El miedo ha tenido innumerables representaciones para el hombre. Ha sido considerado una deidad que merecía adoración, en el caso de los romanos; o ha sido dibujado como una liebre alada huyendo sobre una serpiente, por algunas culturas orientales. Pero en esa diversidad, había una esencia común. Desde el punto de vista de la filosofía, dice el diccionario Espasa Calpe, el objeto del miedo siempre fue el mal. Con menos erudición, el pueblo acuñó un proverbio al respecto: "al que mal vive, el miedo lo persigue".
Hoy, en los poderes políticos tucumanos, el miedo acecha. Y su objeto, coincidentemente con el "mal", puede enunciarse, también, con tres letras: ATN.
La segunda acepción que recibe la palabra miedo es "recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que deseaba". Justamente, el recelo que ha puesto el Gobierno en procurar que la investigación judicial sobre el destino de estos millonarios recursos salga de la jurisdicción provincial y pase a la órbita federal, configura un síntoma cabal del temor. Y por partida doble.
En primer término, a la pregunta de por qué el Gobierno parece preferir la Justicia Federal a la provincial en esta cuestión, cabe una respuesta negativa. Lo que el Poder Ejecutivo no quiere es que sea el fiscal anticorrupción Esteban Jerez el que siga investigando.
Aquí, justamente, asoma la doble faz del pavor oficialista. Los Aportes del Tesoro Nacional que llegaron a Tucumán son un fantasma atormentado por la falta de un cuerpo material. Está comprobado que el dinero se envió, pero no hay razón humana que pueda encontrar ni justificar un destino real y lícito para los $ 102,6 millones que la Nación giró entre 1990 y 1999. Y a Jerez, para peor de males, no sólo le importa la llegada de la plata, sino también la partida.
"Hay que investigar desde la tramitación del ATN", le dijo a la prensa. Y heladas gotas de sudor surcaron varias espaldas. El gobernador Julio Miranda, entre gestiones individuales y compartidas, consiguió $ 6,6 millones para Tucumán. Su socia política, Olijela Rivas, casi lo duplica, con más de $ 12 millones en su haber. Y el diputado Alberto Herrera suma trámites por otros $ 6,5 millones. En la Legislatura, para el club de ex intendentes y ex delegados comunales, la situación no es menos pavorosa.
"De los $ 150.000 para comisiones y clubes, se acreditaron sólo $ 20.000 y $ 10.000. Sobre el resto, existe alguna relación con un plazo fijo de una pariente de la imputada. (...) Al grupo que debía recibir $ 3.000 le dieron $ 500. (...) Una comisión barrial a la que le correspondían $ 10.000, le entregaron $ 3.000 y otra a la que tocaban $ 20.000, recibió sólo $ 2.000". La descripción consta en la sentencia contra Norma Miralles, ex diputada nacional por Neuquén. La Cámara Primera en lo Criminal de esa provincia le dictó 4 años de prisión por fraude a la administración pública, por malversar un ATN de $ 208.000.
El aterrador parecido con Tucumán no es pura coincidencia. Aquí, la única lógica que tuvo el flujo de llegada de los ATN estuvo dada por los calendarios electorales. Por ello, la presunción de que buena parte de esos recursos fue a financiar campañas es una sospecha firme de la Fiscalía Anticorrupción.
"Los recursos aportados por la Nación habrían ingresado a las rentas de la provincia (...) De allí que, de acreditarse la comisión del delito, se habría damnificado el patrimonio de la provincia de Tucumán". El dictamen es de la Procuración de la Nación, que luego fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así se frustraba el deseo mirandista de que la Justicia Federal entendiera en la causa del Posoco.
Si la analogía no basta para advertir que los ATN deben investigarse por la Justicia tucumana, hay más antecedentes. Y no sólo el devastador aconsejamiento del fiscal federal Carlos Brito (luego ratificado por el juez federal Felipe Terán), para quien fue "inadmisible" el planteo del fiscal de Estado, Benito Garzón.
En un litigio desatado en Entre Ríos, la Corte nacional sostuvo que como "los ATN fueron transferidos a la Tesorería de la Provincia, esos fondos, una vez recibidos, se incorporaron al patrimonio provincial, razón por la cual su presunta afectación o uso indebido sólo habría perjudicado a las rentas provinciales".
Tras la claridad de los precedentes jurídicos, sólo queda una única confusión. Y es la de por qué siendo la Fiscalía de Estado un órgano que debe defender los intereses de la Provincia, y no los de los funcionarios, en lugar de acodarse con la Fiscalía Anticorrupción en esta investigación, sólo le pone palos en la rueda.
