Delitos e impunidad en radio y TV

Pronto hará un año que la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que sanciona las transmisiones de radio y de televisión clandestinas, es decir, las que se producen al margen del sistema normativo y reglamentario que regula ambas actividades en todo el país. Sin embargo, desde entonces ese despacho permanece sin tratamiento en el Senado, sumándose así a la serie de asuntos que, a pesar de su trascendencia, no logra una consideración parlamentaria adecuada. Las diversas entidades que agrupan a dicho sector de actividad, así como la Asociación Internacional de Radiodifusión y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, han solicitado por todo ello la pronta sanción de ese instrumento legal para hacer frente a los graves problemas provocados por tal vacío legislativo.
Las irregularidades que se registran en el sector de los medios electrónicos de nuestro país figuran entre las más ostensibles y descaradas que afectan a actividades muy diferentes. En los últimos tiempos, a consecuencia de la crisis, esas situaciones se han agravado por las fallas de las autoridades de aplicación e inclusive por carencias de estas, así como de regímenes regulatorios que las ordenen en beneficio, no ya de los intereses generales, sino de los propios de cada sector. El caso de la radiodifusión y la televisión es uno de los más ostensibles por la relación directa y permanente de sus medios con las comunidades receptoras de sus mensajes audiovisuales.
Basta consignar que en la región metropolitana bonaerense es muy raro el espacio urbano donde no actúen emisoras de radio, especialmente de frecuencia modulada, que transmiten impunemente, inclusive con programaciones estables, interfiriendo en la mayoría de los casos transmisiones de licenciatarias registradas. En lo que concierne a la TV, algo parecido puede advertirse cuando en muchos canales, al término de programaciones habituales, aparecen los operadores clandestinos del "curanderismo, la práctica ilegal de la medicina, la bailanta y otras expresiones marginales", como resumió en esa oportunidad el presidente de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA).
La ley cuya aprobación está todavía pendiente de las preocupaciones del Senado debe proteger un activo social muy significativo, así como inversiones genuinas que financian trabajo, aportan cuantiosos recursos al Estado y aseguran el derecho a la información plural de millones de ciudadanos distribuidos por todo el país. La desigualdad irritante que esa falta de sanción establece entre radiodifusores y licenciatarios que pagan aportes, gravámenes y otras contribuciones, y quienes a la vista y paciencia de una sociedad expectante son beneficiados por la indiferencia, ineficacia y virtual connivencia del Estado, es otro capítulo negro de nuestra vida pública que debe terminar.
Pero no sólo ese daño delictivo a intereses legítimos provocado por operadores marginales del sector espera una respuesta legal imprescindible, sino la propia imagen del país desprestigiada por esos explotadores de la ilegalidad que también la Asociación Internacional de Radiodifusión denunció recientemente en su reunión de Río de Janeiro.