27 Octubre 2002 Seguir en 
Es frecuente señalar a diciembre de 2001 como el inicio de la más grave crisis política, económica y social de la historia argentina. Sin embargo, más que el embrión de las presentes dificultades, esa fecha debería ser considerada el punto en el que confluyen todos los vicios, los dramas y los errores de varias generaciones de argentinos.
La caída del gobierno de Fernando de la Rúa no ha sido un hecho completamente novedoso en nuestra historia, sino una revelación más de un viejo estigma: aquel por el cual ningún presidente de signo no justicialista elegido por la ciudadanía ha podido concluir la totalidad de su mandato constitucional desde el nacimiento del peronismo en 1945. Cada crisis de sucesión o de liderazgo en el justicialismo se convirtió en un problema nacional y toda vez que el justicialismo se acercaba u olía el poder, se producía un proceso de ruptura del orden constituido. En algunas ocasiones, por la acción de sectores que pretendieron evitar la vuelta del peronismo al poder; en otras, como a fines de 2001, por la incapacidad de muchos dirigentes del PJ para controlar sus bajos instintos en un contexto de crisis de gobernabilidad.
Atrapados en pequeños juegos de trenzas, orientados a la mera obtención de espacios de poder, nuestros dirigentes políticos han exhibido escasa capacidad para alcanzar consensos básicos acerca de cuestiones sustantivas de la agenda nacional, que se tradujeran en políticas de Estado, al margen de las disputas partidarias. Parecería que, en los últimos tiempos, los referentes políticos contemporáneos sólo han sido capaces de celebrar grandes acuerdos nacionales en virtud de intereses personales o de un partido. Así, el pacto de Olivos, que precedió a la reforma constitucional de 1994, apuntó fundamentalmente a posibilitarle la reelección a Carlos Menem y a procurarle la conservación de determinadas cuotas de poder a un partido que se hallaba en declinación, como la UCR.
Los últimos llamados a la unidad nacional o a una concertación, tales como los lanzados oportunamente por los presidentes De la Rúa o Eduardo Duhalde, han parecido apenas meros intentos por ganar tiempo. En el caso de quien condujo el país hasta diciembre de 2001, surgía con claridad que temía convertirse en una especie de rey que no gobernara, al tiempo que la oposición justicialista no estaba dispuesta a compartir el poder con un hombre en cuya gestión habían sucumbido figuras que en un principio habían gozado de amplio reconocimiento público, como Carlos "Chacho" Alvarez, Graciela Fernández Meijide o Domingo Cavallo.
Durante la presidencia de Duhalde, el llamado oficial al diálogo no encontró el suficiente eco en el propio partido oficialista. Especialmente por la excesiva preocupación de sus precandidatos presidenciales por no compartir costos políticos con una administración desgastada por el peso de la crisis.El sectarismo de la dirigencia política, entonces, obró más de una vez como el obstáculo para la formación de consensos básicos, tan necesarios en un país acosado por la recesión económica más larga de su historia, por un fortísimo endeudamiento y por niveles récord de desempleo y de pobreza.Es probable que, como recuerda el historiador Carlos Floria, el último líder que se preocupó seriamente por mejorar la calidad del sistema político haya sido el presidente Roque Sáenz Peña (1910-1914), quien impulsó el voto universal, secreto y obligatorio, avanzando hacia la democratización de la República conservadora, pese a provenir él mismo de las filas conservadoras y a arribar al poder por vías fraudulentas. Los líderes políticos que lo siguieron se preocuparon, en general, por consolidar sus propios liderazgos o por construir estructuras de poder, antes que por mejorar la calidad del sistema.
Esta tendencia, sumada a la percepción social de que el Estado se asemeja a un aparato burocrático ofrecido en concesión a sectores particulares que sólo procuran su saqueo y que dispensan favores para sostener redes clientelistas, ha ido deslegitimando al poder político y reduciendo la arena política.
La auténtica reforma política que se requiere es aquella que garantice el fin de los nichos parasitarios en el sector público. O, en otros términos, que menos gente viva de arriba.
Claro que todos estos vicios no hubieran sido posibles sin cierta complicidad de al menos una parte de la sociedad. Como lo destaca Natalio Botana en su obra "La República vacilante", "existe en la Argentina la creencia muy arraigada de que quien paga impuestos es un imbécil".Sólo a partir de una reforma en serio, en la cual la ciudadanía comience a percibir que no hay una oligarquía que se apropia de los recursos fiscales y que sí hay un Estado con capacidad para sancionar la ilegalidad, se romperá el círculo vicioso donde buena parte de la sociedad reniega de sus obligaciones argumentando que los funcionarios son ladrones.
