Sin objetivos públicos, la política solamente busca el poder

Los políticos tucumanos no dejan de sorprender. Un mes antes de que asumieran quienes fueron consagrados en los comicios de junio, el entonces gobernador electo ya pedía medidas a la actual Legislatura y no nimiedades precisamente, sino profundas reformas en el sistema judicial y facilidades para actuar mediante decretos de necesidad y urgencia. Nadie explicaba, con argumentos convincentes, cuál era el objetivo de semejante movida. No quedaba otra que conjeturar que sólo se perseguían mayores cotas de poder. Precisamente, el libro que se comenta, del que deberían tomar apuntes quienes tienen responsabilidades con la comunidad, advierte que "la política sin propuestas de políticas públicas corre el riesgo de concentrarse en la distribución del poder entre los agentes políticos y sociales". Desde 1983, la Argentina sufre un constante retroceso institucional. Durante la década de 1990 se consolidó una suerte de democracia plebiscitaria, donde el mensaje de las urnas es interpretado como un cheque en blanco para actuar. Por ello, los partidos se convirtieron en meras máquinas para ganar elecciones -siempre buscaron eso, pero no sólo eso- y los espacios conseguidos (Poder Ejecutivo o banca legislativa) como terrenos para usar el mayor o menos poder de que se dispone. Este círculo vicioso sólo conduce a un divorcio entre representantes (¿de quién?) y representados, como lo demostraron con bronca los cacerolazos.
Aunque el libro abunda en esquematismos que ya se hicieron clásicos en los manuales de administración de organizaciones (¿acaso sobre estas cuestiones no puede escribirse de forma interesante?), tiene importantes aciertos, según como se ve la realidad por estas tierras. El primero de ello es recordar que la riqueza de una sociedad se mide por la complejidad de su agenda de cuestiones públicas. Y en Tucumán, aunque los problemas sobran, la ausencia de un debate serio sobre la forma de solucionarlos revela la pobreza intelectual, moral y espiritual de esta comunidad.
Desde Martín Lutero se sabe que no basta con buenas intenciones y que estas, por sí solas, en ocasiones pueden producir desastres. Lo mismo ocurre en la política, según el autor, cuando las ideas no se vuelcan a una agenda de discusión, para luego diseñar programas que se traduzcan en hechos concretos. Pero para que ello sea posible deben tejerse grandes concertaciones, no ya para ganar elecciones, sino para gobernar. A su vez, estos grandes consensos deben ser institucionalmente procesados "para no reducir a las instituciones democráticas al papel de instancias de mera ratificación de lo acordado".
Lahera Parada cita como ejemplo Suecia, donde existe una Unidad de Coordinación de la Coalición. También señala que, a diferencia de los habituales dibujos contables, los presupuestos deben ser la instancia de sinceramiento de las metas y de las posibilidades de financiamiento, para lo cual es fundamental establecer oficinas que vayan haciendo el seguimiento de la ejecución. Eso sin contar el caso de Francia, donde funciona una Secretaría General de la Presidencia, con más de 400 técnicos, que actúa como verdadero tribunal de resolución de los conflictos entre los diferentes ministerios.
En definitiva, el autor invita a los políticos que quieran leerlo a debatir y a pensar cualquier reforma, comenzando por la del Estado, porque reformar sin saber para qué es más o tan peligroso que no hacer nada. También aconseja devolverle a la democracia -hoy vista como un engorroso trámite que es mejor saltear a golpe de decretazos- su esencia: la búsqueda del consenso. Y para ello no alcanza con masas dispersas y hambreadas sostenidas con dádivas, sino ciudadanos con "capacidad creciente para entender y opinar sobre temas complejos", principal parámetro para medir la riqueza de una sociedad. (c) LA GACETA