió que una armonía esencial en una comunidad sólo era posible si existía la justicia, porque sin ese orden no sólo sería imposible la existencia de una sociedad, sino también la realización de fin alguno común. Para llegar a la verdad, es necesario investigar, es decir hacer diligencias para descubrir una cosa que en nuestras complejas sociedades, como lo es la tucumana, están casi siempre ocultas. Sucede que la verdad no siempre es reconocida, y el error, en cambio, se ofrece frecuentemente bajo las apariencias de la verdad. Por esa razón, cuando la justicia se empecina en buscar la luz en la oscuridad, hay sectores del poder que se ponen nerviosos y presionan, ponen obstáculos, o apelan a exabruptos orales premeditados para que la claridad no pueda bañar al reino de las tinieblas.
El actual Gobierno, que luce desde hace un tiempo un gabinete de las sombras, tuvo la feliz idea de crear en el primer tramo de su gestión la Fiscalía Anticorrupción, con la intención de que se investigara a sus antecesores. Pero al poco tiempo, se comenzó a hurgar en la propia casa y se destaparon irregularidades y acciones poco transparentes como los gastos de los bloques legislativos, el caso de la fundación Pibe, la compra de camionetas efectuada por la Dirección de Transporte, las supuestas coimas a legisladores para votar a favor de la reforma constitucional y recientemente, el oscuro destino de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), por citar sólo algunas de las causas ventiladas.
En todos los casos, al tomar estado público las irregularidades, los sospechosos, amparados en la impunidad del poder político, apelaron a todo tipo de subterfugios para esquivar el requerimiento de la Justicia. Perolo más grave es que varios de los funcionarios y legisladores cuestionados descalificaron públicamente y con palabras soeces a los magistrados, lo cual es un reflejo más del estado de descomposición social que padece nuestra provincia, donde cualquiera se siente con derecho para cuestionar un fallo judicial, un pedido de investigación o la elevación de una causa a juicio. Un Tucumán donde prácticamente no se respetan ni las mínimas normas que regulan la convivencia ciudadana.
En varias oportunidades y frente a las adversidades, el Gobierno ha intentado invadir peligrosamente el terreno de la Justicia, que es un poder independiente, de acuerdo con lo establecido por la Constitución. Hace unos días, acerca del apercibimiento que le hizo la Corte al fiscal anticorrupción, el secretario general de la Gobernación declaró que el PE esperaba una sanción más dura contra el magistrado, poniendo de relieve el deseo original del Gobierno, aunque al día siguiente el primer mandatario haya declarado que se debe respetar la independencia de los poderes. Sin embargo, eludió responder sobre las declaraciones de su funcionario.
El respaldo público de buena parte de la ciudadanía -cansada de la corrupción, de la inmoralidad, del manoseo y de la mentira- al fiscal anticorrupción refleja el deseo de que, por los menos, alguna vez se llegue a las últimas consecuencias, y que haya culpables y sanciones contundentes. El Gobierno no puede seguir sordo a los reclamos de la sociedad. Si su gestión es transparente, debe dejar que la Justicia lo investigue y debe colaborar con esta. La búsqueda de la verdad sólo puede poner nervioso a quien esconde algo o está fuera de la ley. Si no sacamos de una vez por todas la tierra de debajo de la alfombra, estaremos lejos de salir de la debacle espiritual, ética y cultural en que nos hallamos y las sombras seguirán conformando un gabinete.

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