Una de las manifestaciones más creativas tiene lugar en el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires. Bajo el nombre de "Senderos Seguros", consiste en un corredor escolar señalizado con carteles que une las entradas de siete escuelas, permitiendo la libre y segura circulación de 1.600 alumnos.
La idea apunta a que todos los jóvenes del barrio tomen el mismo camino para ir y volver de sus respectivas escuelas, bajo el control y la vigilancia de la Policía, los vecinos y los comerciantes a cargo de los 80 negocios de la zona, cada uno de los cuales se encuentra prudentemente individualizado con una calcomanía de la red en su vidriera.El programa comprende tres escuelas públicas y cuatro colegios privados. Tuvo su origen en el estupor causado por el homicidio de la joven de 16 años, Lucila Yaconis, ocurrido en plena tarde del pasado mes de abril cuando volvía del colegio, tras haberse resistido a un presumible intento de violación.El proyecto se encuentra organizado por los vecinos de Belgrano y de Núñez, y por el Plan de Prevención del Delito, un organismo que depende de la Subsecretaría de Seguridad de la Ciudad. Pero también cuenta con el apoyo de la comisaría 35a de la Policía Federal y de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (1).
Resulta interesante observar cómo el asambleísmo barrial que irrumpió con furor en diciembre de 2001, bajo el grito "que se vayan todos", ha ido cambiando de rostro para centralizarse en problemas y en preocupaciones puntuales. El ideario en torno de un barrio más seguro ha emergido así como aglutinador de nuevas solidaridades disparadas por el miedo.
Desde una perspectiva organizativa, se trata de una inequívoca comunidad objetiva de amenaza que le da al temor un sentido eminentemente político. Ante la inseguridad, auspicia el proyecto normativo de la "sociedad segura", que adquiere de este modo un carácter axiológico superior y sirve para legitimar nuevos actores y objetivos.Sin embargo, uno de los riesgos que deben tenerse en cuenta a la hora de pensar en conjunto las políticas de seguridad pública tiene que ver con la definición de los problemas. Entendiendo por estos los temas, circunstancias y coyunturas irresueltos, de índole conflictivo, cuyos efectos atañen a la mayoría de la comunidad.
Es conveniente que el "problema" -es decir la situación dilemática- no sea manipulado y convertido en "amenaza". No se trata sólo de un detalle terminológico o de un mero deslizamiento semántico. Ese paso, que a veces se opera con sutilidad y transcurre inadvertido para el gran público, tiende a imponer la aplicación irreflexiva de políticas autoritarias y represivas que poco favor le hacen a la prevención efectiva del delito.El paradigma de este equívoco enfoque lo constituyen los tristemente célebres "escuadrones de la muerte" del Brasil que, alentados desde el Estado, tuvieron como blanco las manifestaciones de la pobreza callejera. De modo tal que convertir el problema "pobreza-desocupación" en una amenaza, y a los involucrados en enemigos, resulta una redefinición poco sensata en un subcontinente que, como el latinoamericano, cuenta con un elevadísimo índice de inequidad social y con un gran desequilibrio en la distribución de la riqueza.
Será prudente considerar, además, cuál es la dimensión de la utopía y hacia dónde apuntan las aspiraciones generales en la sociedad del miedo. A poco de ahondar la cuestión se verifica que las aspiraciones se ven reducidas no a la consecución de fines altruistas o de promoción colectiva. Por el contrario, suelen limitarse a evitar la producción de lo peor y son, por lo tanto, sumamente acotadas en sus fines y conservadoras en su alcance (2).
La tarea a llevar a cabo, entonces, consistirá en capitalizar la fuerza política del miedo para operar ante situaciones conflictivas sobre la base del respeto a los derechos humanos, la tolerancia y los principios de orden público y de bien común.
Seguridad: una definición en crisis
Se encuentra muy difundida en nuestro entorno la tendencia a asimilar, sin más, la inseguridad con el crimen. La seguridad puede ser enfocada, no obstante, de modo más amplio, como comprensiva de necesida- des y aspiraciones que encuentran numerosos obstáculos en la vida cotidiana, tales como el desempleo, las enfermedades, la falta de previsión y también, por supuesto, el delito.
Este último constituye una de las manifestaciones que adopta la inseguridad en nuestros días y no, en cambio, su exclusiva causa generadora. Verlo de otro modo, amén de ser un error epistemológico, ha contribuido a generar una inflación punitiva que poco favor le ha hecho a la prevención efectiva del delito.
Como sostienen Bernardo Kliksberg y José Sulbrandt (3), las razones del significativo aumento del delito deben ser abordadas, por su complejidad, desde diversas perspectivas. Resultan así imprescindibles los análisis efectuados desde la economía, el desarrollo social, la cultura, la educación, la ética y los valores.