(c) LA GACETA
* Editorialista del diario "La Nación", conductor del programa "Cuarto Poder", director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
La caída del gobierno de Fernando de la Rúa no ha sido un hecho completamente novedoso en nuestra historia, sino una revelación más de un viejo estigma: aquel por el cual ningún presidente de signo no justicialista elegido por la ciudadanía ha podido concluir la totalidad de su mandato constitucional desde el nacimiento del peronismo en 1945. Cada crisis de sucesión o de liderazgo en el justicialismo se convirtió en un problema nacional y toda vez que el justicialismo se acercaba u olía el poder, se producía un proceso de ruptura del orden constituido. En algunas ocasiones, por la acción de sectores que pretendieron evitar la vuelta del peronismo al poder; en otras, como a fines de 2001, por la incapacidad de muchos dirigentes del PJ para controlar sus bajos instintos en un contexto de crisis de gobernabilidad.
Atrapados en pequeños juegos de trenzas, orientados a la mera obtención de espacios de poder, nuestros dirigentes políticos han exhibido escasa capacidad para alcanzar consensos básicos acerca de cuestiones sustantivas de la agenda nacional, que se tradujeran en políticas de Estado, al margen de las disputas partidarias. Parecería que, en los últimos tiempos, los referentes políticos contemporáneos sólo han sido capaces de celebrar grandes acuerdos nacionales en virtud de intereses personales o de un partido. Así, el pacto de Olivos, que precedió a la reforma constitucional de 1994, apuntó fundamentalmente a posibilitarle la reelección a Carlos Menem y a procurarle la conservación de determinadas cuotas de poder a un partido que se hallaba en declinación, como la UCR.
Los últimos llamados a la unidad nacional o a una concertación, tales como los lanzados oportunamente por los presidentes De la Rúa o Eduardo Duhalde, han parecido apenas meros intentos por ganar tiempo. En el caso de quien condujo el país hasta diciembre de 2001, surgía con claridad que temía convertirse en una especie de rey que no gobernara, al tiempo que la oposición justicialista no estaba dispuesta a compartir el poder con un hombre en cuya gestión habían sucumbido figuras que en un principio habían gozado de amplio reconocimiento público, como Carlos "Chacho" Alvarez, Graciela Fernández Meijide o Domingo Cavallo.
Durante la presidencia de Duhalde, el llamado oficial al diálogo no encontró el suficiente eco en el propio partido oficialista. Especialmente por la excesiva preocupación de sus precandidatos presidenciales por no compartir costos políticos con una administración desgastada por el peso de la crisis.El sectarismo de la dirigencia política, entonces, obró más de una vez como el obstáculo para la formación de consensos básicos, tan necesarios en un país acosado por la recesión económica más larga de su historia, por un fortísimo endeudamiento y por niveles récord de desempleo y de pobreza.Es probable que, como recuerda el historiador Carlos Floria, el último líder que se preocupó seriamente por mejorar la calidad del sistema político haya sido el presidente Roque Sáenz Peña (1910-1914), quien impulsó el voto universal, secreto y obligatorio, avanzando hacia la democratización de la República conservadora, pese a provenir él mismo de las filas conservadoras y a arribar al poder por vías fraudulentas. Los líderes políticos que lo siguieron se preocuparon, en general, por consolidar sus propios liderazgos o por construir estructuras de poder, antes que por mejorar la calidad del sistema.
Esta tendencia, sumada a la percepción social de que el Estado se asemeja a un aparato burocrático ofrecido en concesión a sectores particulares que sólo procuran su saqueo y que dispensan favores para sostener redes clientelistas, ha ido deslegitimando al poder político y reduciendo la arena política.
La auténtica reforma política que se requiere es aquella que garantice el fin de los nichos parasitarios en el sector público. O, en otros términos, que menos gente viva de arriba.
Claro que todos estos vicios no hubieran sido posibles sin cierta complicidad de al menos una parte de la sociedad. Como lo destaca Natalio Botana en su obra "La República vacilante", "existe en la Argentina la creencia muy arraigada de que quien paga impuestos es un imbécil".Sólo a partir de una reforma en serio, en la cual la ciudadanía comience a percibir que no hay una oligarquía que se apropia de los recursos fiscales y que sí hay un Estado con capacidad para sancionar la ilegalidad, se romperá el círculo vicioso donde buena parte de la sociedad reniega de sus obligaciones argumentando que los funcionarios son ladrones.
(c) LA GACETA
* Editorialista del diario "La Nación", conductor del programa "Cuarto Poder", director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
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