Lo que se espera de la Corte

Tras ocho meses de tensionadas relaciones entre los tres poderes del Estado, generadas fundamentalmente por el bloqueo y la pesificación de los depósitos bancarios, y el frustrado juicio político a la Corte Suprema, esta deberá abocarse ahora a un pronunciamiento sobre el grave problema financiero. Todo indica que ese desenlace no será inmediato, ni mucho menos sencillo, además de estar precedido por un desgastante proceso de desprestigio de los miembros del máximo tribunal de Justicia -seguramente no merecido por igual en todos los casos-, a quienes durante ese prolongado lapso se los observó presionando al Poder Ejecutivo. Desde este último, por cierto, se alentó en su momento la acción parlamentaria, rectificándose después ante el peligro de fallos adversos a su gestión, mientras en la Cámara de Diputados se promovía un juicio institucional caracterizado por sus irregularidades y politización. En consecuencia, la Corte tiene ahora por delante una tarea con el contexto de la desconfianza pública, que no podrá eludir o postergar por mucho tiempo.
Los parámetros fundamentales de esas definiciones son la Constitución y la realidad. Es decir, la salvaguardia del orden jurídico y la imposibilidad de revertir hechos y situaciones consumados, cuya restauración provocaría mayor daño que el que se trata de reparar. La realidad presente respecto de la gran conmoción y del desorden financiero provocados por la pesificación y el bloqueo indefinido del sistema bancario, no es la misma que hace tres meses. En tal sentido, el análisis judicial definitivo que corresponde a la Corte no deberá quedar a la zaga de los comportamientos que han comenzado a producirse espontáneamente entre depositantes y bancos. Especialmente en lo concerniente al plan Canje II, que creó bonos públicos en dólares o notas bancarias en pesos, con un seguro de cambio.
A partir de ahí es razonable que la Justicia exija a la banca, como al Estado, respetar el valor de los depósitos en la moneda de origen, mediante bonos en ese signo monetario que posterguen el reintegro del dinero depositado. La tendencia observada a partir de julio en la operatoria bancaria es de una renaciente comprensión entre las instituciones y sus clientes, permitiendo razonablemente esperar que alternativas como la señalada sean acompañadas por otras entre las partes, que reduzcan los perjuicios causados a los depositantes.
Entre el orden jurídico y la realidad inédita en creciente mutación que vive el país, el desenlace definitivo de la Justicia transcurre por la sabiduría de la jurisprudencia, cuya función debe ser preservar la seguridad jurídica y los intereses generales que constituyen el bien común.
Fuera de ese condicionamiento ineludible deben quedar los posicionamientos ideológicos y oportunistas -como los que promovieron y contaminaron un juicio parlamentario desdoroso para el Congreso-, y todo los que implique violentar el sistema constitucional, cuyas reiteradas agresiones han sido desde hace décadas las causas fundamentales de la crisis.