Especial trascendencia dentro de este esquema tiene el vertiginoso deterioro de las condiciones sociales experimentado durante las últimas décadas. La caída de los pilares sociales del Estado trajo aparejada, para amplios sectores de nuestra población, la imposibilidad de acceder a los servicios básicos de salud, educación y vivienda. Este deterioro se encuentra estrechamente vinculado al aumento de las polarizaciones sociales en la América Latina, a punto tal de ser considerada en la actualidad una de las regiones que mayores desigualdades presenta en el planeta: el 10% más rico de la población percibe 84 veces el ingreso del 10% más pobre.
Como sabemos, las desigualdades notorias generan agudas tensiones sociales y crean un clima de alta conflictividad potencial. Para atacar los factores criminógenos resulta entonces conveniente que las sociedades y los Estados revigoricen el entramado de los servicios sociales básicos y se esfuercen, simultáneamente, por aumentar las oportunidades ocupacionales para los jóvenes, y por crear espacios para los millones que hoy están fuera del mercado de trabajo y del sistema educativo.
Sin embargo, no resulta extraño que en una sociedad como la Argentina, azotada por el aumento vertiginoso de los índices de criminalidad, y en un contexto internacional aún marcado por los atentados del 11 de setiembre de 2001, los enfoques atinentes a la seguridad pública se reduzcan a los efectos más inmediatos y manifiestos de ella.
Los dilemas de la participación ciudadana
Las expectativas sociales que emergen en la actualidad llaman a hacer de la seguridad pública y ciudadana un espacio a protagonizar por los propios vecinos y por las propias entidades del Estado, sea policía, organismos municipales competentes, salud, educación y, en general, por todas las redes de contención que nutren, o deberían hacerlo, la vida vecinal.
La participación ciudadana en materia de seguridad nos remite a un modelo de policía que guarda distancia de aquel tradicionalmente ensayado en nuestros sistemas sociales: fuertemente centralizado; de marcada estructura jerárquica y que mantiene una relativa distancia con los vecinos y con las organizaciones comunales.La policía de "orientación comunitaria o de proximidad", por el contrario, reconoce otros principios de organización y funcionamiento. Tiende a incorporar a los ciudadanos en la producción de seguridad, mediante su participación en diversas iniciativas que permiten prevenir más efectivamente la comisión de delitos. Y lo hace privilegiando estrategias a nivel local, en la unidad geográfica más pequeña correspondiente al barrio, al vecindario y a la municipalidad (4).
En su faz operativa implica una presencia más visible en las calles y un mayor contacto con la población. La unidad policial grande y diseñada "hacia adentro" abre paso a unidades reducidas, estratégicamente ubicadas. El patrullaje motorizado se complementa con otros practicados a pie o en bicicleta, y se acrecienta el contacto con la gente mediante visitas a sectores de la comunidad y reuniones periódicas con representantes de esta.
Esta proximidad ha recogido interesantes logros tras algunos años de experiencia en los Estados Unidos, en Canadá y en ciertas ciudades de nuestro subcontinente sudamericano. Tal es el caso del proyecto "Viva Río", que en Río de Janeiro comenzó a implementarse a comienzos de la presente década; de las actividades dirigidas a las bandas juveniles de Medellín y de los proyectos impulsados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que se ejecutan desde 1998 en varias ciudades de Centroamérica (5).
Pero en ningún caso debe olvidarse que por muy importante que sea la participación vecinal en las estrategias de seguridad ciudadana, estas se enmarcan en una problemática que hace a la estructura general del Estado. En ese sentido resulta conveniente desarrollar un ambiente ideológico pro público, que estimule la capacidad de gestión estatal a través de la construcción de administraciones públicas meritocráticas, bien incentivadas y con capacidad para gerenciar en contextos de incertidumbre y turbulencia.
La entusiasta iniciativa consistente en acercar a los vecinos y a la policía debería ir acompañada por una serie de definiciones fundamentales, a la hora de pensar la seguridad pública. Entre otras, concretamente: ¿qué se entiende por participación de la comunidad en las tareas de vigilancia, y qué fines y objetivos pretende con ella alcanzarse? Pero, sobre todo, debería responder al desafío de no convertir a los vecinos en custodios de un orden circunscripto tan sólo a la protección de la propiedad privada. Es decir, en agentes al servicio de un orden sin proyecto comunitario ni dimensión social. (c) LA GACETA
NOTAS
1) Elena Peralta: "Inseguridad: padres, comerciantes y policías vigilan a los chicos que van al colegio por un circuito fijo de Núñez", Clarín, 8/8/03.
2) Ulrich Beck: La sociedad del riesgo, Paidós, Bs. As., 1998, pág. 55.
3) Bernardo Kliksberg y José Sulbrandt: "América Latina: una región en riesgo. Pobreza, inequidad e institucionalidad social", colección de documentos del Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya.http://www.iigov.org/documentos/
4) Entrevista a Herman Goldstein: "Community policing y organización policial", Revista Pena y Estado, Bs. As. 1998.
5) Laura Chinchilla: "Policía de orientación comunitaria: una adecuada alianza entre policía y comunidad para revertir la inseguridad", www.iadb.org, octubre 1999.
