Demagogia y subestimación

Tradicionalmente los mensajes de los políticos durante las campañas electorales tienen cierto margen de discrecionalidad propio de la competencia por los cargos públicos. Sin embargo, sus propuestas no deben exceder la razonabilidad de lo posible, cayendo en la demagogia y en la subestimación del electorado, riesgo que en esta oportunidad es considerablemente más grave por los problemas que afectan al país y las confrontaciones internas de sus mayores partidos. Ambas situaciones contribuyen a su vez a la incertidumbre con que sigue desenvolviéndose el proceso que conduce a las urnas, hasta el punto que el presidente Eduardo Duhalde ha confesado sus dudas sobre el cumplimiento del mismo en el plazo previsto.
Dudas por cierto fundadas en fallos judiciales, donde se cuestionan aspectos inconstitucionales, dando lugar a la suspensión de las internas partidarias abiertas y simultáneas con las que se pretendía asegurar la participación del electorado independiente en la selección de candidaturas.
Los dos mayores partidos, el Justicialista y la Unión Cívica Radical, han resuelto por su parte que sus internas sean también abiertas y se realicen en la fecha originalmente prevista -el 15 de diciembre- pero las mismas transcurrirán de manera muy diferente a la reprobada por la jueza federal electoral María Servini de Cubría. Si de acuerdo con la única reforma política trascendente se había dispuesto que los controles de esos comicios, como los recursos financieros y los plazos de las campañas fueran fiscalizados por la Justicia Electoral, todo ello transcurrirá ahora bajo la vigilancia de los propios partidos, de acuerdo con las pautas constitucionales.
Las sombras que provoca la nueva situación -cuya constitucionalidad no es por cierto discutible- son, sin embargo, muy preocupantes, pues ambas organizaciones partidarias están dando pruebas de confrontaciones internas más severas que las que tienen con otras fuerzas rivales e inclusive entre ellas mismas.
La deserción de figuras notorias del radicalismo para constituir partidos propios o para sumarse al rival tradicional, y la hostilidad y el enfrentamiento que se observa en la interna justicialista, donde las amenazas de secesión son reiteradas, constituyen testimonios cabales de que las organizaciones partidarias con mayores participaciones en la crisis están soportando ahora las consecuencias de esas responsabilidades. Es así que la búsqueda de acuerdos mínimos que aseguren la solidez del futuro gobierno constitucional se torna muy compleja. A la vez que los aspirantes a presidir la República con mejor situación en las magras encuestas apelan a propuestas para seducir al electorado renuente, que desbordan en algunos casos toda racionalidad y prudencia.
Hasta el punto de prometer la caducidad de todo el sistema legal para ponerlo en observación - como si la inseguridad jurídica del país no fuera el más grave y fundado temor-, la exigencia imposible de poner fin a todos los cargos públicos, o la pretensión de repetir la historia reciente como si careciera de relación con el presente. Es muy difícil que un desenlace electoral con tales posicionamientos abra paso a un gobierno con suficiente respaldo para sacar a la Nación con firmeza y seguridad de la crisis.
Quienes hoy debaten por esas aspiraciones están históricamente obligados a llamarse a reflexión, evitando así el peligroso desprecio que se está incubando en el electorado por la propia política, sustancia indispensable del sistema democrático.