El presidencialismo

El régimen democrático de gobierno ha sido para América Latina, desde los orígenes de sus nacionalidades, una prueba política difícilmente superable, de tal manera que la gran región sigue configurando al presente un espacio singular, en la medida que, siendo miembro de la comunidad occidental, no lo ha asumido en plenitud. La democracia, como el vino, requiere no sólo la madurez del tiempo sino condiciones de origen preexistentes que, en el caso de ex colonias, están marcadas a fuego por la cultura histórica. El ejemplo más evidente es el de la cultura política anglosajona, donde los derechos individuales anticipan su vigencia a la Revolución Francesa y extienden el modelo sin rupturas a las diferentes sociedades con origen británico. No es ese el fenómeno latinoamericano, por lo que investigar o debatir acerca de si el régimen presidencialista de gobierno es más adecuado o no que el parlamentario en Latinoamérica, difícilmente conduzca a una elucidación del dilema.
El debate en nuestras naciones sobre la suerte de la democracia y su régimen ha tenido tradicionalmente un fuerte sentido político antes que institucional; lo segundo figura como una preocupación secundaria. Es por ello que la prolija investigación reunida por los compiladores no termina de resolver una alternativa aceptable para cada caso, ni la región presenta un panorama consecuente entre sus integrantes, a pesar de los orígenes semejantes de la mayoría de ellos. Desde el punto de vista estadístico, entre las 43 democracias consolidadas en todo el mundo entre 1979 y 1989, los regímenes presidencialistas fueron tan sólo cinco; los semipresidencialistas, dos, y el sistema parlamentario ha sido el modelo elegido en 34 oportunidades. Del presidencialismo, los cuestionamientos acusan su rigidez, menos favorable a la democracia que la flexibilidad de los mecanismos parlamentarios de no confianza y disolución, tal cual acontece en las horas de crisis. Si bien el presidencialismo tiene también mecanismos de juicio político en la gran mayoría de los casos, su funcionamiento hace peligrar al propio sistema, lo que no ocurre con el modelo parlamentario, donde se producen generalmente cursos de acción mediante votos de confianza o por medio de la disolución del Parlamento, para convocar nuevas elecciones.
El ejemplo argentino es, por cierto, muy copioso y demostrativo; vive actualmente otra etapa tanto o más ilustrativa de un largo pasado donde el presidencialismo padeció recurrentemente la debilidad del Poder Ejecutivo, a la vez que muy difícilmente puede imaginarse una relación política eficiente en nuestra pluralidad partidaria, capaz de hacer funcionar un modelo parlamentario. Esa falta de madurez política -reiterada en la mayoría de las sociedades latinoamericanas- es secuela de la crisis institucional de medio siglo, y presenta, a la vista del análisis de esta compilación, un riesgo grave. Es decir, el peligro de que la elección popular directa de los presidentes recaiga en personalidades ajenas a la clase política, con escasa experiencia a la hora de las grandes decisiones.

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