Los ATN bajo sospecha

Es por todos conocida la candente cuestión planteada en torno del destino real que se dio a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) enviados a Tucumán entre 1990 y 1999, es decir durante las presidencias de Carlos Saúl Menem. Estas remesas, que tenían destinos específicos diversos de obras públicas y otros rubros, llegaron a nuestra provincia e ingresaron a sus rentas por un monto total de 102,6 millones de pesos (o dólares, entonces), del cual 31 millones pasaron a las comunas, en diversas cantidades: La Madrid, a causa de las inundaciones, recibió 5,8 millones, y la seguía Gobernador Garmendia, con 2,5 millones.
Como lo hemos venido informando, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación para establecer la inversión que se resolvió para esa importante suma de dinero.
En realidad, si se hubiera cumplido estrictamente con las finalidades teóricas de los referidos ATN, destinándolos a los propósitos a los cuales venían imputados, hubiera bastado una revisión de los archivos contables de cada organismo estatal para obtener los comprobantes del caso y responder así a la indagatoria fiscal. Pero sucede que las referidas constancias no terminan de aparecer, lo que lleva a sospechar que no se hubieran cumplido rigurosamente los destinos de las remesas, y que estas podrían haber sido utilizadas con fines de tipo electoralista en su momento. Las informaciones que publicamos estos días dan cuenta de las dilaciones que rodean las respuestas de los organismos favorecidos, y hasta las cuestiones jurisdiccionales planteadas en torno del asunto.
Ni qué decir que se trata de situaciones muy graves, como lo son todas aquellas donde estén comprometidos fondos del Estado. Toda inversión del dinero público -desde la más pequeña hasta las de monto más elevado- está sometida a una serie de minuciosas especificaciones que fijan las leyes. En la planilla de personal de la administración se pagan muchos millones de pesos en sueldos de los agentes destinados a intervenir en ese rubro, que es importantísimo en toda organización estatal. Con nuestros impuestos costeamos centenares de funcionarios y de empleados cuyo cometido teórico es velar para que el dinero público se gaste con el máximo cuidado y con la máxima transparencia en todos los casos.
Resulta inadmisible, entonces, que a la hora de verificar el destino efectivo de algún gasto, esta operación aparezca obstaculizada por incógnitas, tropiezos y dificultades. Ello resulta inquietante para el ciudadano común, quien advierte alarmado la forma ligera con la que parecería haberse manejado el Tesoro público, cuya masa está formada por el aporte de tributos que todos pagamos. Y el caso llama necesariamente la atención de la Justicia, cuya intervención es inevitable ante la posibilidad de que no se hubieran observado las leyes que pautan el gasto público, incurriendo en una conducta delictiva severamente penada.
Así están las cosas en este momento. El tema planteado por el destino de aquellos ATN de 1990-1999 se ha convertido en algo de mucha significación y de muy extensas implicancias, según lo informan a diario nuestras páginas.Nos parece que resulta urgente llegar a esclarecer totalmente esta particular cuestión, a fin de que no siga perturbándose el por demás enrarecido panorama de conflictos que afronta la administración tucumana. Urge poner en claro el destino de los ATN bajo sospecha, a fin de que quede determinado el comportamiento correcto de quienes obraron dentro de la ley, y el comportamiento delictivo de quienes hicieron lo contrario y que por cierto deben ser responsabilizados como corresponde.
No debe el asunto seguir complicándose, sino llegar a una etapa de conclusiones que satisfagan las exigencias de la ley y la legítima expectativa de la ciudadanía.