BUENOS AIRES.- La decisión del consejo justicialista de incorporar a la junta electoral partidaria dominada por el menemismo dos delegados por cada precandidato presidencial ha descomprimido considerablemente el clima de la interna partidaria. Sin embargo, todavía deberá precisarse si esos cargos tendrán el carácter de veedor o gravitarán en las decisiones del organismo. Ese paso ha dejado hasta el momento sin argumentos suficientes a Adolfo Rodríguez Saá y a Néstor Kirchner para confirmar sus abandonos de la interna, a la vez que ha reducido considerablemente las expectativas sobre una convocatoria del congreso justicialista por el duhaldismo para modificar las decisiones del consejo. Si el panorama preelectoral está fuertemente condicionado por los aconteceres del peronismo, no es menos cierto que este escenario de contemporización observado en la deliberación del consejo nacional puede contribuir a clarificar el proceso que complicó el fallo que anuló las internas abiertas simultáneas. De todas formas, las piezas en el justicialismo se van colocando de tal manera que no dejan de favorecer a Carlos Menem frente a su competidor más peligroso.
Peligrosa utopía
En las oficinas locales de Rodríguez Saá se ha tratado de restar significados catastróficos a las manifestaciones de su hermano Alberto durante la Conferencia de las Américas, en relación con su propuesta de una ley de caducidad legislativa que pondría en tela de juicio la seguridad jurídica. Ese anuncio conmovió a la calificada concurrencia continental y forma parte de la declaración de compromisos formulada por el precandidato puntano. Si tal propuesta se consumase quedarían en estado de incertidumbre durante seis meses algo más de 27.000 leyes, con la consiguiente inseguridad jurídica. Pero la sorprendente iniciativa no había sido recibida en su momento con mayor inquietud, pues es del todo inimaginable que el Congreso vaya a estar dispuesto a sancionarla. Debe recordarse que en ocasiones de restaurarse la vigencia constitucional después de los gobiernos de facto, tan sólo se dejaban sin valimiento determinadas leyes, pero sin poner en revisión todo el sistema, para evitar el tembladeral del sistema jurídico.
El presidente de la Corte Suprema ha vuelto a enfatizar la responsabilidad del Congreso para resolver la "ingeniería" de la devolución de los depósitos, sin dejar de señalar la inconstitucionalidad de la pesificación. La tesis de Julio Nazareno dejó a las claras que hay un amplio margen para que la decisión judicial consiguiente y que todavía deberá aguardar algún tiempo, no implique o imponga la devolución de los depósitos en la moneda original. Molesto por las interpretaciones políticas que generalmente se hacen de las resoluciones de la Corte, Nazareno aceptó una reunión con la prensa, donde se hizo notar que las diferencias internas que afectan ahora al tribunal están lejos de ser superadas y, mucho menos, que haya satisfacción por lo ocurrido en el Congreso. (De nuestra Sucursal)
